Expertos coinciden en que se buscará el menor costo de la energía, aunque difieren cómo

Cuatro especialistas de alto nivel técnico en materia eléctrica coincidieron en que se debe buscar el modelo de menores costos de generación de energía, aunque quienes están a favor de la propuesta presidencial creen que puede ser con un modelo mixto de despacho y quienes están en contra que se debe llevar a cabo ponderando los precios marginales, como se hace en la actualidad. 

En el primer debate organizado por el Canal del Congreso dentro de los foros del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica este miércoles, Gabriela Reyes Andrés, asesora de la dirección general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, comparó el modelo del sistema eléctrico nacional actual con el de Estados Unidos, país cuyos cambios tardaron 33 años en revisarse y ajustarse, mientras que en México van apenas siete años de la implementación de la Ley de la Industria Eléctrica y es momento de que se le hagan ajustes.  

Dijo además que en el país vecino del norte se consultó de manera pública si por estados convenía la separación legal de las empresas integradas, a lo que se respondió que no, por lo que se mantienen como compañías con una separación funcional, mientras que en México se escindió a la CFE en subsidiarias, modelo que se derogará con los cambios propuestos, ya que basta una separación de funciones para que la empresa estatal se mantenga fuerte y dé el soporte necesario a la energía de cualquier generador.  

“La energía no es un producto comercial, es un bien social”, dijo, “se va a revisar y cambiar el modelo, como en Estados Unidos, donde hay un mercado spot, uno regulado y cooperativas locales y así se eliminan regímenes de excepción de los legados anteriores y se continúa revisando si funciona, como en el resto del mundo”.  

En contra de la iniciativa presidencial que pretende modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, Paul Alejandro Sánchez Campos, catedrático en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, quien participó invitado por el Consejo Coordinador Empresarial, explicó que la mitad de los permisos otorgados fue para la generación de la CFE, no se le ha negado nada, respecto a la argumentación de que se han otorgado permisos de manera desmedida a privados.  

Por otra parte, dijo también que las hidroeléctricas tienen energía intermitente y por tanto se les va a privilegiar elevando los costos, porque generan sólo en la época del año en que hay agua, en las temporadas de lluvia y si tienen otros usos como el consumo humano las presas no pueden despachar, lo que elevará de manera considerable los costos ambientales y económicos de la CFE para el respaldo.  

“El cambio del despacho económico afectará los precios porque todos los consumidores vamos a pagar más costos o aportaciones federales porque de alguna forma se tiene que cubrir el déficit si no se está cubriendo el costo”, dijo.  

Fabián Vázquez Ramírez, jefe de Departamento de Mercado de Día de Adelanto en la Subgerencia de Mercado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicó que desde los cambios legales del 2014 en el sector prevalece el despacho eléctrico de centrales con menores costos variables, es decir, las que no consumen combustibles. Pero por requerimientos de confiabilidad es necesario despachar algunas centrales de energía firme para garantizar la continuidad, con lo que se privilegia a la energía nuclear de la planta de Laguna Verde de la CFE y los ciclos combinados altamente eficientes de productores independientes de energía que operan a su máxima capacidad.  

Así, se les paga en el esquema conocido como costo marginal bajo que corresponde al de la última central despachada. Y legalmente quedaron establecidos como contratos legados las centrales que no participan en el mercado, con lo que la CFE paga por el soporte a la intermitencia de las centrales renovables con su energía, paga también por tener las unidades disponibles y por el mantenimiento a la red de transmisión.  

Finalmente, Fernando Bueno Montalvo, abogado especialista en energía en BHMS Consultores y Asociados, ex abogado general de la CFE, recordó que hoy existe un mercado que plantea la competencia libre entre los generadores, lo que lleva a la reducción de precios para los consumidores, mientras que la iniciativa del presidente desconocerá contratos y cancelará permisos, obligando al Estado a destinar mayores recursos y por tanto elevando los costos de la energía.  

“Los proyectos fueron licitados en amplios concursos y así se asignaban con precios medidos, son completamente legales y convenientes a los firmantes. El autoabasto no es una figura nueva, desde el origen de la electricidad los privados han podido generar su energía, nunca se les ha limitado siempre y cuando tengan ventaja social. La nueva propuesta establece excepciones para que CFE adquiera energía fuera de concursos, esto viola derechos adquiridos y tratados internacionales y tendrá un costo de 44,000 millones de dólares, que equivalen a 11 aeropuertos Felipe Ángeles o a vacunar dos veces a toda la población contra el Covid 19 con la fórmula de Pfizer”.  

karol.garcia@eleconomista.mx