Una política de competencia de izquierda, compatible con una política industrial

Abogamos por una vía distinta tanto de las tesis que rechazan cualquier política industrial, como de las tesis que consideran la política industrial como una forma de proteger empresas en declive. A continuación se argumenta a favor de una política industrial compatible con la competencia, y contra el uso de la política industrial concebida para proteger a las empresas europeas de la competencia internacional, que desaconsejamos en vista de los costos que acaban surgiendo a largo plazo.

Los temores de la globalización y la desindustrialización han dado lugar a nuevas demandas de intervención de la política industrial. El fondo es la aparición de nuevos actores internacionales como China e India, y una mayor competencia a nivel mundial, que exige importantes reestructuraciones de las economías avanzadas. Han proliferado propuestas para ayudar a industrias específicas y para promover los llamados “campeones nacionales”. Francia ha estado tradicionalmente en la primera línea de este enfoque. Estos argumentos se han situado por delante incluso de los tradicionales sobre la ayuda y protección a las industrias estratégicas relacionadas con la seguridad nacional.

Esto plantea una serie de cuestiones: ¿Qué papel debe jugar la política industrial en el contexto de la globalización? ¿Todavía hay margen para las políticas tradicionales sectoriales? ¿Debe defenderse la industria de la UE? Y ¿en qué niveles de gobierno debe ser formulada la política industrial?

La Agenda de Lisboa de la UE afirma que “la función principal de la política industrial a nivel de la UE es de forma proactiva proporcionar un marco adecuado para el desarrollo empresarial y la innovación, con el fin de convertir a la UE en un lugar atractivo para la inversión industrial y la creación de empleo, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas (PYME)”.

En adelante, utilizaremos una interpretación amplia de política industrial, aquella que se refiere a un conjunto de acciones gubernamentales con efectos en las empresas de los distintos sectores productivos de un país (incluye por tanto también las empresas de servicios) y que, de manera específica, afectan la capacidad de las empresas para competir tanto en el mercado doméstico como en mercados internacionales. Así, esta interpretación amplia de las políticas industriales incluiría: ·las políticas microeconómicas (innovación, defensa de la competencia y políticas de internacionalización) ·la dotación de infraestructuras en sentido amplio (transporte, telecomunicaciones, educación, ciencia e investigación) ·las ayudas sectoriales a empresas e industrias específicas.

Sin embargo, en la definición utilizada en estas páginas excluiremos otras políticas como las monetarias y de tipo de cambio, la política fiscal- En España frecuentemente se ha utilizado el término ‘políticas industriales’ como equivalente a aquellas políticas que tenían por objeto las empresas manufactureras. En este documento, sin embargo, utilizamos una acepción referida a todo tipo de industrias (de servicios, audiovisuales, etc.) y a las acciones que implican políticas de rentas o las reformas laborales, que - si bien tendrían incidencia en la competitividad de las empresas - no tienen la consideración de políticas industriales.

Sin embargo, a pesar de que es fácil encontrar sólidos argumentos teóricos que pueden justificar políticas industriales sectoriales y las ayudas estatales, la aplicación en la práctica se relaciona con grandes problemas que contrarrestan los posibles beneficios y resultan en pérdidas de bienestar neto. Las intervenciones sectoriales: ·requieren información muy detallada sobre la industria, que es poco probable que esté disponible; ·pueden provocar el comportamiento estratégico de países rivales con una potencial espiral de represalias comerciales; ·a menudo son capturadas por intereses específicos que pretendan obtener rentas; pueden restringir la competencia en detrimento de los consumidores y perjudicar la eficiencia de producción con efectos a largo plazo negativos en la competitividad internacional; ·suelen ser costosas para el público, tanto por los costes directos de impuestos como por los costes indirectos derivados de las respuestas distorsionadoras producidas por el aumento de los impuestos.

Estas consideraciones suponen argumentos en contra de permitir que las presiones y los retos que nos plantea la globalización nos lleven a un renacimiento de las tradicionales políticas industriales sectoriales. En particular, se argumenta que la protección de sectores productivos, cuando se produzca, debe ser limitada en el tiempo con compromisos creíbles e irrevocables, y deben mantener un nivel saludable de competencia entre las empresas. Esto se aplica especialmente a las industrias en declive, en las que los intereses creados tienden a prolongar la protección más allá de lo que se requiere en términos de eficiencia y equidad. Estas consideraciones son particularmente importantes ya que el rápido ritmo de la globalización acentúa el incremento de voces que reclaman dicha protección.

Los países europeos siguen asignando una importante -aunque decreciente- parte de sus gastos a políticas dirigidas a sectores específicos (por ejemplo, en siderurgia, construcción naval y carbón). Sin embargo, una parte creciente se destina a las llamadas políticas horizontales que se distribuyen equitativamente entre varios sectores. Estas políticas incluyen el fomento de la I+D, la formación de capital humano, infraestructuras, la promoción de la internacionalización (imagen de marca, redes de ventas, etc) y ayudas para las PYME.

Un marco microeconómico que permita el funcionamiento eficiente de los mercados es crucial para la competitividad. En la mayoría de países de la UE, todavía existe amplio margen para aumentar la competencia en la industria de servicios: en el transporte, las telecomunicaciones, la sanidad, la energía, los servicios profesionales, comercio al por menor, y también en la industria del conocimiento (universidades y centros de investigación).

Hay muchas buenas razones para la regulación: desde la protección de los trabajadores hasta la protección del medio ambiente. También es conveniente desarrollar regulación cuando se dan situaciones en que la competencia no es viable, por ejemplo, en situaciones de monopolio natural como es el caso de los mercados de transporte de electricidad y gas. En general, sin embargo, la regulación debe ser no intrusiva, evitando incrementos en los costes de la actividad empresarial que minen la competitividad. Esto no siempre ha sido así en algunos países del sur de Europa, tales como Grecia e Italia, y también en algunos de los nuevos países de la UE, como Rumania, la República Checa, Eslovenia, Hungría y Polonia. En estos países hay amplio margen para optimizar la regulación de los sectores en este sentido, como ha sucedido en el Reino Unido, Estonia, Irlanda, los países nórdicos, y Lituania.