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La otra elección en Estados Unidos: Uber vs. sus conductores
Opositores a la Proposition 22 de California, que permite a Uber, DoorDash, Lyft e Instacart evadir el cumplimiento de una ley laboral que obliga a las empresas de plataforma a clasificar a conductores y repartidores como empleados. Foto: Reuters
Uber, Lyft, DoorDash e Instacart invirtieron el equivalente a 4,000 millones de pesos para ganar la elección más importante de su historia: que los ciudadanos de California negaran a los conductores y repartidores de esas empresas privadas la posibilidad de tener prestaciones como trabajadores formales y dejar de ser tratados simplemente como contratistas. Los derechos laborales a consulta popular. Es el mundo en que vivimos.
La votación se realizó como parte de las elecciones generales del 3 de noviembre en Estados Unidos y tuvo un resultado contundente: 58% de los californianos dio la razón a Uber y similares. También fue una derrota para la fórmula Joe Biden y Kamala Harris, que había llamado a votar en contra de la llamada Proposition 22.
Uber y Lyft (servicios de transporte), DoorDash e Instacart (entregas a domicilio) hicieron una inversión millonaria que tuvo un retorno inmediato. Primero, estas empresas de plataforma consiguieron las firmas suficientes para exigir una consulta popular sobre una ley que les obliga a regularizar a sus colaboradores y darles un trato de trabajadores plenos de derechos laborales. Segundo, lograron que 7.2 millones de ciudadanos se pronunciaran en ese referéndum para excluirlas del cumplimiento regulatorio.
La ley (Assembly Bill 5 o AB-5, sobre el estatus de empleados y contratistas independientes) fue aprobada en septiembre de 2019 en el Senado californiano con una aplastante mayoría de 3 a 1 (29 votos a favor, 11 en contra). Con ella se busca terminar con el outsourcing en la llamada gig economy (economía de chambitas o de talachas) con una regulación que altera el corazón del modelo de negocio de Uber y similares: el de exprimir a sus contratistas en una relación contractual que les evita costos laborales y les permite beneficiarse de sus ingresos.
La gig economy posibilita el surgimiento de servicios de transporte privado a través de aplicaciones móviles, de reparto de comida a domicilio o la incorporación temporal de personal en proyectos específicos (en la industria de reuniones, por ejemplo, para servir banquetes —catering— o montar infraestructuras). La lista de empresas es enorme en una economía digitalizada, dinámica e hipercompetitiva, con consumidores hiperconectados y adictos a la velocidad de sus teléfonos móviles. Casos en México: Uber Eats, Rappi, Cornershop, iVoy, DiDi, Workana.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de la necesidad de regular el empleo de la gig economy para evitar un futuro de jornaleros digitales, una recomendación que puede verificarse cuando la prosperidad de Uber es mayor en países donde la regulación laboral es más laxa y a favor de empleadores y empresas. Es el camino hacia una generación de freelancers que viven al día, sin capacidad de formar patrimonio ni de ahorrar para su retiro.
Los partidarios del Sí a la Proposition 22 aseguran que los conductores y repartidores valoran por encima de cualquier cosa su independencia, la posibilidad de decidir cuándo, a qué hora y cuánto trabajo están dispuestos a realizar.
Los opositores consideran que Uber y similares exprimen a sus contratistas “para maximizar sus ganancias transfiriendo el costo de hacer negocios a sus conductores y repartidores”. Una conclusión publicada por El Economista en 2016 con base en la experiencia de conductores locales y un ejercicio financiero sobre las ganancias obtenidas operando con Uber.
A cambio de un esquema de cobertura pleno (salario mínimo, reembolso de costos operativos como teléfono móvil, combustible, mantenimiento del vehículo, vacaciones pagadas), las compañías han ofrecido un estipendio para el pago de un seguro de gastos médicos a los conductores que sumen más de 15 horas de conducción a la semana, un seguro de riesgo de trabajo y un incentivo de 30 centavos de dólar por cada milla conducida. Flexibilidad laboral con beneficios, dice la propaganda corporativa.
El poder económico se impuso, impactó emocionalmente a los votantes y consiguió frenar una ley que le afectaba. Uber, Lyft, DoorDash e Instacart ganaron en casa (todas son de San Francisco) y sentaron un precedente para actuar con discrecionalidad en el cumplimiento de regulaciones laborales y, de paso, medioambientales en California, les da argumentos para buscar decisiones similares en otros estados y fortalece su cabildeo en otras naciones. Por si fuera poco, da el ejemplo a otras fuerzas privadas de replicar el modelo y modificar legislaciones que les afectan.
Victoria total del poder corporativo disfrazada de sabiduría popular. El mundo en que vivimos.
