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“Estados deben mejorar la gestión de la deuda pública”: Imco
Entre las propuestas del instituto destaca definir el concepto de inversión pública productiva en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Para que la deuda pública de los estados y municipios realmente se transforme en un factor de crecimiento económico, es necesario mejorar su gestión, ya sea por cambios a la Ley de Disciplina Financiera o incorporando una mayor transparencia de las fuentes de ingreso, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con el reporte Hablemos de Deuda 2023, que se centra en analizar la situación de endeudamiento de los estados y municipios, Imco detalla que se necesitan implementar cambios para que los estados destinen los recursos de los financiamientos a favor de la generación de infraestructura y generación de empleos; es decir, que se concrete el fin de que la deuda puede ser productiva.
Entre las propuestas está definir el concepto de inversión pública productiva en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que actualmente es ambiguo.
“Se deben establecer en la ley, desde los congresos, mecanismos que permitan medir el impacto real de la deuda pública subnacional en las entidades federativas o municipios”, ahonda el análisis.
También hay que establecer bases mínimas de la gestión de la deuda y de sus riesgos, y es que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya realiza un monitoreo general, es importante que las entidades tomen en cuenta los riesgos adicionales en las finanzas públicas al elaborar los presupuestos.
El objetivo es garantizar “que existan recursos suficientes para hacer frente a contingencias y evitar que estas afecten los pagos de la deuda”.
Además, resulta necesario incorporar la transparencia de las fuentes de ingreso a los proyectos de inversión, ya que a nivel local no se sabe de manera precisa qué proyectos o programas están pagados con deuda pública.
“En este caso, la deuda pública subnacional, en su justificación de empleo en proyectos, debe obligar a los gobiernos a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud, entre otros, y que solventen técnicamente que los impactos serán favorables para la población. Además, se deben transparentar las cifras y proporciones de recursos por fuente de ingresos empleados”, reitera Imco.
El instituto asegura que se debe mantener el Sistema de Alertas de la SHCP y utilizar la información recopilada por el Registro Público Único, ya que este sistema es un paso reconocido en el proceso de gestión de la deuda pública.
“Es importante que se mantenga por dos razones: permite la mitigación de potenciales riesgos y permite que haya información para que tanto acreedores como deudores fomenten una mayor competencia en las contrataciones”, subraya el documento.
Al alza
De acuerdo con Imco, en un periodo de 15 años, del 2007 al 2022, el saldo de la deuda subnacional aumentó 89% en términos reales, principalmente por el incremento de 84.3% entre el 2008 y el 2012, durante la crisis financiera.
Entre el 2012 y el 2022 el crecimiento de la deuda pública subnacional se mantuvo estable, con un alza de 0.3%; al cierre del 2022, el saldo fue de 684,396 millones de pesos.
Coahuila y Nuevo León registran la mayor deuda como proporción de sus ingresos estatales, de 62.0 y 61.2%; en tanto, 59% de la deuda municipal se concentra en cinco estados: Jalisco (con 13.6%), Estado de México (12.5%), Sonora (11.8%), Nuevo León (10.5%) y Baja California (10.4 por ciento).
