Cambio de reglas (II)

Las reglas, tanto las formales (leyes y reglamentos) como las informales (usos y costumbres) son la parte más importante del arreglo institucional. Cómo estén diseñadas, cómo se apliquen y cómo se penaliza en caso de que se violen constituyen el principal elemento para determinar si los inventivos que se derivan de estas reglas bajo las cuales actúan e interactúan los diferentes agentes económicos (familias, empresas, sindicatos, gobierno, etcétera) están alineados con el objetivo deseado. De no ser así, es recomendable cambiarlas para modificar los incentivos y el resultado; cambiar las reglas tiene sentido si hay un beneficio neto de hacerlo.

Un ejemplo de lo anterior fue el cambio estructural que experimentó la economía a raíz de la apertura iniciada en 1986 y la posterior consolidación con la entrada en vigor de varios tratados de libre comercio, principalmente el TLCAN, hoy el T-MEC, además de tratados para la protección de la inversión. Este cambio de reglas generó el incentivo, con una clara ganancia social, para la reasignación sectorial y regional de los recursos y además, de notoria importancia, dar un fuerte incentivo a la inversión nacional,y extranjera al haberse generado con los tratados la certeza jurídica de la permanencia de la apertura.

La errónea idea que tiene el presidente López de que la soberanía nacional se basa y fortalece en que dos empresas gubernamentales sean monopolios en el sector energético lo llevó a violar las reglas establecidas en el T-MEC y de ahí la controversia interpuesta por Estados Unidos y Canadá. Con el sueño de regresar a un supuesto pasado glorioso que nunca existió, está poniendo en riesgo no solo a las exportaciones sino también a la inversión y al crecimiento futuro del país; envuelto en la bandera populista - nacionalista no parece importarle. El cambio en las reglas del juego en el sector energético, en lugar de generar un beneficio neto, lo que ha hecho es imponerse a la economía un costo neto reflejado en menor inversión, crecimiento y bienestar social.

Pero no es únicamente el sector energético. Con la intención de acaparar el poder y tratando de evitar la transparencia y la rendición de cuentas, con una ideología arcaica y con la consigna de borrar toda huella del “neoliberalismo” (whatever that means), se ha dedicado a cambiar las reglas del juego en varios sectores. Prácticamente todos estos cambios han implicado una pérdida de eficiencia del arreglo institucional, generando incentivos ineficientes y en muchos casos perversos. El resultado ha sido una pérdida en el bienestar de la sociedad. Destaco cuatro casos.

Primero las arbitrarias cancelaciones del aeropuerto en Texcoco y de la planta cervecera en Mexicali mostraron a los inversionistas que las reglas establecidas carecían de valor frente a los caprichos presidenciales. La señal de que en México ya no habría certeza del cumplimiento gubernamental de las reglas, mermando con ello garantía jurídica, generó una notoria caída de la inversión reduciendo con ello el potencial de crecimiento de la economía.

Segundo, el presidente, con otra decisión equivocada, en lugar de mejorar el Seguro Popular decidió arbitrariamente cancelarlo y sustituirlo por el INSABI, una institución pésimamente diseñada con reglas ineficientes; un engendro que nació destinado al fracaso. El resultado fue dejar a 15 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. El capricho de un individuo que redujo la eficiencia del arreglo institucional con un elevado costo social.

Tercero, el arbitrario cambio de reglas en la adquisición de medicamentos e insumos para las instituciones públicas de salud. El resultado, un desabasto de medicinas como nunca antes en historia reciente de México e instituciones de salud sin los insumos necesarios para una adecuada atención de pacientes. Una decisión que ha generado y seguirá generando un alto y creciente costo en bienestar.

Cuarto, el cambio en las reglas en 2021, un claro propósito de compra de votos, redujo de 68 a 65 años de edad el requisito para que los adultos mayores reciban la pensión no contributiva; bien para ellos, mal para el país. El aumento en la esperanza de vida debía reflejarse en que la edad para recibir una pensión debería aumentar; al haberla reducido introdujo el incentivo para un retiro laboral más temprano. Ya no se diga, además, que en pocos años será una carga insostenible para las finanzas públicas.

Y así, muchos casos más de cambios en las reglas que hicieron más ineficiente el arreglo institucional y los incentivos; cambios, todos ellos, que han implicado un costo social neto.

Twitter: @econoclasta