La nacionalización del litio

Después del estrepitoso fracaso de la reforma constitucional energética, el gobierno federal debía al menos coronarse con la bandera de bronce. Para ello reformó la Ley Minera para expropiar los activos del litio a manos del Estado mexicano.

El proyecto de nacionalización del litio es, como todos los procesos de la 4T, al menos poco pensado y estructurado. El litio constituye un mineral esencial para ciertos productos, como los teléfonos celulares, por lo que tiene mercado (al menos de momento) y está poco explotado en algunos países, en especial en el continente africano. Esto no quiere decir que lo siga siendo a medida que avance la tecnología, como sigue sucediendo con el petróleo, que seguirá siendo prioritario por al menos varias décadas más.

No hay estudios sólidos que analicen la cantidad de litio que tiene el país. Algunos nos colocan en el 6º lugar mundial, de acuerdo a algunas estimaciones. Uno de los problemas que parece tener el litio mexicano es encontrarse en un estado arenoso, combinado con otros elementos, por lo que requiere de sólidas tecnologías para su limpia extracción. México no cuenta con estas tecnologías, que tendrían que subcontratarse.

Todo proceso de nacionalización debe responder a un plan, no a una ocurrencia. Lo primero que debe analizarse es si el marco jurídico permite su extracción. De acuerdo a lo señalado por algunos consultores, parece ser que el T-MEC no permite en su régimen actual dicha extracción. Los límites al comercio debían haberse establecido como reservas en el Tratado, cosa que no se hizo, por lo que la nacionalización podría implicar indemnizaciones a los afectados, al amparo del Tratado. Para que dicho plan camine, se necesita una reforma en tal sentido en el Acuerdo, que daría lugar a compensaciones equivalentes por parte de Estados Unidos y Canadá.

En segundo lugar, debía haberse un examen más o menos detallado para ver si la nacionalización vale la pena. México debe contar con litio en cantidad suficiente para justificar su expropiación. No es suficiente con que lo diga Alfredo Jalife-Rahme. No sabemos si hay viabilidad financiera para su explotación. Por eso algunos han calificado la reforma como la nacionalización del vacío o de la “nada”. Otro Cantarell es sumamente improbable, además de que el costo de extracción es siempre elevado, a diferencia con lo que puede pasar con el petróleo.

Como tercer aspecto, se debían haber estudiado los cálculos económicos para convertir el litio en negocio para el gobierno. Aunque la Cámara Minera dice que con la nacionalización se esfumaron 24  mil millones de dólares, había que analizar si se podía constituir una cadena global de valor que compensase su expropiación. La nacionalización de un mineral como el litio es demasiado importante como para no examinar si generaría derrama económica nacional, lo que es sumamente discutible, porque se requieren de unos elevados costos de tecnología para su explotación con los que no cuenta nuestro país. La empresa paraestatal que se creara al efecto, como Litiomex, necesitaría celebrar contratos de transferencia de tecnología o farm-outs con empresas extranjeras que eliminarían parte de las ganancias para nuestro país. Tampoco se podría crear una cadena global de valor para incorporar al litio a los procesos de producción para los cuales es útil. México ha desaprovechó tal oportunidad con Estados Unidos cuando Apple subcontrató la fabricación de los celulares a empresas hindúes.

Ni siquiera con la guerra comercial China-Estados Unidos México ha aprovechado la ocasión para atraer inversiones americanas, que de otro modo se hubieran realizado en China. El discurso poco amigo hacia la inversión que ha mostrado López Obrador durante todo su sexenio ha impedido además hacer realizar esa oportunidad. El intento de reforma energética con una tendencia estatista y expropiadora ha sido el golpe final asestado por AMLO para que México desaparezca por años en la agenda de los inversionistas norteamericanos o chinos. López Obrador mantiene el récord de contar con el sexenio con la menor inversión privada y gubernamental para apuntalar el empleo. En eso sí tiene la medalla de oro.

Por todo lo expuesto aventuramos que la nacionalización del litio, como muchas de la política económica de la 4T, es en el mejor de los casos, una mala ocurrencia, y en el peor, el alejamiento final de México para atracción de los capitales extranjeros en los ránkings internacionales, así como de la inversión  nacional, que se han espantado de manera sistemática a lo largo de todo el sexenio. No habrá otro periodo de administración de la abundancia, como quizá en algún momento soñó el golpeador de Macuspana.