Limitantes a la innovación en la regulación mexicana

La innovación es la implementación de cambios significativos en un producto, servicio, procesos u organización de los agentes económicos, con el fin de alcanzar un resultado más eficiente y/o de mayor calidad. Su promoción es deseable para detonar el crecimiento económico y el bienestar de la población en su conjunto.

Panorama de la innovación en México. En la métrica internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Índice Mundial de Innovación (GII, por sus siglas en inglés), México se ubica entre las tres primeras economías innovadoras de la región de América Latina y ha mejorado su posición en el ranking sistemáticamente en los últimos 10 años. No obstante, se ubica en el lugar 58 en un conjunto de 132 países analizados.

Una de las deficiencias capturadas en el GII es aquella correspondiente a la calidad de la regulación que estimule la "capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado".

Por otro lado, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) esencial para la innovación fue de tan solo 0.3% del PIB en 2020, en una franca trayectoria descendente y que tan solo representa ¼ parte del líder regional, Brasil (1.2%).

Regulación: ¿freno o incentivo? De acuerdo con el documento de análisis, “Innovación de las TIC en México: Algunos Aspectos Regulatorios Limitantes” (bit.ly/45Q0rSm) desarrollado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), la regulación tiene por objeto lograr la eficiencia de los mercados. Ésta es deseable y necesaria si está bien planificada y la estructura y dinamismo del mercado están previamente estudiados.

En términos generales, el impacto sobre la regulación sobre la innovación traza una “U” invertida, tal que mecanismos poco estrictos tienen un efecto positivo, pero más estrictos empiezan a crear el efecto contrario.

En México, mecanismos como la Disposición Técnica IFT-012-2019 para el cumplimiento de los límites máximos de emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones, el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) de los productos de telecomunicaciones y radiodifusión y la importación y exportación de bienes sujeta a la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); son casos que han desincentivado la innovación, aumentado sus costos y frenado la consecución de sus beneficios.

Recomendaciones regulatorias. Al respecto, The CIU insta a que los reguladores y las autoridades federales establezcan mesas de trabajo continuas de colaboración público-privada en las que se discutan las inquietudes regulatorias de la industria. Asimismo, se deben considerar las mejores prácticas regulatorias internacionales y esquemas de colaboración, considerando las condiciones de mercado de México.

Es menester implementar los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de Dispositivos TIC existentes entre el Gobierno de México y los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, establecidos en el T-MEC.

Además, se requiere crear nuevos laboratorios de ensayo y organismos de certificación para no retrasar la introducción de nuevos productos y tecnologías, así como garantizar que productos de baja calidad no lleguen a manos de los clientes. Por su parte, la normativa medioambiental y sanitaria relativa a los dispositivos de las TIC debe atender las preocupaciones de la industria a través de una consulta pública.

Todo ello, a fin de prevenir el surgimiento de obstáculos para la creación e introducción de nuevas tecnologías, que impidan su acceso en el mercado y la diseminación de sus beneficios entre los consumidores.

@ernestopiedras