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El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados el Informe completo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, que representa la tercera entrega del reporte de fiscalización del año 2022.
Gracias a este imprescindible ejercicio de rendición de cuentas, ahora las y los mexicanos sabemos que existen posibles daños a la Hacienda Pública por 32 mil 894 millones de pesos. Si bien se han recuperado ya 3 mil 128 millones, faltan por aclararse 29 mil 765 millones de pesos, mismos que, en su mayoría, dependen de los ejercicios de los estados y municipios.
El informe es público y los hallazgos deberán ser solventados por las autoridades correspondientes en un plazo de 30 días después de su notificación. Se detectaron posibles daños al erario por: 785 millones de pesos en las obras del Tren Maya; 283.1 millones de pesos en pagos irregulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); 256.3 millones de pesos en contratos del Sistema de Prevención y Readaptación Social; 13.7 millones de pesos en operación y obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros asuntos.
La labor de la ASF permite que la ciudadanía conozca cómo se están ejerciendo los recursos en sus municipios, los cuales se relacionan con servicios públicos básicos como salud o educación. De hecho, la Auditoría incrementará las auditorías del gasto federalizado de mil 762 de la Cuenta Pública 2022 a mil 853 del 2023; con ello, en 16 entidades federativas se auditará la totalidad de los municipios.
Cabe mencionar que la ASF también audita a órganos autónomos, entre estos, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Específicamente, se realizó una auditoría de desempeño y otra de cumplimiento forense vinculada a la gestión financiera del Inai en el año 2022.
Ahora, la Auditoría nos recomienda, entre otras cuestiones, fortalecer los mecanismos de control y supervisión para vigilar que las y los trabajadores del INAI no tengan parentescos por consanguinidad o vínculo de matrimonio o concubinato.
Como lo he escrito en distintos espacios, es labor de todas las instituciones del Estado trabajar para combatir las irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. Las recomendaciones de Transparencia Mexicana son muy claras al respecto, y la percepción de la corrupción seguirá estancada si no se modifica el rumbo (desde el año 2020 México ocupa la misma puntuación, con 31 puntos de 100 posibles).
Necesitamos fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual es la suma de instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en México. El INAI tiene una silla en este Sistema y colaboramos activamente.
Asimismo, es preciso que se den sentencias firmes (ante casos emblemáticos de corrupción) y que haya una verdadera reparación del daño. De igual manera, es preciso garantizar la protección de las personas que investigan casos de corrupción (periodistas, activistas, etc.), lo cual implica fortalecer la independencia de las fiscalías. Lo observado (miles de millones de pesos) pudieron utilizarse en salud, educación y seguridad de nuestro país, por poner algunos ejemplos.
