Con los empresarios no

En 19 estados de la república se impone a los micro, pequeños y medianos empresarios el pago de cuotas violatorias a nuestra Constitución y a diversas leyes para dejarlos transitar, cargar y descargar mercancías y productos de todo tipo, además de las denominadas “licencias de funcionamiento. Esta sobre-regulación inhibe la inversión generadora de empleos, daña el patrimonio del sector empresarial y repercute en los precios de mercancías y servicios al público porque encarece su producción y traslado.

También es un caldo de cultivo para la corrupción pues, mediante el abuso de autoridad, se hace un manejo opaco y discrecional del dinero en efectivo que se obtiene por esta vía.

Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), 84% de la carga doméstica se mueve por tierra y 80% de carga de comercio exterior y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se ha posicionado también asegurando que estos cobros representan un obstáculo absurdo para la actividad y servicio, ya se propuso en crear un grupo especializado para eliminarlo.

Estamos hablando de cuotas por carga y descarga que van de los 12 mil hasta $650 mil por flotilla cuando estos transportistas cuentan ya permisos federales, y que además les están cobrando permisos estatales y municipales; o licencias de funcionamientos que van desde 4 hasta más de 500 mil pesos, dependiendo el rubro o el tamaño del negocio; y yo me pregunto, ¿qué negocio va a prosperar así después del duro golpe de una pandemia con este tipo de cuotas?

Tabasco, no es la excepción, las administraciones municipales están recaudando recursos pasando por encima la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incluso el Código Penal Federal porque se trata de la configuración de un delito y, también va en contra del acuerdo que el presidente de México firmó recientemente con el sector empresarial para mantener controlada la inflación en el país.

Esta extorsión institucional viene acompañada de un claro abuso de confianza a la hacienda nacional porque los 32 estados forman parte de un acuerdo fiscal para que las entidades federativas y los ayuntamientos no cobren ciertas cargas impositivas a los contribuyentes y a cambio, la federación les da participaciones y aportaciones, que actualmente representan más de 90% de sus ingresos.

Por eso, como Diputada, hace unos meses metí una denuncia ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informé a las autoridades de estos cobros ilegales en los municipios de Tabasco y ésta alertó sobre la inconveniencia de mantener esta dinámica de autorizaciones ilegales. En seguimiento a esta estrategia para ayudar al sector productivo de mi estado, el pasado viernes en la discusión de las Leyes de Ingresos de Municipios de Tabasco, presenté en tribuna 16 impugnaciones para eliminar cada uno de los conceptos incluidos por carga, descarga, así como licencias de funcionamiento. Si los Diputados no estamos de lado de quienes arriesgan su capital para generar empleos ¿entonces quién?

Los diputados somos representantes populares que debemos acatar y respetar la Ley, y nuestra máxima responsabilidad es proteger la Constitución; pero en Tabasco, la tierra del Presidente, están más preocupados por el futuro político que por encontrar soluciones al sector productivo, que son quienes realmente sostienen la economía en México. #ConLosEmpresariosNo

@PerezSoraya