AMLO quiere un INE a modo

El presidente López Obrador confirmó ayer la intención de su gobierno de promover una reforma electoral. En junio pasado había revelado que enviaría al Congreso una iniciativa para desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como trasladar las funciones del INE al Poder Judicial.

Ahora, el político tabasqueño anunció en su conferencia de prensa matutina que buscará baraja nueva en el INE y Tribunal Electoral. “Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces –remató–, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”.

Las reformas electorales en el pasado respondían a las demandas de los partidos de oposición. Durante el largo periodo en el que el PRI dominó la política mexicana, los cambios en la legislación electoral respondieron la necesidad de dotar de legitimidad a los cambios de política económica. Tras la transición a la democracia, cuando el apoyo de la oposición se volvió necesario para aprobar los cambios legislativos, las reformas electorales se volvieron moneda de cambio.

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, la reforma que introdujo el actual modelo de comunicación política en 2007 fue parte de un acuerdo más amplio que incluía un paquete fiscal dirigido a aumentar la recaudación. Siete años después, la transformación del IFE en INE sirvió como concesión al PAN y PRD, a cambio de su apoyo a otras reformas que se acordaron como parte del Pacto por México.

Llama la atención que el impulso de la reforma anunciada por el presidente López Obrador provenga del propio partido en el poder. La oposición, hasta ahora, parece bastante cómoda con el statu quo en materia de legislación electoral.

En 2019, en plena luna de miel, Morena propuso reducir el financiamiento público a los partidos políticos y desaparecer a los institutos electorales de los estados. La iniciativa naufragó porque los partidos de oposición la entendieron como una medida para debilitarlos. Los propios aliados del presidente en el Congreso, PT y el Partido Verde, la rechazaron, pues los dejaba en una precaria situación financiera.

El llamado del presidente López Obrador a cambiar la legislación en materia electoral deja muchas dudas y genera una enorme desconfianza. Si se desaparecieran las diputaciones y senadurías plurinominales, como él propone, México sufriría un grave retroceso en materia de representatividad y equilibrio de poderes. La idea de dejar la organización de las elecciones en manos del Poder Judicial solo puede calificarse como una ocurrencia temeraria.

El llamado a descabezar tanto al Consejo General del INE como a la Sala Superior del Tribunal Electoral debe causar especial preocupación. El político tabasqueño, en este aspecto, no plantea una reforma sino una represalia. Busca castigar con la destitución a consejeros y magistrados electorales por tomar decisiones que afectaron los intereses de su partido político. De prosperar, la medida representaría un grave retroceso hacia el modelo de autoridades electorales sometidas al poder presidencial.

Por fortuna, Morena y sus aliados en el Congreso no tienen por sí solos la capacidad de aprobar los cambios propuestos por el presidente López Obrador. Todos ellos requieren mayorías calificadas de dos terceras partes. Tras las elecciones legislativas pasadas, la oposición ganó la capacidad de vetarlos. Sin el respaldo del PRI o del PAN, no hay manera de aprobarlos en el Congreso.

Al parecer, el presidente y su partido intentarán dividir a la oposición. Buscarán convencer al PRI de la conveniencia de descabezar a los órganos electorales para luego repartirse las posiciones. Si el PRI acepta el trato, sellaría también su destino como partido satélite de Morena.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif