Con todo y megaobras, construcción se contrajo 4.5% con AMLO

El primer piso de la infraestructura de la 4T no se cimentó con las manos de la constructoras privadas y organizadas. Los empresarios vivieron un sexenio complicado debido a una inversión pública insuficiente y a la desconfianza del gobierno federal. 

De acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), que calcula el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador la actividad del sector de la construcción fue 4.5% inferior respecto del nivel del sexenio previo.

El dato surge al comparar el promedio de las lecturas mensuales del índice de actividad del sector de la construcción de los 70 meses que duró el sexenio de López Obrador (diciembre del 2018 a septiembre del 2024), respecto de la media mensual en el lapso comparable del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este descenso contrastó con los incrementos sexenales del 5.4%, el 20% y el 8.1% de los gobiernos federales del citado Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Vicente Fox Quezada (2000-2006), respectivamente.

En el sexenio lopezobradorista la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 fue el principal factor que impactó en el desarrollo integral de la construcción, si bien sus mega obras estratégicas no detuvieron el paso, entre ellas: la refinería Olmeca (Dos Bocas), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Sin embargo, a decir de constructores consultados, la ejecución de estos proyectos no reflejó beneficios directo al sector privado más allá de un puñado de firmas, entre ellas Mota Engil, ICA, Grupo Indi y Operadora CICSA.

El primer golpe a la industria de la construcción se presentó en octubre del 2018, mes en que el entonces presidente electo López Obrador hizo oficial la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Sus argumentos fueron los sobrecostos del proyecto, sus retrasos y su impacto ecológico, dada su ubicación.

Algunas de las constructoras que participaban en ese momento en la nueva terminal lograron seguir adelante, como ICA. Otras de gran tamaño y reconocimiento como GIA +A, La Peninsular Compañía Constructora o Prodemex prácticamente dejaron de trabajar en el desarrollo de obra pública (cada vez más escasa) y se enfocaron a la obra privada (edificación y parques industriales principalmente).

Al paso de los meses del nuevo gobierno, en diversas ocasiones el primer mandatario repitió que “las constructoras se habían corrompido”, que “tenían más abogados que ingenieros” que “se quedaban con los anticipos” y que “eran incumplidas”.

Así, se generó una imagen negativa que consolidó al no aceptar reunirse con los presidentes en turno de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes buscaban cambiar la percepción sobre sus afiliados y poner su experiencia y conocimiento al servicio de las obras que se planeaban, apelando a procesos con total transparencia.

En respuesta, el representante del Ejecutivo dio instrucciones para que ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional asumieran un rol protagónico, coordinando la construcción de hospitales, aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, un acueducto e incluso tramos del Tren Maya.

Luego, en el 2020, llegó la pandemia y la situación empeoró, a pesar de que la construcción se consideró actividad esencial ese año y se pudo trabajar atendiendo protocolos sanitarios.

Menos constructoras

“Durante el sexenio anterior el sector enfrentó varios desafíos. En el periodo inicial 2019-2020 se experimentó una contracción importante que se agravó por la crisis sanitaria, lo que impidió el desarrollo de numerosos proyectos y una caída del 17-18% en el 2020. Al año siguiente comenzó una recuperación gradual por el inicio de construcción de grandes infraestructuras (entre ellas la refinería de Dos Bocas). En esos años también impactó el incremento de precio de los materiales”, recordó el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled.

De acuerdo con sus estimaciones, en el país existen poco más de 20,000 constructoras de todos los tamaños, de las cuales en el 2018 estaban afiliadas a la cámara unas 10,500 y al cierre del presente año serán cerca de 9,000.

El empresario destacó que dicha reducción no necesariamente implica que hayan tenido que cerrar por falta de trabajo. “Son los datos que tenemos de afiliación a la institución. No es que dejen de existir, por lo regular es una industria muy resiliente donde hay empresas que cierran y otras que arrancan”.

Sobre el destino de algunas constructoras, el representante de una firma que pidió no ser mencionado comentó que, como ha ocurrido desde hace varios años, hay miles de pymes subcontratadas por las grandes empresas que logran los contratos, pero cada vez más en condiciones menos favorables en las que, incluso, les dejan de pagar algunos periodos por los trabajos ya realizados, lo cual aceptan porque no tienen más opciones.

