Deslave del Cerro de Chiquihuite puede pasar con otros asentamientos humanos irregulares

El deslave sucedido hace unos días en el Cerro del Chiquihuite, con el lamentable saldo de pérdida de vidas, es resultado de varios factores: pobreza y asimetrías sociales; destrucción ambiental; líderes “sociales” que les sacan lo poco que tienen a las personas más pobres para formar los asentamientos humanos irregulares; falta de estado de derecho y; autoridades que a lo largo de las décadas, han decidido tomar la misma conducta evasiva para evitar el costo político de reubicarlos y comenzar una política ambiental para restaurar el equilibrio ecológico y remediar el ambiente a corto, mediano y largo plazo.

Los desastres naturales son consecuencia de la actividad humana y de la falta de haber asumido cada uno de los sectores dentro de la sociedad: público, privado y social, la responsabilidad de las consecuencias de los actos.

El desgaje de cierros se da en alguna medida por la tala de árboles cuyas raíces los sostienen, impide que se recarguen los mantos acuíferos y es lo que provocará que el suministro de agua potable se vea disminuido cada vez más en perjuicio de las y los habitantes de la ciudad de México. No puede esperar más la restauración del equilibrio ecológico y remediación ambiental.

Lo mismo han dañado talando bosques y cerros, los grandes consorcios para construir desarrollos de casa habitación a gran escala, bajo la protección de autoridades que otorgaron los permisos administrativos, con transacciones monetarias ilegales de por medio; que personas de escasos recursos económicos asentándose en forma ilegal con el auxilio de líderes que prometen combate y levantamientos en caso de desalojo.

El derecho humano a una vivienda digna, está contemplado en el artículo 4 de la Constitución General e implica, entre otras políticas, que el Estado otorgue créditos baratos a toda persona para que pueda tener acceso a una vivienda adecuada que cuente con una infraestructura básica “que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje;” como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar este precepto.

Para que esto suceda, deben estar los tres poderes públicos en el mismo lado, porque resolver desde un escritorio dando alcances a numerales constitucionales o convencionales, clarifica conceptos para el mundo académico, pero para efectos prácticos, no soluciona los problemas. Las medidas legislativas, políticas púbicas, políticas judiciales, fiscalización y, sobre todo, presupuestarias, son indispensables para que tenga consecuencias reales el derecho a una vivienda digna y a la protección al ambiente, que van de la mano.

Sin embargo, hay sectores de la población que se encuentran en pobreza extrema, que no tienen acceso a créditos asequibles y baratos para adquirir una vivienda, porque ni siquiera condiciones mínimas de vida tienen. A estos grupos, se les debe dar un trato especial y en lugar de créditos, las autoridades deben llegar a acuerdos en los que el Estado pone el lugar y materiales y ellos, la mano de obra para construir las viviendas -si es que hay espacio físico-. O establecer alguna otra política pública, que tenga una medida de apoyo social para que puedan adquirir una vivienda digna en un lugar distinto a un cerro, borde de un río, o área natural protegida y, en estas zonas, en las que cada vez con mayor claridad se encuentran los asentamientos humanos irregulares, se pueda reestablecer el equilibrio ecológico por etapas.

La razón por la que no pueden tener acceso a créditos y es necesario darles trato diferente, es porque la estrategia de erradicar la pobreza y diferencias sociales para que las personas tengan un piso parejo y bienestar mínimo a efecto de tener un proyecto de vida libremente determinado no ha funcionado. En México, hay pobreza estructural que condena a las personas a quedarse dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad histórica, sin poder regir su propio destino.

En las últimas décadas a través de diversos programas sociales, se han dado dádivas y condicionamientos políticos que, a pesar de la prohibición legal, han estado pintados de colores partidarios y de actos de corrupción. Y, el pasado par de años, han estado marcados por la escisión social; por reclamos entre estratos sociales como política de gobierno, así como por la determinación de una única moral pública, que ha provocado no solamente rupturas y rompimientos sociales más profundos de los que ya existían, sino falta de inversión privada nacional y extrajera, que tiene como consecuencia la disminución en la recaudación fiscal que se utilizaría en alguna medida para los programas sociales y bien gastado, para disminuir las brechas sociales.

Vivir de remesas o del petróleo como fuente de ingresos es debilitar a la economía y quizá impedimento para erradicar la pobreza. Es necesario reconciliar a la sociedad, sin reclamos entre estratos sociales como política de estado. Se deben también generar condiciones que den certeza y seguridad jurídica a las inversiones sustentables ambientalmente y que se garantice que el estado de derecho se aplica incondicionalmente. El respeto al principio de legalidad y al estado de derecho fortalece las instituciones especialmente aquellas que son factor de movilidad social.

El segundo punto total, es la destrucción ambiental, que se ha dado desafortunadamente con el conocimiento y a veces complicidad de autoridades -en todos los niveles sociales-, porque ha sido por acción o por omisión. Esto justamente es lo que debilita a las instituciones y al estado de derecho. Los asentamientos humanos irregulares, han sido también una de las causas de degradación ambiental y que van acompañadas de falta de opciones de una vivienda digna y de políticas públicas adecuadas que aborden los problemas de la pobreza, de la protección al ambiente y la vivienda en forma holística.

El caso del Cerro del Chiquihute, no es el único. Hay asentamientos humanos irregulares al menos en Xochimilco, cuya intervención para tomar medidas por parte de las autoridades tanto de la alcaldía, de desarrollo urbano y ambientales de la ciudad de México ha sido omisivo. Se solicitó y aperturó un expediente desde febrero de 2012 que llegó a la justicia federal. Lo mismo sucede en Cuajimapla, con expediente abierto desde noviembre de 2011 que igualmente llegó a la justicia federal por el mismo tema de asentamientos humanos irregulares. Está también el caso del cerro de la Estrella, en donde se solicitó la protección ambiental. Sin embargo, las sentencias no han tenido eco alguno, porque el costo político que se midió seguramente era y es muy alto. El problema es que cada vez lo es más.

Lo que sucedió con el Cerro Chiquihuite, al final de cuentas, tiene peores consecuencias que costo político porque la pérdida de vidas no se recupera con nada.

Todo esto orilla a concluir, que las autoridades deben llevar a cabo acciones y procedimientos administrativos necesarios para retirar los asentamientos humanos que contravengan la normatividad aplicable en los suelos de conservación y áreas naturales protegidas, porque mientras más pasa el tiempo, se avala la existencia, establecimiento, crecimiento y sobre todo la consolidación de los asentamientos humanos irregulares con la posibilidad de pérdida de vidas ante algún desastre natural.

Ya no puede postergarse más la omisión en abordar la situación de los asentamientos humanos irregulares que están en diversas alcaldías como en Xochimilco y Cuajimalpa porque se transgrede el derecho humano de protección al ambiente y a la vivienda digna.

La acción por omisión es lo que daña a todos los habitantes de la ciudad. Es cierto que el tema de la vivienda es mayor, pero no puede darse en forma desordenada, a costa del medio ambiente, o en lugares en los que genera más riesgo a las poblaciones que de por sí están en situación de vulnerabilidad. Quizá antaño se podía y permitía regularizar los asentamientos humanos irregulares, pero actualmente está tan comprometido el ambiente, que esta salida ya no es viable.