¿Duplicar el aguinaldo?

En las últimas semanas ha revivido, a través de una iniciativa en particular, el interés legislativo por duplicar el aguinaldo contemplado en la Ley Federal del Trabajo, con lo que el “piso mínimo” pasaría de 15 a 30 días de salario. Es entendible que sea una iniciativa que despierte ánimos positivos en el sector obrero, sin embargo, conviene echar a andar el análisis sobre lo que implicaría desde ambos lados de la producción.

En primer lugar, cabe un recordatorio. La Ley Federal del Trabajo, en términos generales, es una ley de “pisos mínimos”. Lo anterior significa que la mayoría de las prestaciones de trabajo son simplemente una referencia mínima, referencia ante la cual, las personas empleadoras pueden siempre mejorar, pero nunca empeorar dichas prestaciones.

Es decir, si el día de hoy una persona empleadora quiere otorgar más de 12 días de vacaciones el primer año, más de 25% de prima vacacional o bien, más de 15 días de aguinaldo, puede hacerlo sin necesidad de reformar absolutamente nada. Si acaso una de las pocas condiciones que no es un mínimo y, por el contrario, es un máximo, es la jornada de trabajo.

Por otra parte, es innegable que nuestro país sigue significativamente atrás en lo que respecta a los salarios mínimos, e inclusive respecto de los salarios promedios. A pesar del notable avance que ha impulsado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para potencializar este referente como medida de bienestar, la tarea todavía es importante.

Con este contexto, tal vez sería sencillo concluir que un aumento del piso mínimo del aguinaldo sería una manera de ayudar a muchas familias mexicanas a hacerle mejor frente a las responsabilidades sociales de fin de año y, por ende, sería una buena idea para activar la economía.

Lo cierto es que el análisis no puede ser así de simple. Basta recordar los últimos años que han atravesado las empresas en México frente a la oleada de cambios laborales que se han tenido que implementar prácticamente de un día para otro y, desde luego, las nefastas implicaciones que nos dejó la pandemia de Covid-19.

La cantidad de pequeños negocios que tuvieron que terminar sus operaciones por la emergencia sanitaria, y que han sido incapaces de recuperarse, se cuentan a montones. No se nos olvide que así como existen personas trabajadoras que desafortunadamente viven “al día”, también hay personas empleadoras exactamente en la misma situación de vulnerabilidad. Y da la casualidad de que ese tipo de empresas son la inmensa mayoría de las fuentes de empleo mexicanas.

A la situación anterior hay que sumar la carga social y fiscal que se paga en México como persona moral. De manera muy sencilla, piense usted que, si el día de mañana decide emprender un negocio, de 100 pesos que gane, 47 de ellos se van a destinar a las diversas autoridades recaudatorias. En otras palabras, sus mejores “socios” terminarán siendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.

Es necesario decirlo, México es un país en donde ganar dinero a través de un negocio es verdaderamente complejo. Las deducciones para personas morales son extremadamente acotadas. Eso, sumado a los porcentajes de impuestos que se pagan, es suficiente para desmotivar a cualquier persona que quiera emprender un negocio. En efecto, los márgenes de utilidad terminan siendo mínimos para quienes decidieron correr el riesgo de generar empleos. Emprender termina siendo un auténtico “deporte” de resistencia y nunca de velocidad.

La pregunta fundamental que vale la pena contestar frente a los escenarios anteriores radica en si éste es el momento para avanzar con una propuesta como la que aquí se comenta. Sobre todo tomando en consideración, por una parte, la deuda salarial histórica que en efecto se tiene con las personas trabajadoras en este país, pero también el escenario de turbulencia extrema que han enfrentado las empresas los últimos tres años.

Tal vez deberíamos estar pensando en cómo incentivar a las empresas para pagar más a quien trabaje más y mejor. Aumentar los pisos mínimos puede ser atractivo en primera instancia, pero no termina por incentivar la productividad ni la movilidad social”.

Considero que, si fuéramos lo suficientemente creativos para bajar la carga fiscal a las empresas, aumentar las posibilidades de deducciones y, paralelamente, incentivar el pago de todo tipo de bonos de productividad, premiando e incentivando a quien aporta más y no solamente el transcurso del tiempo, nos acercaríamos gradualmente a generar un ansiado círculo virtuoso.

Aquí entre nos, confieso que nunca me ha gustado la práctica de los bonos de puntualidad, ni mucho menos los bonos de asistencia. No soy partidario de premiar el mínimo indispensable. Por el contrario, creo que quienes se esfuerzan más, por justicia social, tendrían que generar de manera natural una sólida situación financiera y patrimonial para sus familias.

No le quepa duda de que en los temas laborales tenemos que ir en equipo: gobierno, personas empleadoras y personas trabajadoras. En efecto, se trata de llegar a sanos puntos medios en donde existan incentivos para trabajar más y mejor, ganando en la misma proporción.

No podemos pensar que la manera de mejorar derechos es simplemente aumentando los pisos mínimos de ley, con cargo a apretar al máximo a las empresas y sin mayores incentivos de por medio.  Se trata de proporcionar todo tipo de incentivos. Incentivos para que las empresas informales se vuelvan formales, incentivos fiscales para que las y los emprendedores puedan ganar dinero y no solamente cumplir con obligaciones, incentivos de compensación variable para la productividad de las personas trabajadoras.

De poco servirá aumentar pisos mínimos si la mayoría de las empresas se van a ver imposibilitadas para cumplir con ellos. Pongámonos creativos y escuchemos a todas las voces.  Nos necesitamos para avanzar.