Venezuela orweliana

Venezuela se acerca a convertirse en una pesadilla orweliana. El gobierno de Maduro pretende hacer aprobar una ley para, supuestamente, combatir “al fascismo, neofascismo y expresiones similares”, con la cual se intensificaría la persecución a la disidencia. Pero ¿cuál fascismo? Maduro recurre constantemente al epíteto de “fascistas” para calificar a sus contrincantes, por eso esta palabra ha perdido todo su significado. Se ha trivializado, como también sucede en otras partes del mundo.

Pero ahora el chavismo quiere superar la mera diatriba e intenta elevar las cosas al plano jurídico penal. La ley “antifascista” impone castigos de ocho a doce años de prisión a quienes el gobierno considere “fascistas”, establece multas e incluso la revocación de licencias a los medios de comunicación como castigo a la propagación de “mensajes fascistas” e incluso prohíbe reuniones, manifestaciones y organizaciones políticas donde se practique algún tipo de “apología” al fascismo.

¿Quién definirá quién es fascista y quién no? Pues, evidentemente, Maduro y sus personeros. Por tanto, todo aquel crítico del régimen es susceptible a ser acusado de fascista.

Esta ley es un nuevo endurecimiento (de hecho, el más severo) del andamiaje represivo padecido por los venezolanos desde el ascenso al poder de la “revolución bolivariana”. Por cierto, el proyecto describe al “neoliberalismo” como expresión del fascismo y pretende también censurar de forma draconiana a las redes sociales. Es una aberración destinada a consolidar en Venezuela una dictadura abiertamente totalitaria al mejor estilo de Corea del Norte.

Los actuales populismos aún mantienen vigente cierta fachada democrática, pero Venezuela nos está demostrando como pueden avanzar a la entronización del totalitarismo.

Quizá la última oportunidad para evitarlo se presente a los venezolanos con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Tras la arbitraria inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, ganadora de unas elecciones primarias el año pasado, la oposición ha logrado una nueva candidatura de consenso en la persona del exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Y aunque las condiciones de la competencia no son parejas (incluso ya se habla de la posible inhabilitación de González Urrutia), la oposición puede ganar. Según encuestas hasta un 85 por ciento de los ciudadanos desea un cambio. Maduro está en su peor momento: es muy impopular y los sectores del chavismo están enfrentados entre sí.

Y, a final de cuentas, el régimen todavía necesita de cierta legitimación democrática. El año pasado, el gobierno de Maduro firmó en Barbados unos acuerdos para garantizar unas elecciones justas a cambio de la flexibilización parcial de las sanciones petroleras de Estados Unidos.

Estos acuerdos fueron incumplidos y las sanciones han sido reimpuestas, con lo cual la de por sí precaria economía venezolana pierde una invaluable válvula de alivio. Los países garantes del acuerdo de Barbados, incluidos Brasil y Colombia (cercanos a Maduro) han manifestado públicamente preocupación por las irregularidades en el proceso electoral y por la inhabilitación de candidatos opositores. Por eso no debe perderse del todo la esperanza. El inicio de varias transiciones de autocracias a democracias ha ocurrido alrededor de sensacionales sorpresas en las urnas.