Objetivo: estatizar; consecuencia: perpetuar la pobreza

“Primero los pobres” no deja de ser un lema puramente propagandístico. Al presidente López lo que menos le importa, en realidad, es sentar las condiciones institucionales para que la muy elevada incidencia de pobreza que por décadas ha tenido nuestro país se vaya paulatinamente reduciendo a partir de dos fenómenos complementarios. El primero, un crecimiento sostenido de la economía con creación de empleos formales con acceso a la seguridad social (IMSS, Infonavit y Afore) acompañado de salarios reales crecientes derivados de una mayor productividad de los factores primarios de la producción.

El segundo, programas sociales de transferencias gubernamentales eficientemente diseñados, con un universo perfectamente definido de beneficiarios, progresivo y sobre todo condicionados a requisitos bien definidos (ejemplos de este tipo de programas sociales era Prospera - Oportunidades, programa dirigido a las familias más pobres que recibían una transferencia en efectivo condicionada a que los niños y niñas asistieran regularmente a la escuela y al centro de salud. Este programa muy bien evaluado a nivel internacional y adoptado en varios países fue arbitrariamente cancelado por López).

Toda una serie de decisiones que López ha tomado, incluso desde antes de asumir la presidencia, han resultado en menor crecimiento económico y en mayor pobreza. Destacan la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de la cervecería en Mexicali, la cancelación de diferentes programas (además de Prospera) como el Seguro Popular y todo el desastre que ha sido la administración del sistema de salud y la adquisición de medicamentos afectando relativamente más a los pobres, la decisión de no instrumentar una política fiscal contracíclica en 2020 durante la pandemia por lo que se acentuó la caída del PIB de la cual no nos hemos plenamente recuperado, la cancelación de las rondas petroleras, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y un largo etcétera. Todas estas decisiones minaron la certeza jurídica e impactaron negativamente la inversión y el crecimiento. Así, se estima que para 2024 el PIB por habitante sea casi 3% inferior al que se registró en 2018 con la consecuente mayor incidencia de pobreza.

Esto no le importa al presidente ya que, como lo dijo, a los pobres se les compra con transferencias a cambio de lealtad, apoyo político, popularidad y, sobre todo, votos. No sorprende que su mayor índice de aprobación se encuentre entre los individuos más pobres, de menor escolaridad y de mayor edad; ellos pueden ser fácilmente amenazados y chantajeados por funcionarios públicos y Morena.

Como no está en su interés reducir la pobreza y además tiene una ideología anquilosada es que ahora el presidente envió al Congreso una serie de reformas a 23 leyes en materia administrativa. Aunque se plantea como objetivo combatir la corrupción, en realidad va mucho más allá. El verdadero objetivo es castigar a la propiedad e inversión privada y transitar hacia una economía con una creciente participación gubernamental en la economía; en el extremo y siempre bajo el argumento de privilegiar el “interés público” por sobre el interés privado, siendo el dictador en turno quien define qué es el susodicho “interés público”, podría llevar a Mexico a ser una economía totalmente estatizada.

Las modificaciones que se proponen a las diferentes leyes incluyen límites a las indemnizaciones en caso de expropiación (violando el artículo 27 constitucional) expropiaciones que además pueden ser arbitrarias aún cuando no haya una real y verdadera utilidad pública (como lo definía el Estatuto Provisional de Gobierno de 1856), eliminar el resarcimiento de daños y perjuicios cuando un contrato entre el gobierno y una empresa privada sea cancelado por el propio gobierno aún sin justificación excepto el indefinible “interés público”, la cláusula de terminación anticipada o cláusula exorbitante en todos los contratos con empresas privadas (que le permitiría al gobierno modificar arbitrariamente las cláusulas del contrato sin pagar indemnizaciones y rescindir contratos sin acudir a instancias judiciales), así como privilegiar a empresas gubernamentales, otorgando facultades del gobierno en materia de concesiones, permisos y licencias siempre bajo un halo discrecional, sin reglas claras, transparentes y ciertas.

Todas estas modificaciones violentan la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, a la libre concurrencia en mercados operando en competencia y minan, por sobre todo, la certeza jurídica. Además, son inconstitucionales y violatorias de varios tratados internacionales, tanto de comercio como de protección recíproca de la inversión, incluyendo  el T-MEC.

Aprobarlas acabarían con la certeza jurídica requerida por los inversionistas extranjeros, pero también nacionales y como resultado la desincentivarían, al extremo cancelándola. La consecuencia: una economía estatizada, en franca contracción y la perpetuación de la pobreza; el escenario ideal de los radicales de “izquierda” en el gobierno. Sin duda, muy preocupante.

Twitter: @econoclasta