La corrupción en salud tiene un agravante mayor

El caso de corrupción en compra de medicamentos en el estado de Quintana Roo denunciado por Mexicanos contra la Corrupción (MCC) es una triste evidencia de que la actual administración no sólo no acabó con el problema de los negocios oscuros y mal habidos que señaló al inicio del mandato en torno a la compra-venta de fármacos.

Con ese argumento, el del combate a la corrupción, el propio Gobierno destruyó la cadena de insumos farmacéuticos generando un desabasto incontrolable que a la fecha aún continúa y ha sido muy costoso económica y socialmente; los pacientes lo siguen sufriendo. 

Tampoco acabó con los incentivos que detonan aquellos arreglos por debajo de la mesa para beneficio de negocios personales. Por el contrario, hoy son incentivados por el círculo cercano que toma las decisiones en el gobierno.

La investigación de MCC habla de que entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) terminaron, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de Romedic, una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andy López Beltrán.

¿Porqué la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, convirtió a la empresa Romedic SA de CV en el distribuidor de medicamentos del estado, aún cuando estaba en la lista negra de Cofepris?

A la gobernadora quintanoarroense no le importó que Romedic estuviera irregular; le ayudó a cuadriplicar sus ingresos, siendo una empresa irregular que incluso inventó su domicilio. 

Más allá de las repercusiones políticas y económicas de daño al erario, hay preguntas cruciales que ameritan explicación porque la gravedad del caso va más allá de la corrupción; implica riesgo para la salud de la poblacion.

El caso es grave y delicado y debe derivar en una investigación minuciiosa porque no sólo se lucra con dinero público, y revela nepotismo e influyentismo que se supone es de lo que más ha cuestionado la 4T.

De lo más importante es que falta confirmar que de verdad fueron entregados esos medicamentos a las instancias de salud de Quintana Roo. De lo contrario, si fue dinero desviado sin producto de por medio, se dejó a enfermos sin sus medicinas, sin sus terapias, y entonces aquí hablamos de daño no sólo al erario sino a la salud de los mexicanos.

Por ello es importante conocer bajo qué procedimiento, de acuerdo a la Ley de adquisiciones estatal, se asignó el contrato. ¿Qué requisitos se solicitaron a los participantes en la licitación y cuántos participaron? ¿Qué medicamentos amparan los contratos?

En principio es delicado que tratándose de insumos para la salud, la empresa proveedora no tenía antecedentes en la venta de medicamentos, pero ya que fue designada como beneficiaria otra duda es: ¿a qué precios ofertó para cada producto solicitado?

Otra incógnita vital sería saber si la oferente presentó registros sanitarios de cada medicamento como establecen las reglas del regulador Cofepris.

Aparte, si era una nueva distribuidora, con mayor razón, el comprador estatal tendría que exigirle contar con licencia sanitaria o para sus almacenes al menos el aviso de funcionamiento vigente de la empresa. La distribución de medicamentos es un ámbito que, a diferencia de cualquier otra distribución, tiene su propia regulación sanitaria, porque cualquier descuido o falta de cumplimiento implica poner en riesgo la salud de la gente.

La investigación pertinente debería llevar a conocer ¿a qué precios la empresa ofertó cada medicamento? ¿Cuál fue el plazo de entrega del contrato y la fecha de entrega de los bienes?

Y a todo esto, ¿cuál fue el fabricante que le vendió a dicha distribuidora, porque a partir de ahí se define quién es responsable de algo fundamental: la farmacovigilancia de esos medicamentos adquiridos para los pacientes del sector público quintanarroense. 

Estamos hablando de medicamentos

Son 490 millones de pesos que salieron del Insabi y que fueron pagados a una empresa de reciente creación, que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, y es una empresa de una persona muy cercana al hijo del presidente, que se ha mantenido muy cercano a las compras del sector salud.

Fue un pedido de 180 claves de fármacos que supuestamente se entregaron en 4 días. Ya estarán llegando las peticiones de información al INAI, sólo esperemos que no lo bloqueen. 

El punto crucial es que hablamos de medicamentos, productos requeridos por personas que acuden al sistema público para atender su salud.

Si se tratara de compra de muebles o papelería, las cosas no serían tan delicadas, pero es un agravante mayor que dichos negocios de arreglos en lo oscurito, para negocios personales, sean expresamente con medicamentos.

Gobernadora Delfina tiene pendiente ley de salud en Edomex 

Un buen reto tiene enfrente la gobernadora Delfina Gómez, porque bien sabe que el estado de México no puede continuar sin Ley de Salud. Es la única entidad de la República que no cuenta con una ley específica en materia de salud. Ojalá le dé respaldo a la iniciativa de ley que este año entró al Legislativo estatal, pues es una propuesta de vanguardia y con visión global, que retoma los más altos estándares internacionales y ya está armonizada con las últimas reformas a la Ley General de Salud. Además ya considera los criterios de adhesión al IMSS Bienestar y al acuerdo del Modelo de Atención a la Salud. Es una labor de destacar que encabeza el asesor legislativo en materia de salud Eduardo Salazar, proveniente de un trabajo colaborativo desde 2020 con el respaldo de la Organizaciòn Panamericana de la Salud.