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Nuestra Constitución
En los primeros meses del año 2006, durante la campaña política para la Presidencia de la República, una de las promesas del entonces candidato Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, fue garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, pues sabía que, en parte, el origen del rezago político, social y económico de los mexicanos radicaba en nuestra nula vocación de respeto a la ley.
El expresidente, a pesar de sus esfuerzos, no pudo cumplir su compromiso; la razón es simple: para que el Estado de Derecho sea una realidad en México, el dirigente supremo de este país debe tener un compromiso absoluto con la legalidad y, después, ejercer un liderazgo razonado, conciliador e incluyente, que facilite la celebración de un pacto cupular, medible y exigible, en el que se involucren a todos los que ejercen poder público, como es el caso de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación; los gobernadores, sus fiscales y corporaciones policiacas; los integrantes de los tribunales de justicia locales; los órganos de fiscalización; las contralorías y los presidentes municipales. En fin, todos aquellos servidores públicos cuyo deber es hacer que se cumpla la ley, pero para este fin, también es primordial que dicho pacto imponga moralidad a las autoridades, requisito indispensable para que los ciudadanos se vean motivados a respetar las leyes.
Mientras permitamos que en México prevalezca la ilegalidad, crecerá la anarquía, el caos, la violencia y la corrupción. Fenómenos que ya nos distinguen ante la comunidad internacional.
Debe preocuparnos que la semana pasada, durante su discurso del Estado de la Unión, en el Capitolio, el presidente Donald Trump (con todo su despreciable cinismo), se refirió a nuestro país como: “El Estado sin ley de nuestra frontera sur”. Si bien las palabras debemos tomarlas de quien vienen, también es de reconocerse que no tenemos argumento de defensa ante tal señalamiento. ¿Hasta cuándo decidiremos los mexicanos abolir la ilegalidad?
El primero de diciembre del año pasado inició un nuevo gobierno, para muchos, una etapa de esperanza. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que nadie iba a estar por encima de la ley. Después, llegó en cascada la decepción. Primero fue la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco realizada sin apego a las disposiciones constitucionales. Luego, siendo aún presidente electo y, bajo las mismas circunstancias, ordenó una nueva consulta sobre su proyecto del Tren Maya y otras acciones de gobierno. Más tarde, la Ley de Remuneraciones impulsada por el primer mandatario desató un encontronazo inédito entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Una discusión innecesaria sobre la irretroactividad de la ley vulneró la división de poderes. Recientemente, el señor presidente confesó públicamente haber influido sobre una resolución de la SCJN y, finalmente, decidió desatender sus deberes constitucionales al consentir que la CNTE realizara un bloqueo a las vías del tren, en Michoacán.
Con todos estos antecedentes y ante una evidente crisis de inconstitucionalidad, el 5 de febrero, el presidente López Obrador, durante la ceremonia conmemorativa de la Constitución, sostuvo que no debería descartarse la idea de abrogar la Carta Magna de 1917 y promulgar una nueva. Alarmante.
Antes de hacer estas propuestas, el primer mandatario debe ocuparse de que todos los mexicanos, ciudadanos y autoridades, cumplamos y hagamos cumplir las leyes. Empezando por él, desde luego.
No olvidemos que nuestra Constitución es producto de una de las más importantes revoluciones sociales del siglo pasado. Se pagó con la sangre de muchos héroes. ¿Que méritos supone tener el nuevo gobierno al pretender imponerse en la historia?
