Sobrerrepresentación: la consecuencia de un mal diseño normativo

La sobrerrepresentación legislativa es un tema crucial en la configuración del Congreso mexicano, especialmente cuando se trata de entender cómo se distribuyen las curules entre los partidos políticos y las coaliciones. La Constitución mexicana, específicamente en el artículo 54, establece que ningún partido político puede tener más de 300 diputados que puedan modificar unilateralmente la Constitución. Sin embargo, el diseño de la norma da pie a ambigüedades que finalmente obligan a interpretar la ley, de tal suerte que en los procesos de implementación del proceso electoral y la asignación final de las curules, el resultado de la representación del pueblo sea contrario al deseo original del legislador de dotar al juego democrático con mecanismos de nivelación que reflejen en el Congreso la pluralidad de nuestra sociedad.

El sistema mixto de representación fue diseñado para que 300 diputados sean elegidos directamente por los votantes y 200 plurinominales, designados según fórmulas establecidas. No obstante, al resultar históricamente una constante sobrerrepresentación de las mayorías, podemos observar que estamos ante un diseño imperfecto que provoca confusión e incertidumbre, en vez de abonar certeza sobre las reglas del juego de la democracia. Esta anomalía finalmente tiene efectos, a veces no deseados en las dinámicas legislativas, en los procesos de aprobación de leyes y finalmente en la vida económica, política y social del país.

Los momentos de sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios en los sexenios pasados fueron patentes pero no lo suficiente preocupantes para que la opinión pública se preocupara demasiado. Por ejemplo, durante los sexenios de los expresidentes Fox y Calderón dicha sobrerrepresentación favoreció al PAN en un 44% y 42%, respectivamente, superior a los votos sufragados directamente por la población. Con Peña Nieto, pasó lo mismo, el PRI obtuvo 48%, y en el 2018, durante el sexenio de López Obrador sus fuerzas políticas coaligadas sumaron una sobrerrepresentación del 64%. Lo que hace crisis ahora es que, siguiendo la misma lógica y la letra del artículo 54, para el sexenio de Claudia Sheinbaum, su fuerza política coaligada recibirá muy posiblemente 74% de sobrerrepresentación, la mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución sin requerir el consenso con las demás fuerzas políticas.

En el caso de la próxima LXVI Legislatura, tanto el Ejecutivo Federal como el INE han revelado una configuración para Morena del 49.6% de las curules que respeta los límites constitucionales. Sumando a sus partidos aliados, como el PT y el PVEM, el porcentaje de representación sube considerablemente hasta el 74% mencionado. Por ello, la agenda pública está volcada en el debate sobre si esta configuración respeta verdaderamente el espíritu de la ley o no, sobre si debe leerse a la letra del artículo 54 Constitucional, o si debe interpretarse a la luz de principios, como la pluralidad.

La sobrerrepresentación que alcanza la mayoría calificada es un juego de suma cero, pues implica obviamente la subrrepresentación de la oposición. Esto significa que, aunque millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto para equilibrar el poder, su representatividad en el Congreso se ve disminuida, debilitando el principio democrático de una representación justa y equitativa. Este problema provoca incertidumbre y pugnas entre las fuerzas políticas que reflejan y confirman el error de origen.

La sobrerrepresentación legislativa que se vislumbra para la coalición Morena-PT-Verde en el Congreso ha cobrado mucha relevancia al ser la llave para la autorización de dichas reformas legales, pero también ante la inminente subrrepresentación de los partidos de oposición a dicha coalición que los dejaría inoperantes como contrapesos no solo en las votaciones de las reformas al no contar con el apoyo de al menos el 33% de los miembros de cualquiera de las cámaras del Congreso para que la impugnación proceda.

Una mayoría calificada puede ser una herramienta tanto para fortalecer como para debilitar las instituciones democráticas, dependiendo de cómo se utilice. Si las reformas constitucionales y legales se llevaran a cabo con responsabilidad y autocontención del poder, podrían mejorar el funcionamiento de instituciones clave como el INAI, la Cofece, el IFT y el INE. Pero, si se usan para concentrar el poder sin escuchar a las voces disidentes, y para debilitar los contrapesos democráticos, pueden representar graves riesgos en diversos ámbitos de la vida pública, desde la economía hasta la justicia y la democracia.

En un contexto global donde se valoran la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las normas constitucionales, la fuerza política dominante, con su inminente sobrerrepresentación y mayoría calificada, podría elevar su visión sobre sí misma y optar por manejar con mucha responsabilidad y visión democrática su propia circunstancia para ser vista desde dentro de México, y desde el ámbito internacional, como una fuerza política vanguardista, responsable, madura, y democrática.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.