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INE seguirá con la revocación; espera fallo final de SCJN
El Instituto Nacional Electoral cuenta en la actualidad con más de 1,500 millones de pesos para la consulta, no obstante, necesita casi 4,000 millones para realizarla, según sus propias estimaciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que acatará el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Revocación de Mandato presidencial, por lo que ajustará sus procedimientos a los 1,503 millones con los que cuenta para llevar a cabo el próximo año ese ejercicio de consulta ciudadana.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que el órgano electoral se mantendrá atento a que esa instancia judicial resuelva de fondo la controversia constitucional que presentó por no contar con los 3,830 millones de pesos que requiere en total para organizar y celebrar la consulta de Revocación de Mandato.
Córdova resaltó que ese primer fallo de la Corte tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto.
Afirmó que en ningún momento detuvo el proceso de verificación y validación de firmas que son necesarias para cumplir el requisito constitucional de 3% respaldo de la Lista Nominal. En ese sentido, dijo que ha recibido un millón 44,630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias para que abonen al cumplimiento del requisito.
Trasfondo en fallo
Este primer fallo del máximo tribunal, a consideración del exconsejero del INE, Benito Nacif, tiene de trasfondo el objetivo de realizar la revocación antes de las elecciones locales del próximo año.
“Sí hay una determinación de estas dos ministras de que no pase más tiempo para que la consulta no se vaya después de las elecciones, creo que eso es el meollo del asunto, que con esta suspensión están diciéndole al INE que la consulta se tiene que hacer antes de los comicios locales, no después de éstos”, opinó.
De igual manera, manifestó que esta situación sigue en manos de la SCJN la cual tendrá que resolver de fondo y detallar cuáles serán los siguientes pasos que deba realizar el Instituto Electoral.
“Lo que necesita saber el INE es dos cosas: voy a tener más dinero para organizar la revocación en los parámetros establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato o no voy a tener más recursos, si es el caso, díganme si puedo tener la flexibilidad para reducir el número de casillas, para dejar de instalar los sistemas digitales que están previstos, entonces digamos que esta resolución (...) nada de eso resuelve, tendrá que verse en enero”, indicó Nacif.
Por otro lado, la exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván indicó que esta orden de la SCJN lo único que dice es que el INE debe seguir recibiendo firmas y contarlas.
“Lo que dicen estás dos ministras, por cierto nombradas en el periodo de López Obrador, es decir a fines a la administración, sigan con el proceso porque para lo que están haciendo sí hay dinero, veremos qué sucede si consiguen las firmas y si no ciertamente no van a necesitar más dinero”, sostuvo.
Impacto en democracia
Ambos exconsejeros reconocieron que este proceso no afecta la credibilidad del INE. Benito Nacif dijo que “el INE gana algunas y pierde otras en los tribunales (...) Yo siento que no es un golpe a la credibilidad del INE”.
Por su parte, Marván consideró que esta situación entre la SCJN, el INE y el Ejecutivo federal afecta más a la credibilidad de la democracia. “Parece muy lamentable que se promueva primero una ley, que desde mi perspectiva es innecesaria (...) Resulta que quien está promoviendo su propia revocación es el mandatado, el propio presidente en turno es el más interesado que haya una votación de revocación, la verdad está pies arriba, no tiene sentido y menos uno democrático, lo que se está haciendo es burlarse de la democracia”.
Denuncian a miembros del Consejo General
El presidente de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, formalizó su denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que avalaron la suspensión del proceso de Revocación de Mandato. La denuncia es por la supuesta comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad de los consejeros Lorenzo Córdova; Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Ruiz y Beatriz Zavala; además de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE. También entregó una queja ante el OIC del INE por presuntas faltas administrativas. La coalición Va por México rechazó la denuncia y enfatizó que representa un “atentado contra la democracia”. (Maritza Pérez)