Inclusión digital y las brechas en conectividad

Resulta imposible participar en un evento de telecomunicaciones en el que no se mencione la inclusión digital como objetivo de todos los actores del mercado. Objetivo loable y necesario si se tiene en consideración todas las externalidades positivas que acarrean las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) cuando llegan a sectores que anteriormente no tenían conectividad, pero no solo con cobertura sino con un plan más amplio que incluye elementos intangibles como aplicaciones, software y capacitación de docentes u otras personas interesadas en utilizar la tecnología. Es por esta razón que es necesario tomar un paso atrás y explorar con más énfasis lo que significa e implica la inclusión digital para los países y territorios de las Américas.  

El concepto “inclusión digital” se refiere a la adopción de TIC por todos los estratos de la sociedad, principalmente a la capacidad de la población de acceder a servicios de banda ancha de alta velocidad. Una de las recetas de los gobiernos para impulsar la inclusión digital y de esta forma reducir las diferentes brechas digitales existentes, es incrementar el porcentaje de la población con acceso a servicios de banda ancha ya sea móvil o fija.  

Alcanzar este objetivo no es sencillo pues requiere de planes estratégicos a largo plazo en el que estarán figurando diversas entidades como responsables de llevar la conectividad a todas las localidades de un país. Dicho de otra manera, los planes de conectividad que se van formulando, centrados en cobertura de servicio por medio de plataformas asequibles para la población, se centran en definir cuáles son las alternativas disponibles para lograr este fin.  

Los ejemplos observados a nivel latinoamericano nos muestran desde requerimientos de extensión de servicios como parte de la concesión para ofrecer servicios de acceso a telecomunicaciones hasta la incorporación de requisitos de cobertura a localidades, poblaciones, escuelas, carretera u otras entidades que identifique el gobierno como parte de una concesión de espectro radioeléctrico para servicios móviles. Esta última alternativa, inicialmente principalmente utilizada por Chile ha ido cobrando adeptos a nivel regional y ha sido adaptada para ser incorporada en procesos de asignación de espectro en mercados como Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana. 

Si nos centramos en el mercado colombiano, observamos que, en el mundo de servicios de banda ancha fija, el Ministerio TIC (MINTIC) nos muestra que la velocidad de descarga de una conexión de Internet en un hogar de estrato 6 (66,7 Mbps) es 9 veces más rápida que una conexión a Internet de un hogar de estrato 1 (7,2 Mbps). Sin en lugar de hogares estudiamos en la situación en los distintos departamentos del país, vemos que los identificados por el MINTIC con menor cantidad de líneas fijas de Internet por cada 100 personas y velocidades promedio de descarga más bajas, – Vaupés, Vichada, La Guajira, Guainía y Chocó – son los que, según el Índice de Necesidades Básicas que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), poseen mayor porcentaje de su población viviendo en niveles de miseria.  

Mirando al mundo móvil de este país sudamericano, la primera subasta 4G de 2013 ordenó el despliegue de esta tecnología en todas las cabeceras municipales del país. Seis años después el MINTIC afirmaba que el 90% de los centros poblados carecían de esta tecnología. Queda claro que dar cobertura a una cabecera municipal no significa ofrecer servicio a todos los habitantes del municipio. Por esta razón, la segunda subasta 4G celebrada en 2019 apuntó a impulsar la cobertura 4G en 5766 centros poblados que hasta ese momento carecían de la misma.  

No obstante, un elemento clave en la adopción de toda tecnología móvil, como 4G, es la disponibilidad de teléfonos que soporten esta tecnología. Cifras del MINTIC muestran que a final de 2020 Colombia contaba con 67,7 millones de accesos a servicio móvil de los cuales unos 32,5 millones accedían a servicios de banda ancha móvil y apenas un 75% accedían a servicios 4G. Dicho de otra manera, tan solo el 48% de las líneas celulares del país accedían a servicios de banda ancha móvil.  

Estimaciones de la consultora global Counterpoint Research indican que en promedio los colombianos cambian de celular cada 28 meses, por lo que, para acceder a un dispositivo más moderno, que permita el uso de nuevas aplicaciones y mejor conexión a Internet, demoran más de dos años. Tal vez por esta razón, según dicha consultora, a fines de 2020 había 29,6 millones de celulares capaces de conectarse a una red 4G o el 44% del total de teléfonos celulares en funcionamiento.  

