Lo que se juega

Han sido un poco más de cuatro años de destrucción institucional. Incluso desde antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el presidente López se ha dedicado a minar las instituciones buscando debilitar si no es que hasta eliminar cualquier contrapeso. Todas y cada una de sus acciones han estado encaminadas a fortalecer su poder político. Si a ello sumamos su marcada intolerancia a la crítica y a que pueda haber siquiera el intento de ir en contra de sus designios, con un Congreso que actúa de manera más que servil a sus dictados y que no le cambia ni una coma a sus iniciativas no vaya a ser que enfurezca, lo que tenemos es que rápidamente esto ha evolucionado hacia una autocracia.

Entre las instituciones que destruyó destacan el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que acompañó con el empoderamiento de los sindicatos para asegurar su apoyo político a costa de la calidad de la educación, el Seguro Popular y su sustitución por el INSABI, un engendro que nació prácticamente muerto dejando sin acceso a los servicios de salud a 15 millones de personas, el mecanismo institucional para la adquisición consolidada de medicamentos con el consecuente agudo desabasto y Prospera - Oportunidades que promovía la educación de los niños y niñas de las cinco millones de familias más pobres del país otorgando becas y transferencias directas al ingreso familiar condicionado a que los infantes acudieran regularmente a la escuela y periódicamente a los centros de salud; además, ha cancelado diferentes programas como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Resalta que todo lo que destruyó tiene un impacto negativo que daña relativamente más a los pobres.

Adicionalmente, también se ha dedicado a minar otras instituciones que de alguna u otra manera le estorban como la Cofece que ha ido en contra de las prácticas monopólicas en el sector energético y el INAI que lo fuerza a transparentar el gasto público. De manera notoria están los ataques al INE y el debilitamiento presupuestal, institución heredera del IFE y a la cual no le perdona que no le avaló su alegato de fraude electoral en 2006 por la simple razón de que éste no existió; López no puede aceptar que perdió las elecciones de 2006 y de ahí su intención de destruir a la autoridad electoral con la reforma electoral constitucional que no fue aprobada porque Morena y sus rémoras de los partidos Verde y del Trabajo perdieron en las elecciones de 2021 la mayoría calificada en la Cámara de Diputados; como no le cumplieron su berrinche entonces ahí le va el inconstitucional “plan B”.

Siendo el presidente López el titular del Poder Ejecutivo y teniendo, como señalé, un mayormente servil Congreso de la Unión, lo que le falta para que efectivamente México derive en una autarquía, a una dictadura de facto, es tener un poder judicial subordinado a sus deseos, caprichos y berrinches y de ahí su intención de que sea “una de las suyas” quien encabece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como afirmó en defensa de Yasmín Esquivel acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura: “Ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial”. Cual “yegua de Troya”, destruyendo la independencia judicial desde adentro.

Y es aquí en donde entra la advertencia del Barón de Montesquieu quien en 1784 escribió en El Espíritu de las Leyes al resaltar la importancia de la división de poderes: “Todo estará perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.

Lo que se juega con la elección de quien encabece la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la independencia del poder judicial frente a los embates autoritarios del presidente López. Lo que está en juego es la democracia, la protección judicial de los derechos humanos como son la libertad de expresión y manifestación de ideas, de prensa, de asociación y de creencia religiosa así como la garantía y protección judicial de los derechos privados de propiedad y del cumplimiento de los contratos.

Lo que hoy, lunes 2 de enero de 2023 se juega en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nada más y nada menos que México y nuestra libertad.

Twitter: @econoclasta