Manual de AMLO para desaparecer al IFT

El presidente López Obrador está decidido a desaparecer o, por lo menos, a quitarle ciertas facultades y atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transferirlas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Y sí puede hacerlo.

No me abocaré a defender la autonomía del IFT porque estoy convencido de ella y porque esta cualidad se encuentra reconocida de manera expresa en la Constitución. Para un panegírico desinteresado y desde la sociedad civil, recomiendo consultar el pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) sobre el tema: “La autonomía del IFT e Inai es condición necesaria para garantizar el derecho a la información”.

En esta ocasión seré más realista que dogmático. Es evidente que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión sí pueden revertir la autonomía del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Tienen facultades legislativas para ello. Sería lamentable, pero la decisión de hacerlo y bajo qué términos legales ocurra, es independiente del resultado de las controversias constitucionales que se tramiten posterior a las iniciativas de ley que se presenten y se aprueben en las cámaras de Diputados y Senadores.

El Presidente AMLO ha sido muy claro de por qué no le agrada el IFT (o Infetel, como le ha llamado en la conferencia matutina).

1. La “autonomía” del regulador es entre comillas, es decir, AMLO no cree que sea realmente autónomo. Para su fortuna, existen varias tibiezas del Pleno del IFT que corroboran la validez de esas comillas. Además, cree algo que es difícil de desmentir: hay más “injerencia de los actores preponderantes que del Presidente”.

2. La autonomía es neoliberal. No hay mucho que alegar porque es una postura ideológica y un acto de fe del Presidente. Pero es cierto que las autonomías iniciaron en 1993 con el Banco de México durante el gobierno del innombrable y villano favorito Carlos Salinas, un mandatario neoliberal.

3. AMLO cree que el trabajo que desempeña el IFT debería hacerlo la SCT, es decir, el gobierno federal (también piensa que las funciones del órgano de transparencia o Inai debería tenerlas la Secretaría de la Función Pública). Al Presidente le gusta el control y la centralización administrativa; los órganos autónomos significan para él (y lo son en los hechos) pérdida de poder. El Ejecutivo añora el control político -no técnico ni especializado- sobre las comunicaciones, las empresas y los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. ¡Qué hermoso sería volver a negociar con ellos directamente! En este punto es donde tiene más validez jurídica, doctrinal, económica, práctica y social la defensa del IFT como un regulador autónomo.

4. AMLO quiere ahorrar recursos y que el dinero público se quede en y se administre por su gobierno. Los costos de la emergencia sanitaria lo están orillando a tomar medidas legislativas y administrativas radicales como la eliminación de fideicomisos y de algunas instituciones autónomas. No le asiste la razón ni es más eficiente o más democrático, pero al analista le corresponde deconstruir las motivaciones políticas de los protagonistas de los acontecimientos.

5. López Obrador está muy molesto porque los más altos funcionarios de los organismos autónomos (INE, IFT, Cofece) han logrado que el Poder Judicial preserve sus sueldos superiores a los del Presidente, a pesar de la reforma que promovió en ese sentido al artículo 127 constitucional. El Presidente no debe ser la medida de todas las cosas, pero AMLO sabe leer el corazón de la gente; existe la percepción popular de que funcionarios y políticos ganan mucho y hacen poco. Aunque los técnicos tengan la razón en este asunto, fue un error político la defensa judicial de sus envidiables remuneraciones. Eso irritó a AMLO; por eso va contra ellos en un tema donde “el pueblo” lo respalda y no meterá las manos en defensa de los técnicos-especialistas-profesionales.

6. Para desgracia de quienes defendemos la independencia del IFT, sí existe un antecedente: la reforma educativa de AMLO de 2019. En ella se derogó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que era un órgano constitucional autónomo. Hoy ya no existe. Es más difícil desaparecer al IFT y su defensa está mejor articulada y argumentada, pero si presenta la iniciativa al Congreso mientras tenga mayoría de Morena, puede lograrlo.

7. En la mencionada reforma educativa se encuentran las claves y el manual para desaparecer al IFT o quitarle atribuciones. Al abrogar la ley del INEE también derogó todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y dejó sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto.

8. El presupuesto, los recursos humanos, financieros y materiales del IFT formarían parte de un organismo público descentralizado no sectorizado. O sea, renacería la extinta Cofetel con otra denominación. Sería un retroceso, pero eso no le importa al actual secretario del ramo: el Presidente ya lo instruyó para que elabore el plan y presente las reformas legales. La SCT se frota las manos por recuperar el control político sobre las comunicaciones y atraer los 1,510 millones de pesos presupuestados para el IFT.

9. Los derechos laborales de los servidores públicos del IFT se respetarán, excepto los de siete personas: los comisionados del Pleno, que se retirarán a sus casas. Llama la atención que no teniendo nada que perder (mejor dicho: perderán todo), los comisionados no hagan una defensa convincente de la autonomía y de lo que con certeza se convertiría en su ex trabajo.

10. Finalmente, el acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y cualquier otro documento publicado o por publicar elaborado o en posesión del IFT será patrimonio público y deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía en un portal de Internet. ¿Queremos que así termine la historia del IFT?