Una justicia abierta de par en par

En la actualidad, las sociedades exigen dos elementos básicos propios de un régimen democrático: transparencia y rendición de cuentas. Estas buscan garantizar, por un lado, un entorno regido por el Estado de Derecho y, por otro, que la judicatura ejerza su función pública consciente de su responsabilidad ante la ciudadanía. Esta responsabilidad implica resolver sentencias jurídicamente impecables y dar a conocer a la opinión pública las decisiones judiciales correspondientes.

La aplicación adecuada de este binomio se traduce en garantizar una justicia que otorgue legitimidad a los tribunales, condición fundamental para que las sentencias sean válidas, eficaces y justas.

El Poder Judicial tiene la obligación inquebrantable de promover una justicia abierta que permita a la sociedad participar activamente en la comprensión e influencia de las decisiones y fallos emitidos por la judicatura.

Pero… ¿qué es la Justicia Abierta?

Se trata de un principio constitucional vinculado directamente con la democracia. A su vez, se sustenta en otros principios como:

• Legitimidad de la justicia: Capacidad del sistema democrático de generar y mantener el reconocimiento ciudadano hacia las instituciones como encargadas de proteger los derechos fundamentales de la sociedad.
• Imparcialidad de los integrantes de las instituciones de justicia: Quienes juzgan deben hacerlo de forma objetiva.
• Transparencia en las decisiones judiciales: Fundamentada en el principio de máxima publicidad.
• Rendición de cuentas de los integrantes de los órganos judiciales: Obligación de informar sobre sus actuaciones.

Además, la justicia abierta está relacionada con la democracia deliberativa. Esto quiere decir que está basada en decisiones jurídicas tomadas luego de un debate justo y razonado, apegado a los mandatos constitucionales y legales. Su fin es ser un regulador social de los derechos humanos que permite, entre otras condiciones, la libertad de expresión judicial, el derecho a la información y el acceso a la justicia.

¿Es fundamental la Justicia Abierta en materia electoral?

Por supuesto. Especialmente si consideramos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la competencia para resolver, de forma definitiva e inatacable, entre otras materias:

• Impugnaciones de las elecciones federales (presidencia de la República, senadurías y diputaciones).
• Declaración de nulidad de elecciones.
• Impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de autoridades competentes para organizar y calificar elecciones o resolver controversias electorales.
• Impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de la ciudadanía.

¿Cómo debe materializarse la Justicia Abierta en materia electoral?

A través de:

• Dar a conocer pública y transparentemente las sentencias emitidas.
• Explicar claramente los procesos llevados a cabo, los derechos vulnerados y los mecanismos para exigirlos.

De esta manera, se logra la legitimidad y confianza de actores políticos y sociales tanto del Tribunal Electoral como de sus juezas y jueces.

Por lo tanto, la Justicia Abierta debe ser un vínculo entre la ciudadanía y los tribunales. Esto no solo implica una relación estrictamente jurídica, sino también una cercanía con la sociedad mediante la información permanente sobre las decisiones tomadas conforme al Estado de Derecho, la protección de los derechos político-electorales, los resultados de las elecciones y la conformación y representatividad ciudadana en los órganos deliberativos.

Solo una Justicia Abierta plena, como principio constitucional, puede ser eficaz en una democracia deliberativa. Esto se cumple cuando se garantiza la protección de los derechos y el acceso a la justicia a toda la ciudadanía.

La Justicia Abierta implica la exposición de los recursos públicos utilizados, la relación cercana con instituciones del Estado mexicano para alcanzar objetivos comunes, la colaboración con la academia para fortalecer ideas y perspectivas de la justicia, la interacción con los medios de comunicación para profundizar en la explicación de los temas resueltos y la presencia en redes sociales como vehículo de transmisión de información e interacción con la población.

En última instancia, como jueces, es nuestra responsabilidad tener libertad en la alta tarea de conocer asuntos, analizarlos y resolverlos de manera pulcra e imparcial.

Es la ciudadanía, con su juicio, quien podrá definir la labor de Justicia Abierta tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de las magistradas y los magistrados que lo integramos.

*El autor es magistrado del TEPJF.