En EU, la SB64 representa la lucha entre los poderes de los 50 Estados y los de la federación

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ley texana denominada SB64 (Senate Bill 64) que fue aprobada a principios de 2017 por el Congreso de Texas (TX) y promulgada por el gobernador de ese estado, Greg Abbott, en diciembre de 2023, es “deshumanizada, anticristiana, violatoria del derecho internacional e incluso de la Biblia” y, además, contraria al derecho internacional y a las garantías individuales. Aseguró que su gobierno no aceptará deportaciones del gobierno de TX ni se quedará de brazos cruzados. Como es su costumbre, no sustanció lo que dijo y ninguno de los periodistas paleros que estaban con él en la mañanera de ayer le pidió que probara lo que afirmó o explicara cómo va a impedir esas deportaciones.

La SB64, que autoriza la detención y deportación de migrantes sospechosos de ingreso ilegal a TX, se ha convertido en el epicentro de un debate dentro de Estados Unidos que cuestiona el equilibrio entre soberanía estatal y autoridad federal.

La ley refleja la determinación de TX por afirmar su autonomía en la gestión migratoria, desafiando directamente las directrices federales y generando una controversia jurídica que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos (SCUS). La decisión provisional del 19 de marzo de 2024 de la SCUS, que permite la aplicación de la ley, no solo subraya la tensión entre los niveles de gobierno sino que también pone de manifiesto la complejidad del federalismo estadounidense y la delicada interpretación constitucional que conlleva.

El mismo día 19, la rápida intervención del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, que pausó la ley después del aval de la Corte Suprema, ilustra la volatilidad del asunto y la división en la percepción de los derechos civiles frente a la seguridad estatal.

Los críticos de la SB64 aseguran que su aplicación afectará el tejido social de Texas, erosionará la confianza en las fuerzas del orden, exacerbará el temor entre las comunidades migrantes, aumentará el riesgo de perfilamiento racial y detenciones arbitrarias.

El litigio en curso, especialmente el caso Estados Unidos v. Texas, realza el debate sobre las cláusulas constitucionales y la prerrogativa estatal. Este tira y afloja legal no es solo una cuestión de política migratoria, sino un reflejo de un dilema más profundo sobre cómo Estados Unidos balancea los poderes del gobierno federal con los de los 50 estados soberanos.

La historia de la SB4, marcada por decisiones judiciales fluctuantes y debates públicos apasionados, encapsula la lucha por definir la soberanía en un mundo globalizado. Texas, con su ley, no solo retó al gobierno federal, sino que también inició un debate sobre la dirección de la política migratoria y los derechos de los estados para regular la entrada de migrantes a sus territorios.

La SB4 no es solo una ley texana; es un campo de batalla donde se juegan las tensiones del federalismo, los límites del poder estatal y el destino de la convivencia democrática en Estados Unidos, algo que aparentemente escapa a la atención de AMLO y sus asesores en asuntos de política exterior. Este episodio refleja las inquietudes y desafíos de nuestra era, mostrando el arduo camino que aún habrá que recorrer en la búsqueda de un equilibrio justo entre seguridad y libertad, tanto en Estados Unidos como en nuestro país.

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