Números más reciente de esta consultora indican que la base instalada de teléfonos capaces a conectarse a redes 4G en América Latina a finales de 2020 fue de 55%, con estimados preliminares para finales de 2021 de llegar a un 62%.  

Si consideramos que según la consultora británica OMDIA, la cantidad de líneas móviles conectadas a personas fue de 708 millones a finales de 2020 y proyectada a llegar a 720 millones a finales de 2021 esto significa que aún en el caso hipotético de que todos los usuarios estén bajo cobertura de redes 4G y 5G unos 319 millones de usuarios no habrían podido conectarse a las mismas en 2020, reduciéndose este número a 274 millones a finales de 2021. ¿La razón? Teléfonos celulares anticuados que no operan en las dos generaciones móviles más recientes. 

Si nos fijamos en México podemos observar que, a finales de 2020, según la consultora mexicana The CIU, el país contaba con 125.7 millones de líneas celulares de las cuales un 91.89% contaba con un teléfono inteligente. Sin embargo, según el Banco de Información en Telecomunicaciones (BIT) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México nos indica que para finales de 2020 apenas el 82.49% de los celulares activos accedían a servicios de Internet móvil. El IFT, como tampoco lo hacen la inmensa mayoría de los entes de regulación del planeta, aún no discrimina el tipo de Internet móvil al que puedan acceder los usuarios por lo que una conexión EDGE se contabiliza de igual forma que una LTE.     

A simple vista estos números no parecen graves, pues apenas se está hablando de una brecha de apenas 17% de las líneas celulares activas del país. Sobre todo, si se está consciente de la información publicada por The CIU, consultora que estima la tasa de reemplazo de teléfono celular de México en 24 meses. Este recambio ayudará para que a finales de 2021 el número de dispositivos inteligentes en manos de los mexicanos alcance unos 122 millones o 94% del total en uso siendo capaces gran mayoría de estos nuevos dispositivos de conectarse al menos a redes 4G.  

El problema de mirar cifras agregadas es que solo presenta una cara de la moneda. Si miramos la data publicada para fines de 2020 por el BIT encontramos que la diferencia en puntos porcentuales en la penetración del uso de servicio celular para voz versus su uso para Internet es de 27 puntos porcentuales en el estado de Chiapas, de 23 en Oaxaca, 19 en Guerrero, 20 en Puebla y 22 en Zacatecas. Obviamente, para que no queden dudas, la cifra que lleva ventaja es la de telefonía. 

Existen muchas razones para esta disparidad que van, como se observó en el ejemplo colombiano, en la falta de teléfonos que puedan conectarse a redes más avanzadas hasta a el poder adquisitivo de la población. Es imposible pedirle a quienes viven en pobreza extrema, cifra que se ha incrementado en México en los pasados 18 meses según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que incrementen el gasto mensual en servicios de telecomunicaciones o que cambien su celular por uno más moderno.  

¿Por qué toda esta explicación utilizando de base a dos de los mercados más importantes de América Latina? Sencillo, promover la inclusión digital va más allá de la disponibilidad de cobertura de servicio, implica también impulsar la accesibilidad al mismo por medio de dispositivos adecuados.  

Asimismo, cualquier estrategia de inclusión digital no puede concebirse como un fenómeno aislado del que sólo se tienen que hacer responsables las autoridades relacionadas al sector TIC. Una estrategia de inclusión digital será exitosa cuando vaya acompañada de esquemas que apunten a la reducción de pobreza, expansión de infraestructura civil y el establecimiento de esquemas que faciliten la migración de los usuarios hacia nuevas tecnologías móviles bajo una política pública a largo plazo pues la necesidad de conectividad de la población no caduca.  

No basta con que la cobertura provea el servicio, deben existir los estímulos para que puedan ser contratados y utilizados. De lo contrario, cualquier esquema de transformación digital impulsará un mayor número de brechas digitales entre los segmentos más vulnerables de la población.