Rechazo empresarial a nueva ley de cine obedece a intereses trasnacionales, argumenta el gremio

El 26 de febrero pasado el Consejo Coordinadora Empresarial (CCE) expresó “su preocupación” por la Iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual que actualmente se encuentra en el Senado de la República, puesto que, dijo, prácticamente la totalidad de las restricciones propuestas por la iniciativa son violatorias de los acuerdos comerciales que México tiene con el mundo.

Esta reforma de ley, argumentó, “impone barreras artificiales” a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente, crea una “ventaja indebida a su favor, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia de decidir qué ver”.

El énfasis del CCE sobre todo se relaciona con el artículo 19 párrafo primero de la iniciativa, donde ordena que los exhibidores reservarán el 15% del tiempo total de exhibición para la proyección de obras cinematográficas nacionales; así como con el párrafo quinto, donde se establece un máximo de 45% para la exhibición en pantallas del país para estrenos y corrida comercial de cualquier obra cinematográfica y audiovisual.

El CCE defiende intereses extranjeros, argumentan

Este miércoles, distintas agrupaciones del gremio cinematográfico encabezadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se pronunciaron ante la postura del CCE al que está asociada la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en la cual, a su vez, se afilia la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

“Su pronunciamiento fue desinformado y unilateral, sin consultar con las cámaras industriales que realizan las actividades específicas (…) el CCE hace una lectura errónea de los tratados internacionales como estrategia para atemorizar a legisladores”, expresó el gremio cinematográfico.

Lo anterior se refiere a que los empresarios buscan incidir en la decisión sobre la iniciativa que actualmente está turnada a comisiones en el Senado, esperando por su discusión, votación, y, en caso de aprobarse ahí, presentarse ante el pleno de la cámara alta para después enviarse a San Lázaro para los efectos correspondientes.

La postura de los empresarios en defensa de los exhibidores “tiene que ver mucho con un pacto con la MPA (Motion Picture Association)”, argumenta el cineasta José Antonio Cordero, quien ha participado del cabildeo, los parlamentos abiertos y la redacción de dicha iniciativa. El disenso entre los exhibidores y el resto de la industria, argumenta, “es un asunto que cruza por lo mercantil, por los derechos de la libre competencia, pero ponemos énfasis en los derechos culturales. Es impensable que una asociación extranjera sea la que intente dictar cómo se escribe la ley en este país. Muchos de nuestros legisladores tampoco son expertos en los temas, entonces buscan apabullarlos y confundirlos”.

Arguye que no se trata únicamente de defender más espacios para el cine nacional sino de ganar lugares para la cinematografía del mundo, de manera que los espectadores en el país vean garantizado un derecho de acceso al cine diversificado, de todas las procedencias.

“Ellos no quieren soltar los privilegios que han sido a costa de la producción nacional. Es muy triste de la Canacine tenga un pacto incluso tan inconveniente para ellos mismos que les ha impuesto la MPA. Están respondiendo a voces que no son nacionales. Hay una injerencia de intereses trasnacionales en la exhibición cinematográfica mexicana y eso atropella los derechos culturales de los mexicanos”, explica.

Califica de “desmedida” la resistencia de los empresarios y defiende que la iniciativa de ley pasó por las manos de expertos que se cercioraron de la correcta redacción de la propuesta, su relación con el resto de la legislación mexicana e incluso de los tratados internacionales.

El Economista buscó a la directora general de la Canacine para conocer la postura individual de la cámara después de la respuesta de los gremios cinematográficos, pero ella no atendió la solicitud.

No obstante, el CCE en su representación advierte que de aprobarse la ley en esos términos las medidas podrán ser impugnadas por inversionistas de Estados Unidos y de otros países con los que hay tratados. Argumenta que los gobiernos de esos países y los miembros de la Organización Mundial del Comercio podrían demandar al gobierno de México utilizando los mecanismos de solución de controversias entre gobiernos.

Blockbusters han acaparado las salas

Por poner dos ejemplos sobre el acaparamiento de las salas mexicanas por los blockbusters: de acuerdo con datos de la Canacine, en abril del 2019 la cinta de Marvel – Disney Avengers: Endgame se estrenó en 6,840 de las 7,106 pantallas disponibles de aquel año, es decir que al menos en el fin de semana de su debut la cinta de superhéroes se exhibió en el 96% de las salas del país. La película generó ese año ingresos en taquilla de 1,474 millones de pesos. En octubre de ese año la película Joker se estrenó en el 74.4% de las salas nacionales y reunió en total 856 millones de pesos. En contraste, 75% de las películas mexicanas apenas se estrenó en 7% de las pantallas disponibles en el país.

México se ubicó como el cuarto mercado con el mayor número de boletos vendidos en el 2019 tan sólo después de China, India y EU.

En la iniciativa:

Artículo 19, párrafo primero: “Los exhibidores reservarán el quince por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de obras cinematográficas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla”.

Párrafo quinto: “Se establece como máximo de pantallas en el estreno y corrida comercial completa de cualquier obra cinematográfica y audiovisual, el cuarenta y cinco por ciento, en relación con el número de pantallas disponibles y en uso al momento en todo el territorio nacional, para su estreno y corrida comercial completa”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx