Embargo de cuentas debe ser ordenado por juez: Prodecon

El subprocurador de Análisis Sistémico y de Asuntos Legislativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Juan Carlos Roa Jacobo, advirtió que debe ser un juez quien autorice el congelamiento de cuentas bancarias de contribuyentes, como sucede con las órdenes de aprehensión, ya que actualmente las inmovilizan, se cobra el adeudo y no son reactivadas, generando pérdidas a sus titulares.

El funcionario de la Prodecon denunció que no existe una sanción en contra de la autoridad fiscalizadora, aun cuando el aseguramiento de la cuenta bancaria es improcedente.

Durante su conferencia La lucha por la justicia fiscal , dijo que si bien hay contribuyentes que abusan, la mayoría no merece ser víctima de este tipo de actos fiscalizadores sin previa autorización de un juez.

Asimismo, afirmó que además del perjuicio en el patrimonio de los contribuyentes, afectan sus derechos humanos, de ahí la importancia de que los causantes estén conscientes de sus derechos y de la existencia del ombudsman fiscal.

Es momento para que se empodere al contribuyente. Que esté empoderado mas no envalentonado , destacó.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

Roa Jacobo también se refirió a la importancia de contar con juzgados especializados en materia fiscal, dado el número de casos que manejan los tribunales.

Ejemplificó que 70% de los estudiantes de Derecho se va a desempeñar en el área fiscal.

Así coincidió Teresa del Pilar López, consejera propietaria de la Prodecon, quien criticó los embargos de cuentas bancarias porque no se vale tratar a todos como evasores.

Por otra parte, el presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Manuel Jiménez Illescas, explicó que 30% de asuntos que se resuelven en esa instancia son originados por resoluciones que emite el Servicio de Administración Tributaria.

Agregó que si se considera 65% del número total de asuntos que actualmente se ventila en el Tribunal, se observa que el valor litigioso es de 387,000 millones de pesos.

Jiménez Illescas dio a conocer que desde que entraron en vigor, en agosto pasado, el juicio por la vía sumaria y el juicio en línea se han presentado 22,641 y 610 demandas, respectivamente. En el primer caso se han resuelto casi 10,000, mientras que en el segundo, las denuncias involucran un monto controvertido superior a 8,000 millones de pesos.

Por lo anterior, reconoció a los poderes Ejecutivo y Legislativo el gran esfuerzo para que el Tribunal cuente con magistrados altamente capacitados y un perfil idóneo que los hace conscientes de que una sentencia que proviene de las salas regionales incide en el patrimonio de los contribuyentes y en los recursos de la Federación, estados y municipios para cubrir los gastos.