Cortina de humo

Una condición para la correcta implementación de una nueva normativa, sin duda es el consenso social pero, además de ello, se requiere por igual que la ley en cuestión acomode en un marco de circunstancia atingente al momento económico, político e incluso histórico. En el caso de que una innovación en el marco legal provoque una distorsión negativa en tales ámbitos, bien se debería recapacitar sobre lo idóneo de su implementación. Tal es el caso de la multi-mencionada Ley Antitabaco que, en origen para muchos viene a representar una lesión grave a la libertad de elección sobre un producto de consumo que, si bien nocivo en sus efectos, no está en la sombra de la ilegalidad. Y esta última aseveración es donde estriba la argumentación que se convertirá en sustento de miles de amparos de pequeños comerciantes quienes ahora, se ven imposibilitados para exhibir y mostrar un producto que no encuentra una prohibición para su mercadeo.

Se estima que en nuestro país, cerca de 800,000 pequeños negocios podrían estar afectados por la entrada en vigor de esta normativa. Así, los daños económicos propiciados por el cierre obligado por la pandemia, se profundizan sobre aquellos quienes aún no encuentran su estabilización plena. La operación de la Ley General para el Control del Tabaco, con la totalidad de prohibiciones que van mas allá del daño económico a comerciantes, viene a presentarse como una reluciente insignia en la cultura de la prohibición que termina por generar mayores problemas que aquellos que pretende resolver. Se ataca el problema de salud por dos vías punitivas; en primer término, ya mencionado, mediante la limitación total de publicidad sobre cualquier producto que implique el consumo de tabaco. En segundo término, se acota fuertemente a los establecimientos para permitir el consumo de estos productos; lo anterior, viene a desechar los esfuerzos que miles de restaurantes hicieron en 2009 para adecuar sus espacios por ante el requerimiento de contar con zonas abiertas y destinadas al consumo de tabaco. Y para completar el abanico de limitaciones, ahora entran al escenario los denominados espacios de concurrencia colectiva, como lugares donde también no se permitirá fumar.

El gran cuestionamiento es si dichas acciones lesionan diversos derechos, incluyendo aquellos vinculados al consumidor para su libre elección. Además, es cuestionable que la Secretaría de Salud se extralimite en sus funciones al constituirse en legislador a través de la emisión del reglamento correspondiente.

Lo cierto es que existe un dilema que tensiona un problema de salud pública con una situación jurídica en un escenario posiblemente violatorio de derechos. En México, el Instituto Nacional de Salud Pública considera que existen 15 millones de fumadores, y que la edad promedio para iniciar a fumar es de 14 años. Con este conteo se antoja un equilibrio, algo que vaya al fondo, más allá de la cortina de humo que evita ver la profundidad del problema.

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