El incierto futuro del Plan B

A un día del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Plan B de la reforma electoral –como se conoce al paquete de reformas y adiciones a diversas leyes en la materia– encabeza la fila de iniciativas que se someterán a votación en el Senado. Para entrar en vigor, sólo falta la aprobación de una mayoría en la Cámara Alta y su publicación en el Diario Oficial. Morena, con la complicidad del PT y Partido Verde, tiene los votos, y el presidente la voluntad de hacer una demostración de su poder.

Sin embargo, una vez concluida la batalla en el Congreso, iniciará otra en el Poder Judicial, donde los resultados son más inciertos. El Plan B de la reforma electoral está plagado de inconstitucionalidades. Se compone de un conjunto de cambios legislativos que desafían la Constitución, al ir en contra de precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los dos órganos encargados de revisar la constitucionalidad de las leyes en materia electoral.

Muchos de los cambios legislativos que forman parte del Plan B serán materia de litigio constitucional. Por ello, los escenarios que se pueden presentar de cara al proceso electoral de 2023-2024 son muy diversos. El Plan B podría ser sujeto a una revisión asunto por asunto y sufrir múltiples amputaciones en el proceso. Asimismo, podría ser suspendido e invalidado en su totalidad por la Suprema Corte. Veamos la ruta que llevaría a este último escenario.

Quedó abierta por la forma en que se aprobó en la Cámara de Diputados. La iniciativa provino del Poder Ejecutivo. El presidente López Obrador la presentó en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, pero en contravención a las reglas de decoro político. Desde el fin de la hegemonía del PRI, las reformas electorales se confeccionaban en el Congreso, a partir del consenso entre las principales fuerzas políticas. La intervención presidencial se consideraba inapropiada.

López Obrador no sólo firmó la iniciativa –preparada en la Secretaría de Gobernación, como en los viejos tiempos del PRI hegemónico–, sino también la envió a la Cámara de Diputados con una consigna: apruébese de inmediato. En un ejercicio de lealtad ciega, Morena y sus aliados la aprobaron en fast track. Se votó en el Pleno el mismo día en que se presentó.

Para conseguirlo, la mayoría oficialista tuvo que recurrir a una excepción prevista en la Ley del Congreso, que le permite la dispensa del trámite parlamentario a iniciativas de consideradas de “urgente y obvia resolución”. En circunstancias extraordinarias, se puede omitir el procedimiento legislativo normal, que implica turnar las iniciativas a una o más comisiones para su estudio y dictaminación. De hecho, en el trámite ordinario lo que se envía al Pleno, no es la iniciativa como se presentó, sino la versión revisada en comisiones.

En casos de dispensa indebida de trámites que se han presentado tanto en el ámbito local como federal, la Suprema Corte ha determinado que el poder de la mayoría legislativos no es absoluto. De otra manera se violarían los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al suprimir a conveniencia la deliberación parlamentaria y la debida intervención de las minorías en el proceso legislativo.

Para que la dispensa de trámites esté fundada y motivada, la Suprema Corte estableció que tienen que cumplirse tres condiciones: 1) la existencia de hechos que generen una condición de urgencia, 2) que la dispensa de trámites atienda dichos hechos, y 3) que la afectación a los principios y valores democráticos sea la mínima posible.

En el caso del Plan B de la reforma electoral, no queda claro qué hechos generaban una condición de urgencia para su aprobación. Si existieron, los senadores los desconocían, porque en la Cámara Alta la iniciativa siguió el trámite ordinario. En cambio, en la Cámara de Diputados, la oposición dejó constancia que no tuvo el tiempo para leer la iniciativa ni la oportunidad real de participar en la deliberación. Al conculcarle estos derechos, la mayoría oficialista abrió la puerta para una eventual revocación del Plan B en su totalidad.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif