Feminicidios: la nueva pandemia

Tabasco, el antes Edén de México, hoy enfrenta una pandemia de feminicidios. En el primer trimestre se han registrado en el estado seis asesinatos de mujeres, tan sólo el jueves pasado una joven mamá fue degollada por su esposo y Zenaida fue baleada por su supuesta pareja sentimental. Otro caso que conmocionó a la ciudadanía fue el cobarde asesinato de Alma, quien se encontraba embarazada y que fue asesinada frente a sus hijos por su esposo. Alma, era una funcionaria pública dedicada a la defensa de las mujeres violentadas en el Instituto de las Mujeres de Emiliano Zapata, pero esto no fue suficiente.

Como tabasqueña levanté la voz desde tribuna y me sumé al llamado de diversos organismos de la sociedad civil, porque tal como lo pronunció el colectivo de mujeres del cual orgullosamente formo parte “50 + 1” Tabasco está viviendo una pandemia de feminicidios. Sin embargo, sé que estos llamados parecen gritos en el desierto, porque el enemigo está dentro y fuera de la casa, porque somos agredidas lo mismo en el trabajo que en los hogares, porque somos violentadas por extraños y por personas muy cercanas.

En México, entre 2015 y 2022 cada año hubo casi 4,000 casos de feminicidios. Pero el Instituto Nacional de las Mujeres está en estado de inanición sin prácticamente recursos para operar, tampoco los estatales y mucho menos los municipales; no existen protocolos para la emisión, seguimiento y supervisión de las órdenes de protección hacia las mujeres violentadas; la red de refugios para mujeres víctimas es insuficiente; y lo más terrible, las fiscalías buscan maquillar cifras y los asesinatos de mujeres realizados por el simple hecho de ser mujeres, no los están catalogando como “feminicidios”.

Existen diferentes tipos de violencia contra las mujeres y niñas: económica, psicológica, emocional, física, sexual y ¿qué tienen en común? Que de no hacerse nada, todas pueden acabar en un feminicidio. Por eso es sumamente importante la implementación de acciones que ayuden a erradicarlas y que ningún violentador esté en lugares privilegiados.

Por eso celebro, que la Cámara de Diputados haya aprobado con 455 votos a favor, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que propone suspender el derecho a ocupar un cargo público a las personas con sanciones por violencia familiar, delitos sexuales y deudores alimentarios. Sin colores ni fobias de partido, casi los 500 legisladores se convencieron de que ningún agresor debe ejercer un cargo público que además es pagado con nuestros impuestos. Todo mi reconocimiento para el trabajo consensuado de las fuerzas políticas porque mientras en la máxima tribuna nacional se ponen de acuerdo para ayudar a las mujeres, en el sureste pareciera que nuestros temas son una piedra en el zapato de quienes nos gobiernan.

De nada servirá el esfuerzo federal si en el nivel local se hace muy poco, los Congresos de los Estados no homologan sus leyes, y los Gobiernos callan o minimizan. Si gobierno y legisladores hiciéramos lo que corresponde, este país fuera otro para sus mujeres.  Hagámoslo en memoria de las víctimas, pero sobre todo para que se cumpla esa justa demanda de todas las mujeres de México:

¡Ni una más!

@PerezSoraya