Incertidumbre económica para México

Aprobar una reforma judicial sin diálogo, sin contemplar propuestas de otros sectores, sin dedicar tiempo a integrar un diagnóstico puntual sobre la situación del Poder Judicial y sin valorar la viabilidad e impacto de los cambios propuestos por la fuerza política mayoritaria en el país, nos deja en un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad económica.  

Por un lado, podría inhibir las inversiones que tanto se han impulsado en los últimos años alrededor del nearshoring o relocalización de empresas, para lo cual el país tiene un potencial significativo de ser altamente competitivo. Por ello, el enfoque de algunos gobiernos ha sido generar estímulos fiscales y atender áreas de oportunidad como infraestructura, energía y condiciones laborales. Sin embargo, ante esta decisión, ahora no tenemos certeza sobre cuántas de las inversiones se van a detener o se dirigirán hacia otro país, debido a la incertidumbre que genera la implementación de una reforma que, además de realizarse sin el proceso adecuado, podría debilitar el equilibrio entre poderes y el estado de derecho.

Como muestra, cuando aún no se aprobaba la reforma, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa provenientes de EU hacia los sectores de tecnologías de la información y automotriz se detuvieron, y esto podría ser irreversible después de que la reforma se aprobó en tiempo récord tanto en el Congreso de la Unión como en 17 congresos estatales, sin contrapesos.

Asimismo, se podría complicar la confianza y relación con nuestros principales socios comerciales, como el caso de Estados Unidos y Canadá, con quienes nos une principalmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual podría verse directamente afectado en su anexo 23, que aborda el compromiso de contar con tribunales independientes para resolver controversias laborales en los tres países.

En este sentido, funcionarios estadounidenses como Anthony Blinken (secretario de Estado) y Ken Salazar (embajador de EU en México) han realizado diversas manifestaciones públicas sobre las preocupaciones que les genera esta decisión, lo contradictoria que es ante el T-MEC y el riesgo que pone a la democracia y al estado de derecho. Y aunque con menos intensidad, también diplomáticos canadienses como Graeme C. Clark (embajador de Canadá en México) han expresado que los empresarios de su país están preocupados por las reformas en México y que consideran que decisiones de este tipo podrían romper el círculo de confianza entre las tres naciones de América del Norte. El escenario podría complicarse aún más porque las reacciones de las autoridades mexicanas a estas preocupaciones han sido bastante displicentes.

A nivel internacional, también se han tenido comentarios y recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de diversas calificadoras e instituciones financieras como Citi Bank, que puntualizan la poca certeza jurídica que genera la posibilidad de una aplicación arbitraria de la ley con la implementación de esta reforma, así como el riesgo latente de que baje la calificación crediticia de México si, además, no se reduce el déficit fiscal.

En el sector empresarial nacional, desde organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, también hemos alzado la voz de forma constante, primero para manifestar la importancia de que esta decisión se dialogara y se construyera en conjunto para lograr una reforma que realmente atendiera las necesidades prioritarias del sistema de impartición de justicia.

Después de la aprobación, hemos manifestado nuestra preocupación por el escenario de riesgo e incertidumbre en que nos encontramos, cuyo impacto debe ser medido en el clima para los negocios, la confianza en las inversiones, las experiencias de las empresas y, sin duda, las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo.

Las consecuencias de esta incertidumbre ya se están evidenciando con la cancelación de proyectos de inversión, además de casos como el de Ciudad Juárez, donde en este año se han perdido 44,000 empleos por la salida de maquiladoras hacia otros países de Centroamérica y el propio estado de Texas en EU, que se está quedando con inversiones que venían hacia México.

Por ello, consideramos que este escenario no es alentador, pues compromete el futuro de la economía mexicana, y en lugar de avanzar, podríamos tener aún más efectos negativos si se detienen inversiones y hay fuga de capitales.

Nos parece que es momento de mitigar el impacto de la reforma judicial y de buscar en conjunto, con la nueva administración federal, retomar el diálogo y el camino para construir un mejor futuro para nuestro país. En ese sentido, el anuncio de la participación de la presidenta de México en el CEO Dialogue (Diálogo Anual de Alto Nivel de empresas de Estados Unidos y México) en octubre es una señal positiva de que el nuevo gobierno mexicano busca establecer comunicación directa con grandes empresas de EU y de México, lo cual abonará a dar certidumbre.

*El autor es presidente Nacional de Coparmex