Caja de la Sierra Gorda será revocada entre dudas y un fondo de seguro al ahorro casi quebrado

La sociedad financiera popular (sofipo) Caja de la Sierra Gorda será revocada tras 15 años de operaciones bajo esta figura y así, comienza el final de un capítulo más dentro del sector de ahorro y crédito popular en donde habrá diversos señalamientos, pero al final queda demostrado que los principales afectados serán, como en estos casos, los ahorradores que confiaron en una entidad que pese a ser supervisada, no logró salvaguardar su patrimonio.

Fue en noviembre del año pasado cuando la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acordó revocar la autorización otorgada a la sofipo, debido a que por varios meses incumplió con el nivel de capitalización requerido para estas entidades, que es arriba de 130%; sin embargo, fue apenas el pasado 6 de enero cuando se le notificó a la entidad encabezada por Jorge Cruz Ortega que sería revocada, es decir, se dejó pasar más de un mes para avisarle que tendría que cerrar operaciones.

Si bien en los últimos meses fue cuando la situación de esta sofipo se acentuó, debido a los incumplimientos con sus ahorradores, desde hace años, específicamente a partir del 2018, la entidad ya registraba los mismos problemas por los que será apenas revocada.

Para tratar de retomar el rumbo, la entidad comenzó con una estrategia de reposicionamiento en medios y además, sumó como aliado a Generamás para tener una mayor captación, plataforma que funciona como intermediario de distintas firmas financieras para poder llevarles más clientes, especialmente para temas de ahorro e inversión.

Del 2009 al 2018, el consejo de administración de esta sofipo estuvo encabezada por Carlos Noriega Curtis, quien se desempeñó en esta administración como jefe de la Unidad de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda.

En octubre del 2018, tanto Noriega Curtis como la sofipo fueron sancionados; el directivo de ese entonces, por no registrar en la contabilidad una variación en el activo por lo que fue multado por 306,000 pesos y la entidad por no cumplir con los niveles de capitalización requeridos. Actualmente, esas sanciones ya no aparecen en el portal de infracciones de la CNBV, sin precisar el por qué.

Crónica de una muerte anunciada

En febrero del 2022, la entidad fue oficialmente clasificada en la categoría número 4 del esquema de alertas tempranas respecto a su nivel de capitalización, por lo que la autoridad comenzó con un esquema de supervisión más detallado.

En distintas solicitudes de información, la CNBV ha reiterado que ha actuado con apego a la ley en la supervisión de esta entidad, ordenándole diversas medidas como la remoción de su consejo directivo, así como la pausa a sus operaciones que impliquen la salida de recursos.

Asimismo, también quedó impedida de realizar cualquier pago a sus accionistas por motivo de los dividendos, ni cualquier inversión o acto que implique una transferencia de activos patrimoniales.

Sin embargo, pese a que la entidad informó que estaba en busca de capital fresco, con la posible llegada de nuevos inversionistas, nunca pudo concretar esto.

A la par, su nivel de capitalización se deterioró y a octubre del 2022 presentaba un índice de -6,160.62 por ciento. Dentro de lo que ha destacado la autoridad, es que esta entidad pudo transparentar sus estados financieros, los cuales demuestran que al 30 de septiembre pasado contaba con un saldo de captación de 158 millones de pesos y una cartera de crédito de 197 millones de pesos, de los cuales 87% corresponden a financiamientos vencidos.

Asimismo, la autoridad identificó inconsistencias en el envío de sus reportes regulatorios, así como operaciones que se apartan de las disposiciones regulatorias, lo cual complicó el proceso de supervisión y confiabilidad en la información que recibió la CNBV.

¿Ahorradores de primera y de segunda?

En esta administración, la CNBV ha revocado tres sofipos: Planfía, COFIA y Operadora Reforma. De estos procesos, sólo en Operadora Reforma se tuvo que activar el fondo de protección de sofipos, que protegen a los ahorradores hasta por 25,000 Uids, es decir, hasta 190,000 pesos actuales.

Sin embargo, en dicho proceso el Fondo de Protección de las Sofipos (Prosofipo) no pudo cumplir con sus obligaciones con los ahorradores y sólo liquidó una parte del seguro, pues se quedó sin recursos y esperaba una aportación de la Secretaría de Hacienda para cubrir con esa obligación.

Con los ahorradores de Caja de la Sierra Gorda, el escenario parece ser similar, pues hasta la publicación de esta nota no se había confirmado si se tienen los recursos suficientes para cumplir con, al menos, la obligación del seguro.

Según información de la Condusef, Caja de la Sierra Gorda tiene un total de nueve sucursales distribuidas en Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

En total, la entidad tiene registrados 18,334 ahorradores, que se tendrá que detallar cuántos son ahorradores y cuántos acreditados.

Ahora, con la revocación de Caja de la Sierra Gorda quedan en el aire las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos ahorradores serán perjudicados con la revocación?
• ¿Por qué se tardó tanto en revocar a esta entidad?
• ¿Hay casos similares en el sector que pongan en riesgo el patrimonio de ahorradores?
• ¿No se aprendió nada del caso Ficrea?