Deliveroo se plantea salir de España, donde los repartidores pronto serán asalariados

El grupo británico Deliveroo anunció este viernes que se plantea "poner fin a las operaciones en España", donde a partir del 12 de agosto la ley impondrá a estas empresas de reparto a domicilio contratar como asalariados a sus repartidores.

Deliveroo comunica hoy su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el cese de sus operaciones en España", informó la compañía en una nota.

La nueva legislación "no es el motivo por el que Deliveroo toma esta decisión", que se basa en un motivo "puramente económico", declaró un portavoz de la empresa a AFP, quien aseguró que la compañía tenía "capacidad financiera para asumir" la contratación como asalariados de sus repartidores.

Para Deliveroo, sin embargo, "la ley Rider no se adapta a las condiciones del mercado ni a las condiciones del trabajo", reiteró.

La empresa afirma en su comunicado que el mercado español tiene poco peso en su actividad, ya que "representa menos del 2%" del valor bruto de transacciones en el primer semestre de 2021.

"Alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa", explica len a nota.

"La propuesta de poner fin a las operaciones en España refleja la intención de la empresa de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera", añadió la empresa, que prevé que el proceso de consulta con los repartidores se extienda durante un mes a partir de septiembre.

El gobierno español aprobó a mitad de mayo la reforma del código laboral para otorgar automáticamente el estatuto de asalariado a los repartidores a domicilio usados por aplicaciones como UberEats o Deliveroo, considerados hasta ahora como trabajadores independientes.

Las empresas deberán pagar a partir de ahora las cotizaciones sociales para que sus repartidores puedan beneficiarse de una protección social.

El gobierno dio tres meses de plazo a las compañías para adecuar sus estructuras a la reforma, plazo que expira el 12 de agosto.