Cabotaje, riesgo inminente

De último minuto el gobierno mexicano envió al Congreso de la Unión un proyecto de reforma al sector aéreo que propone autorizar que las aerolíneas extranjeras realicen vuelos dentro del territorio nacional, actividad que se conoce como cabotaje.

El tema tendrá que ser discutido por el poder legislativo el próximo año, a partir del mes de febrero, en el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Con ello, el gobierno mexicano le puso un reloj con cuenta regresiva al diálogo que venía teniendo con las aerolíneas que operan en México para aumentar la “masa crítica” de vuelos y pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Es decir, las conversaciones pasaron a otro nivel en el que la apertura del espacio aéreo nacional a las empresas extranjeras, es un riesgo inminente.

Ya no sólo es la advertencia gubernamental de abrir el cabotaje a extranjeros.

Ya es una intención escrita en un proyecto de iniciativa, cuya aprobación dependerá del análisis, discusión y eventual autorización de los legisladores. Así, de sopetón, el gobierno les dió esa sorpresa a las aerolíneas mexicanas.

Apenas unos días antes, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, había dicho que el cabotaje era una de las varias alternativas que se venían analizando.

Comentó que estaban en conversaciones con el gremio de los operadores y que el objetivo específico era aumentar el tráfico de aviones y pasajeros desde y al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Anticipó que la idea, en el mediano plazo, es aumentar a entre 15 y 18 millones el flujo de pasajeros en el AIFA.

Anunció que se venía diseñando un plan con las aerolíneas y que en breve habría buenas noticias.

Sin embargo, el jueves pasado, en medio de la vorágine informativa de la discusión y aprobación del Plan B electoral, entre las cámaras de diputados y senadores y ya muy tarde durante esa jornada, se supo de la inclusión de la iniciativa con cambios a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos. El proyecto de ley —que llegó ayer a la Cámara de Diputados y fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes— plantea que las entidades del gobierno federal puedan tener facultades para administrar empresas de transporte aéreo de pasajeros, mercancías o correo ordinario.

Además, propone fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y ratifica su condición de organismo desconcentrado de la SICT.

La AFAC tendrá funciones para regular, vigilar, supervisar y certificar las labores de aviación civil, así como para hacer investigaciones de los accidentes aéreos.

Los grupos aeroportuarios tendrán que elaborar un plan de desarrollo, que será evaluado cada cinco años, y deberá ser autorizado por las autoridades de la AFAC.

El gobierno federal propone que se permita a las aerolíneas extranjeras realizar vuelos de rutas nacionales, tarea solo permitida hasta ahora a las aerolíneas mexicanas.

Esto con el propósito de impulsar las rutas que sean “de interés estratégico” para el desarrollo de los aeropuertos del país.

La industria de la aviación, reaccionó tardía y tibiamente.

Aunque con anticipación al envío de la iniciativa al Congreso de la Unión, la Canaero se había pronunciado en contra, y a posteriori lo ratificó, lo cierto es que pareció que cayó en un exceso de confianza y diplomacia o de plano nunca creyó que el gobierno cumpliría con lo que ya venía advirtiendo con muchas semanas de anticipación.

La Canaero —que representa a las aerolíneas nacionales y extranjeras con permiso para volar sobre territorio nacional— advirtió que actualmente las rutas de transporte aéreo en destinos locales están reservadas a las empresas mexicanas.

Externó su preocupación sobre el cabotaje y reiteró su disposición de mantener el diálogo con las autoridades.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), pidió al Poder Legislativo que rechace esta iniciativa de ley, porque atenta contra la viabilidad de las aerolíneas nacionales y los trabajadores que dependen de ellas.

Hasta ahí. No ha habido mayores reacciones de las empresas frente a un tema que presuntamente les afectará de manera importante.

La iniciativa gubernamental, está claro, busca meter toda la presión a su alcance para hacer funcionar el AIFA y los aeropuertos que construye.

Veremos qué efectos provoca en una industria que tendría que operar bajo las reglas del libre mercado. Al tiempo.