Comisionistas digitales, inclusión financiera y otros desafíos

El 11 de julio de 2024 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una modificación a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos o CUB). Esta actualización regulatoria tiene el objetivo de modernizar el sector bancario mexicano mediante la integración de la figura de Comisionistas de Base Tecnológica (comisionistas digitales), a efecto de impulsar la inclusión financiera y la adopción digital. Los comisionistas digitales son entidades que, mediante el uso de plataformas tecnológicas y previa autorización de la CNBV, ofrecen y realizan servicios y productos bancarios en nombre y por cuenta de los bancos, sin necesidad de una interacción física en sucursales.

Hasta ahora la única modalidad permitida eran los comisionistas con establecimientos presenciales, que habían facilitado la expansión de la cobertura geográfica del sistema financiero mexicano, al encontrarse presentes en el 75% de los municipios del país. Según el reporte trimestral de inclusión financiera de 2022 existían un total de 50 548 corresponsales en el país, con un crecimiento anual de 6.5 %, sin embargo, es lógico que, dada la cobertura de las redes de telecomunicaciones, en el 2023, 97.0 millones de personas en el país usaban Internet (81.2 % de la población de 6 años o más) y en el 2022 se contabilizaron 68,170,340 de cuentas ligadas a un teléfono celular (para un crecimiento de 19.1%), era conveniente que las instituciones de crédito pudieran integrar sus servicios a las plataformas digitales de los comisionistas. 

En principio, su implementación debería impactar tanto en los usuarios individuales (personas físicas) como en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), al facilitarse la apertura de cuentas de nivel 2 (limitada a depósitos por 3,000 UDIS, aproximadamente 24,500.00 pesos mexicanos), el otorgamiento de microcréditos (por igual cantidad), procesamiento de pagos y permitir la consulta de saldos y movimientos a través de sus plataformas digitales. Todo lo cual se traduce en una mayor accesibilidad para las personas usuarias de los servicios financieros que antes requerían presencia física en una sucursal bancaria. 

Por ejemplo, una persona trabajadora en una comunidad rural, con dificultad para trasladarse a una sucursal bancaria, podría abrir una cuenta bancaria y solicitar un microcrédito desde su teléfono móvil, sin necesidad de viajar largas distancias hasta una sucursal y gasto de tiempo en el trámite. Para las PYMEs, significa la oportunidad de mayor agilidad en la gestión de pagos, financiamiento a clientes y otras operaciones bancarias, así como la posibilidad de añadir productos innovadores en su negocio. Un pequeño comercio podría, utilizar estos servicios para aceptar pagos electrónicos, ofrecer cuentas o microcréditos a sus clientes con la finalidad de agilizar sus pagos digitales de manera más eficiente. De esta forma las plataformas digitales y las PYMEs podrían ingresar al mercado de servicios y productos financieros, aprovechando la infraestructura digital existente. 

Inclusión financiera y otros retos

La figura de comisionistas digitales es parte de una estrategia relevante para la inclusión digital y, en particular, para extender los servicios bancarios a regiones y poblaciones más apartadas utilizando redes digitales. La lejanía de las instituciones financieras es una de las principales causas por las que la población mexicana declara para no tener una cuenta, conforme se reconoce en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024, y el país es, además, uno de los que menor infraestructura posee para el acceso al sistema por personas adultas. En este contexto, la adopción de esta figura representa un avance significativo en la modernización del sector bancario nacional; aunque para que sea una verdadera inclusión que promueva un ecosistema financiero más dinámico y eficiente es necesario que su implementación sea verdaderamente inclusiva, con tecnologías responsables y el respeto de los derechos de las personas usuarias. 

No existe una relación directa entre el acceso a Internet, el uso de tecnología celular e inclusión financiera. Mientras en el 2023 el acceso a Internet en el país creció, como ya se apuntó, y 97.2 millones de personas usan un teléfono celular (81.4 % de la población de 6 años o más), hasta el año 2021, solo el 49.1% de la población de 18 a 70 años (41.1 millones de personas) tenía una cuenta en un banco o institución financiera. De hecho, las operaciones bancarias en línea se encuentran entre los usos menos frecuentes que realizan los y las mexicanas, que por demás es marcadamente desigual entre el sector rural y el urbano, 12.6 y 30.5 respectivamente, conforme los datos de la Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2023. 

Para que la adopción de los comisionistas digitales se traduzca en una mejora en el acceso a servicios financieros, que fomente la competencia y la innovación en el sector, a partir de la implementación de tecnologías avanzadas, se debe partir de esta realidad, y de las diferencias notables que existen en el acceso a servicios y productos financieros por género y zonas geográficas en el país. De lo contrario, la regulación pareciera estar destinada a ser una más del cúmulo de disposiciones que en la materia existen, sin el efecto innovador al que aspira. 

También deben tenerse en cuenta los desafíos tecnológicos y de respeto de los derechos que implica, especialmente en términos de interoperabilidad y seguridad de datos, el establecimiento de estándares claros para garantizar una integración fluida y segura; la implementación de medidas de tecnologías avanzadas y medidas de seguridad robustas, las que a su vez requieren inversiones significativas en infraestructura tecnológica y capacitación, la validación y autenticación de la identidad de las personas usuarias, incluyendo la consulta y tratamiento de datos personales biométricos, entre otros. 

La integración de servicios financieros en plataformas no bancarias plantea desafíos y a su vez supone beneficios potenciales que podrían ser relevantes, sin embargo, solo el tiempo y la práctica podrán mostrar si su implementación logrará el equilibrio esperado entre tecnología, innovación y seguridad, que realmente permita posicionar al país dentro de la tendencia global de la adopción de soluciones financieras digitales innovadoras que fortalezcan el desarrollo económico y financiero sin dejar a nadie atrás.

*José Maria Morales Oliveros es Asociado de Banking & Finance/Ontier y Jorge Luis Ordelin Font es Profesor Derecho y Nuevas Tecnologías/CIDE.