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Elementos de GN y Sedena cometen tortura: CNDH
La recomendación de la CNDH indicó que los actos realizados por los señalados constituyeron actos de tortura y que las agresiones no sólo provocaron daños físicos, sino también secuelas psicológicas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 160VG/2024, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), tras confirmar graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora.
El 3 de julio de 2023, fecha en que ocurrieron los hechos según la CNDH, los elementos militares y de la Guardia Nacional ingresaron a un inmueble donde se encontraban los menores. Las víctimas denunciaron que fueron golpeados, privados de sus pertenencias y sometidos a actos humillantes, como agresiones con tablas y asfixia con bolsas plásticas, todo esto con el fin de obtener información o confesiones sobre presuntos delitos.
La CNDH documentó estos abusos basándose en los testimonios de las víctimas, exámenes médicos y el Protocolo de Estambul, que acredita las prácticas de tortura. Las evidencias médicas y psicológicas, basadas en el Protocolo de Estambul, corroboraron que las lesiones eran contemporáneas y estaban relacionadas con los actos de tortura.
Además, la Comisión señaló que los menores fueron sometidos a estas agresiones con el objetivo de obtener información sobre actividades ilícitas, lo que contraviene el principio del interés superior de la niñez.
“La CNDH subraya que los servidores públicos responsables de la detención debieron salvaguardar la integridad de los menores y proporcionarles la atención médica necesaria. Sin embargo, esto no ocurrió, a pesar de que los adolescentes presentaban múltiples lesiones derivadas de su custodia”, indicó el organismo a través de un comunicado en donde añadió que se identificaron como responsables a ocho elementos de la GN y la Sedena.
La recomendación indicó que los actos realizados por los señalados constituyeron actos de tortura y que las agresiones no sólo provocaron daños físicos, sino también secuelas psicológicas.
Debido a esto, se enfatizó “la necesidad de llevar a cabo una reparación integral del daño para que, en la medida de lo posible, se reconstruya el proyecto de vida de las víctimas y se contribuya a restaurar el tejido social, además de establecer mecanismos efectivos de prevención de la tortura, lo que permitirá generar un entorno de seguridad que garantice la dignidad y la integridad de todas las personas”.
Mientras que, se exhortó a la Sedena y la GN para que realicen una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables y prevenir la impunidad.