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Casi la mitad del gasto en desarrollo social se va a protección social
A través de la política de “primero los pobres”, se destinaron 851,311 millones de pesos al gasto en protección social en el primer semestre, un incremento de 8.1% anual.
Casi la mitad del gasto que ejerció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la función de desarrollo social se destinó a la protección social, de acuerdo con la información contenida en el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre del año.
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostraron que, entre enero y junio de este año, el gasto en desarrollo social fue de 1 billón 773,006 millones de pesos, lo que representó un aumento de 6.3% en comparación con el mismo periodo de hace un año.
Al interior de este gasto se pudo observar que el rubro con mayores recursos fue el de protección social, el cual contempla programas sociales, así como el gasto en pensiones, entre otros.
En total, y a través de su política de “primero los pobres”, se destinaron 851,311 millones de pesos al gasto en protección social, lo que representó un incremento de 8.1% anual. De esta manera, el gasto en protección social alcanzó su mayor nivel en lo que va de la actual administración y, se espera, continúe aumentando ante las prioridades del gobierno en turno.
En comparación con todo el gasto que se realiza en la función de desarrollo social, la protección social absorbe 48% de los recursos, siendo la favorita en este rubro.
Después del gasto en protección social, el que le sigue es el de salud. Con recursos ejercidos por 305,941 millones de pesos, representó 17% del total. En comparación anual, tuvo una caída de 7.0 por ciento.
Llegaría a 1.7 bpd
De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, el gasto en protección social llegaría a 1.7 billones de pesos al cierre de este año.
El gasto en protección social se refiere a aquellos recursos que destina el gobierno a servicios y transferencias a personas con enfermedades, incapacidades, edad avanzada, familias e hijos, desempleo, vivienda y aquellos que se encuentran excluidos socialmente.
“Esta función cubre riesgos que puede enfrentar toda la población (por ejemplo, enfermedad, edad avanzada y desempleo), pero también riesgos asociados a problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad (subfunción exclusión social, en que se incluyen, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas)”, de acuerdo con la definición de la CEPAL.
En México, el gobierno de López Obrador ha hecho especial énfasis en este gasto, sobre todo después de la pandemia del Covid-19, en la cual se incrementaron y aceleraron los pagos de ciertos programas sociales, como lo fue la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, un programa emblemático para la actual administración.
De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en el 2022 45% de los hogares del primer decil recibieron transferencias gubernamentales. Si bien el dato es alto, aún está por debajo de lo observado en el 2016 cuando llegó a 57% de las familias mexicanas.