Riesgos políticos con reforma a pensiones y Pymes impulso a informalidad

Desde que inició el sexenio, se sabía que el presidente traía en la mira resolver el complicado expediente de las pensiones. Hasta se llegó a mencionar la opción extrema de formar una sola afore del Estado, lo que se observa complicado.

La buena noticia es que ahora el propio Andrés Manuel López Obrador ya ratificó su interés, tras la machacona gestión al respecto del CCE, que comanda Carlos Salazar.

Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se dejó pasar el asunto pese a la urgencia. Y es que se requiere una reforma integral con elevados costos políticos.

Hasta ahora la solución en la mesa es aumentar la aportación de las pensiones de 6.5 a 15% de aquí al 2028. Esto sólo recaerá en las empresas, ya que agrupaciones como CTM, de Carlos Aceves del Olmo, rechazaron la participación de los trabajadores.

Más allá de la capacidad de las grandes compañías, no necesariamente las Pymes podrán aguantar una mayor carga cuando también aportan al IMSS y al Infonavit. El riesgo es empujarlas a la informalidad.

En ese sentido existiría una disociación entre la dirigencia de la IP y la realidad de las compañías, máxime el entorno.

Además habrá que resolver la problemática de los esquemas de beneficio definido, bomba de tiempo en universidades, estados, municipios y otras dependencias.

Sólo en la generación de transición (IMSS e ISSSTE) queda por ver si prevalece la cesantía (60 años) o se exigirá la edad de retiro (65 años). Aún está fresca la decisión de topar a esos trabajadores tras la última resolución de la SCJN, de Arturo Zaldívar.

Hay que ver qué sucede para quienes están en pensión universal de 68 años o más, y si se integrarán a los sistemas contributivos como se hizo en Chile.

Existe también cantidad de temas operativos que atañen a SHCP, de Arturo Herrera, y Consar, de Abraham Vela Dib. Por ejemplo, abrir el ahorro voluntario a otros intermediarios. Hay una propuesta de la IP. Igual se debe avanzar en materia de competencia en las afores y no se diga en lo que es el régimen de inversión.

Así que el tema de pensiones no luce fácil si realmente se pretende ir a fondo. Habrá que ver.

Alsea, Maxcom y otras más en mira del SAT

Esta semana un par de empresas públicas están en jaque, fruto de la mayor fiscalización del SAT, que lleva Raquel Buenrostro. Son Alsea, de Alberto Torrado, a la que se le reclaman impuestos por liquidar por 3,881 millones de pesos, resultantes de la compra de Vips, y Maxcom, de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, a la que la autoridad exige 631 millones de pesos de ISR, fruto del pago a dos proveedores que no cumplían con el requisito de gastos deducibles. Expertos estiman que vienen muchos casos más debido a los cambios fiscales que recién aprobó el Congreso. Con ellos el SAT puede discernir de la validez de transacciones previas de una emisora, desde fusiones, deducciones y ejercicios con pérdidas. Ya ahora incluso se ha comenzado a invitar a varias para que se acerquen por su cuenta para aclarar detalles, con el agravante de la responsabilidad solidaria de consejeros. Como imaginará, hay preocupación.

Pisa 75 años mañana y el mayor portafolio

Como otras distribuidoras Pisa no las ha tenido todas consigo en esta administración. Como quiera no se amilana y de hecho mañana conmemorará con bombo y platillo su 75 aniversario. Fue fundada por Miguel Álvarez Ochoa y otros nueve socios, cuyo foco de arranque eran medicamentos infantiles. Hoy esta tapatía que preside Carlos Álvarez Bermejillo y que dirige Óscar Osorio Arechavaleta, maneja 17 líneas de especialidades, con más de 1,500 medicamentos. Es el portafolio más grande del mercado mexicano. Con unos 20,000 colaboradores, exporta a EU y AL. El suero Electrolit es una de sus estrellas con 240 millones de piezas al año.