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Ecuador invirtió 6.4mdd en cabildeo contra Chevron

El gobierno de Ecuador invirtió 6.4 millones de dólares en cabildeo en contra de la petrolera Chevron Corp condenada a pagar por la justicia ecuatoriana 9,500 millones de dólares por daños ambientales.

Ecuador ha invertido 6.4 millones de dólares en su cabildeo en Estados Unidos contra la petrolera Chevron, condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9,500 millones de dólares por daños ambientales, dijo el sábado el presidente Rafael Correa.

Correa defendió la inversión después de las revelaciones hechas por la prensa ecuatoriana, que asegura que la campaña no sólo busca enfrentar a la petrolera sino promocionar la imagen del presidente.

Según la publicación digital Plan V, considerada de oposición por el mandatario, el Gobierno pagó a una empresa de cabildeo de origen ecuatoriano 6.4 millones de dólares entre mayo del 2013 y abril del 2014.

Correa afirmó que el Gobierno debió contratar a empresas de relaciones públicas para enfrentar lo que considera "una campaña criminal" de desprestigio de la multinacional.

"Esas empresas han tenido que ser contratadas para defender al país ante esta arremetida criminal de Chevron, que tiene empresa de relaciones públicas, centenas de abogados, periódicos, radios, políticos", afirmó Correa en su programa semanal de radio y televisión.

El mandatario agregó que hasta hace un año la empresa petrolera pagó cerca de 400 millones de dólares "para destruir a la patria" y que su gobierno no podía quedarse con "los brazos cruzados".

Chevron y el gobierno de Correa libran una dura batalla legal y mediática tras la demanda presentada hace dos décadas por comunidades indígenas en torno al fallo de la justicia ecuatoriana que condenó a Texaco, filial de la multinacional que operó en la selva ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Chevron, que acusa a Correa de intervenir indebidamente en el pleito con los indígenas amazónicos, fue considerada responsable por los daños ambientales que generó la explotación petrolera de Texaco.

La petrolera rechaza por "ilegítima y corrupta" la sentencia e intenta que el Estado ecuatoriano asuma el pago de la indemnización mediante un arbitraje en La Haya.

La empresa sostiene que realizó una adecuado trabajo de reparación ambiental y atribuye los daños a la estatal Petroecuador, con la que su filial operó en consorcio.

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