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No se propone derogar la prisión
Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, expuso que no plantean al Congreso dejar en libertad a todas las personas imputadas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de aumentar el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa en México y llamó a los diputados federales a que no sólo no aumenten el catálogo sino eliminen cualquier ilícito dentro de dicha clasificación.
En el segundo día de audiencias sobre la reforma al Artículo 19 de la Constitución en donde se propone integrar tres delitos más al catálogo de prisión preventiva oficiosa (robo de hidrocarburos, delitos electorales y corrupción), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México Jan Jarab, indicó que si bien el nuevo gobierno federal ha dado pasos en favor de fortalecer derechos sociales, también los ha dado en contra de los derechos humanos con propuestas como la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa.
“Debo reconocer que me entristece la discusión sobre cuáles delitos se deben agregar al catálogo susceptible de merecer prisión preventiva oficiosa: uno, tres, nueve.
“Nuestra oficina, por supuesto, no entrará en la discusión de quién merece ser privado de sus garantías procesales, porque desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa como tal, es una violación a los derechos humanos, y por ello, este honorable Congreso, desde nuestra perspectiva debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta”, aseveró el representante de la ONU en la mesa “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”.
Jarab puntualizó que la tipificación de la prisión preventiva oficiosa va en contra de los tratados internacionales signados por México, además de precisar que una cosa es la prisión preventiva que puede dictaminar un juez debido a la gravedad del delito y otra la prisión que de oficio se otorga a una persona por la decisión única de una autoridad.
“Quiero hacer una aclaración, dada la confusión existente que siempre se reproduce. Nuestra oficina no propone derogar la prisión preventiva como tal, la prisión preventiva justificada.
“No propone dejar a todas las personas imputadas libres. Lo que se está discutiendo es la prisión preventiva oficiosa, entonces, automática, obligatoria, aquella que supone una privación de algunas de las garantías procesales básicas”, enfatizó.
El representante de la ONU indicó que la prisión preventiva oficiosa aumenta el riesgo de violaciones a derechos fundamentales como la tortura y abona a la impunidad, por lo que recomendó que en vez de integrar delitos al catálogo se incluya una lista en la que a través de la evidencia de un perito, el juez esté obligado a solicitar prisión preventiva en contra de algún delincuente.
Por su parte, la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sofía Magdalena Cobo Téllez, indicó que en caso de aplicarse la prisión preventiva a los delitos propuestos, el sistema penitenciario colapsaría.
En su participación la investigadora precisó que, hasta diciembre pasado, había 197,988 internos en cárceles a nivel nacional, de los cuales 165,213 eran del fuero común y 32,775 del fuero federal.
Del total, sólo un estimado de 40% tenía una sentencia.
“Al aumentar el catálogo delictivo, aumentaría este número de personas internas. Si además consideramos que de 308 centros penitenciarios a nivel nacional 103 se encuentran sobrepoblados, o sea 33.44%, y sin una correcta clasificación procesal se colapsaría el sistema penitenciario”, aseveró.
Vehículos y autotransporte
En contraparte, representantes de cámaras empresariales y de seguros se pronunciaron en favor de aplicar la prisión preventiva no sólo sobre los delitos que se prevén, sino hicieron énfasis en tipificar con prisión preventiva oficiosa el robo de vehículos y autotransporte.
Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), indicó que la importancia en tipificar el robo de vehículos con prisión preventiva es que dicho ilícito es la puerta para cometer otros.
“Y, lo más grave, y aquí se fundamenta nuestra propuesta y nuestra petición, es que de cada 10 robos de vehículos seis son perpetrados con violencia, lo cual, desde luego, vulnera de manera importante a la población”, señaló.
A su vez, Alejandro Viedma Velázquez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), secundó la petición de tipificar el robo de autotransporte como delito grave y se aplique la prisión preventiva oficiosa.
“No estamos en contra de la presunción de inocencia, no estamos en contra del debido proceso, pero sí queremos elevar la voz para que se considere el robo al autotransporte de pasajeros como un delito que está creciendo día con día”, enfatizó.
Por su parte, el magistrado Héctor González Villalobos, quien acudió como representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa ya que de aplicarse las autoridades perderán legitimidad, dijo.
“Eso es lo que está en juego aquí: si avanza esta propuesta vamos a ser corresponsables de esta situación y de este estado de cosas y, a la larga, cuando las fuerzas de seguridad quieran hacer valer la ley, esta pérdida de legitimidad va a afectar no sólo desde el punto de vista deóntico del deber, sino en los hechos, la eficacia de la delicada tarea de combatir la delincuencia”, apuntó.
Este viernes será el último día de audiencias sobre el tema. Posteriormente la minuta, la cual podría ser modificada como resultado de las audiencias, subirá al pleno de la Cámara Baja para su discusión y eventual aprobación.