En otros casos, dice que se van a la informalidad cobrando a destajo y con condiciones precarias para sus colaboradores.

Dichas circunstancias impiden la modernización de los equipos, lo cual impacta en el corto plazo la competitividad de una industria que, a la par, no ha logrado combatir los robos de maquinaria de grandes dimensiones como retro excavadoras o grúas -que luego son ubicadas operando en construcciones dentro o fuera del país-, ni las extorsiones del crimen organizado en algunas zonas del país.

“Las empresas constructoras formales necesitan ayuda. Las autoridades deben evitar las malas prácticas aplicando las leyes correspondientes, porque no podemos seguir pensando que puede haber bienestar para los mexicanos sin que sean tomadas en cuenta por todos los empleos y pagos de impuestos que hacen”, agregó el ejecutivo.

Pese a dicho entorno, el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, tiene optimismo de que las cosas van a mejorar con el gobierno entrante debido a la apuesta por el nearshoring y en el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.

- El sexenio anterior inició con una mala imagen de los constructores. ¿Qué pasará en este?

- Creo que esa imagen va a empezar a cambiar. Estamos construyendo otra narrativa. La presidenta Claudia Sheinbaum observa con buenos ojos el tema de la inversión privada y estamos listos para apoyar, haciendo planteamientos y propuestas para dignificar la profesión empresarial a la que nos dedicamos. Ya trabajamos de cerca con varias dependencias.

Democratizar la infraestructura

El socio de GEA Infraestructura, Adolfo Zagal, consideró relevante que, pese a la adversidad de los seis años anteriores y la baja inversión en obra pública más allá de las obras icónicas del sexenio, se desarrolló infraestructura estratégica para el país (trenes, aeropuertos y la refinería, principalmente), se generaron empleos y se impactó a la cadena de proveeduría involucrada.

Sin embargo, se rompió la tendencia que existía de participación de constructoras privadas y eso generó inconformidades y manifestaciones públicas en desacuerdo con la participación de ingenieros militares.

“Considero que la nueva administración federal debe democratizar la inversión pública y no apostar a unas cuantas canicas (las obras prioritarias). Sabemos que volverá a haber énfasis en desarrollo de trenes de pasajeros, bien, pero igual hay que voltear a ver obras de telecomunicaciones, vivienda, educación, energía, salud o transporte (principalmente carreteras) porque en algunos casos se están rezagando y eso no beneficia al país”, explicó.

El experto destacó la relevancia de que no pase más tiempo para que las autoridades, de la mano del sector privado (apoyados por la Ley de Asociaciones Público-Privadas o inversiones mixtas bajo estrictos controles de supervisión), comiencen a buscar soluciones en temas relacionados con el agua en todo el país, en el contexto de que en los últimos años se han vivido severas inundaciones y preocupantes sequías.

Desde su perspectiva, es momento de apostar con mayor dinamismo a temas de mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes para evitar costos futuros que pueden ser muy elevados. “Las obras nuevas venden bien políticamente, pero no hay que quedarse nada más ahí”, refirió Zagal.

Por lo pronto, el cierre del sexenio pasado, el llamado primer piso de la 4T, también dejó ejemplos de nuevas oportunidades para la participación privada.

Es la experiencia de constructoras como la de origen portugués Mota Engil, que (directamente o en sociedad con su filial mexicana) recientemente ingresó al sector aeroportuario con una inversión en la terminal de Nayarit, ganó licitaciones para desarrollar polos de desarrollo en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y para terminar el trolebús elevado Chalco-Santa Martha.

También firmó un contrato con Pemex para construir una planta de fertilizantes y ha manifestado su interés de construir líneas del Metro en el Estado de México.

En el documental que elaboró el gobierno sobre la construcción del Tren Maya, Joao Pedro Parreira, director general de Mota Engil para América Latina, dice que la obra en la que participa es un eje de justicia: Van a usar el ejemplo del Tren Maya como principio de un cambio de todo el sistema ferroviario en América Latina, donde no se tiene esto.

Seguramente la empresa quiere estar ahí.