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Menos anuncios de inversión y presión presupuestal, costo de reforma judicial: México Evalúa
La llegada de nuevos jueces demandará su capacitación, lo que tiene un costo, los procesos electorales también y habrá pasivos laborales que atender con los jueces que sean destituidos.
La directiva resaltó que al percibir un mayor riesgo en el ambiente para hacer negocios se desalentará a los bancos a ofrecer crédito y terminará por inhibir a la Inversión Extranjera Directa. Foto EE: Hugo Salazar
Menos anuncios de inversión, un aumento en las primas de riesgo que cobran los bancos por otorgar financiamiento, la pérdida del grado de inversión, y más presión presupuestal, son parte de los costos que pagará México de seguir avanzando la reforma al poder judicial, advirtió la directora de México Evalúa, Mariana Campos.
Entrevistada por El Economista, resaltó que al percibir un mayor riesgo en el ambiente para hacer negocios, resultado de la percepción de un limitado respeto al Estado de derecho, desalentará a los bancos a ofrecer crédito y terminará por inhibir a la Inversión Extranjera Directa, lo que terminará por lesionar a la actividad económica, se reducirá la capacidad para para generar empleos y habrá menos ingresos susceptibles de ser gravados.
Agregó que costaría más trabajo al gobierno pagar la deuda, que ya tiene años pagando altos intereses por ella.
El pago de intereses de la deuda pasó de absorber el 10% de los ingresos en el 2021 a 16% en el 2024.
Agregó que se puede esperar un costo presupuestario de la aplicación de la reforma tal como estaba en la iniciativa.
La llegada de nuevos jueces demandará su capacitación, lo que tiene un costo. Cualquier proceso electoral tiene también un costo y también habrá pasivos laborales que atender con los jueces que sean destituidos. Entonces por supuesto que habrá un costo, subrayó.
El director del Georgetown Americas Institute en Georgetown University, Alejandro Werner, explicó, desde julio, en un seminario virtual, que las arcas de las entidades federativas tienen pocos recursos propios y sus finanzas dependen del presupuesto que distribuye el gobierno federal. De manera que, el costo de modernizar la procuración de justicia se tendrá que pagar con recursos de la federación, subrayó.
Perder el grado de inversión
Todo esto motivará un aumento en la percepción de riesgo para la capacidad de pago del endeudamiento del gobierno, lo que tendrá otro impacto económico que es la posible baja de la calificación soberana.
La nota soberana de México en Fitch es la que se encuentra en el nivel más bajo, “BBB-” con perspectiva Estable, tan solo un nivel arriba de las calificaciones que tienen los emisores especulativos.
De presentarse una baja de calificación, sobre todo si desaparecen organismo autónomos, habrá un contexto más complicado para que el gobierno resuelva conflictos públicos, lo que también afecta a los negocios.
Si baja la calificación del soberano, si perdemos el grado de inversión, corremos el riesgo de caer en una crisis fiscal, alertó.
Al bajar la calificación aumenta el costo de financiamiento del gobierno federal que trae una situación precaria en sus finanzas publicas, pues tenemos un déficit que es tres veces el tamaño de lo que teníamos en el 2018 y hemos pagado en últimos años tasas de por sí elevadas y ahora se pagarían más”.
Jueces locales, no federales, en EU
La experta admitió que en Estados Unidos hay elecciones de jueces locales, no federales y existen organizaciones civiles críticas que tienen estimado el costo de estos procesos elección popular.
Estudios del Brennan Center for Justice dice que la elección de 41 jueces en 17 estados tuvo un costo de 100 millones de dólares. Posiblemente habrá que matizarlo, pero la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cita una obligación de que cualquier reforma incorpore un estudio de impacto presupuestario y en el caso de esta reforma al Poder Judicial, no se ha presentado públicamente.
Sin Cofece, más presión alcista en precios
La directora del think tank explicó que “probablemente no tendrá la misma eficiencia quien asumirá las responsabilidades de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para promover competencia y sancionar malas prácticas, que implica pérdidas para los jugadores”.
Esto al responder que pasará con la extinción de organismos autónomos constitucionales como está planteado en el llamado “Plan C” que introdujo el representante del Ejecutivo.
Y esta desaparición de la Cofece puede alimentar un aumento de precios al presentarse prácticas indebidas, señaló.
Mariana Campos finalizó la entrevista, advirtiendo que se requiere un espacio de análisis más serio sobre el impacto económico que tendrán estas reformas. “¿Por qué un gobierno que cierra dejará una reforma de tal calado?”.