Actividad sindical mexicana, bajo la lupa de Estados Unidos y Canadá

En la primera reunión del Consejo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), representantes de los socios comerciales del país enfatizaron que siguen de cerca la actividad sindical y la implementación de la reforma laboral en territorio mexicano.

Este martes se realizó el primer encuentro pactado en el capítulo 23 del T-MEC. En sesión pública, transmitida por Zoom, los temas que se desarrollan en México acapararon la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, la democracia y equidad de género en los sindicatos, las personas trabajadoras migrantes y la eliminación del trabajo infantil.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aprovechó para señalar: “No nos interesa que (los contratos de protección patronal) se reactiven”. Fue Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la dependencia quien lo apuntó. “Estos contratos deben dejarse morir, no vamos a impulsar la legitimidad de los que no tienen representatividad”.

Recordó que estudiosos del tema, como Joyce Sadka, estiman que entre el 85 y 95% de los contratos colectivos de trabajo (CCT) son de protección. Informó que modificarán el protocolo de legitimación y uno de los cambios será otorgarles facultades a los inspectores laborales para prevenir, impedir y corregir acciones contrarias a la ley durante estos ejercicios.

El proceso de votación en la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, por la que Estados Unidos presentó una queja por la posible violación de derechos sindicales, “demostró la necesidad de robustecer ese instrumento”, abundó.

También a partir de la experiencia de GM, se prohibirán los recuentos parciales de votos. En el futuro éstos se realizarán al final del proceso y aunque las votaciones se realicen en diferentes días y lugares del país, las urnas se resguardarán en un lugar seguro y al finalizar el proceso se abrirán de manera simultánea.

Avance en el tema de migración

Por la mañana, el Consejo sesionó en privado. Entre otros temas, se habló de la implementación de la reforma laboral en México, así como de los mecanismos para ayudar a este país en ese proceso, informó Josh Kagan, encargado del tema laboral de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Según Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Laborales del Departamento del Trabajo estadounidense, han destinado 10 millones de dólares para fortalecer los derechos sindicales en nuestro país.

En un comunicado conjunto difundido por la noche, las autoridades de los tres países expresaron que el Consejo discutió además sobre medidas en contra el trabajo forzoso, políticas laborales para los migrantes y la cooperación para del desarrollo de competencias técnicas. “Las partes expresaron su fuerte deseo de seguir colaborando en los temas referidos en el Capítulo Laboral”, expresaron.

América del Norte está en un momento inmejorable para avanzar en esta agenda, sostuvo Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS. “Los tres países están siendo gobernados por fuerzas prosindicatos y protrabajadores”.

El funcionario mexicano habló sobre la queja laboral que jornaleras migrantes presentaron en contra del gobierno de Estados Unidos. Las trabajadoras señalaron discriminación de género y acoso sexual en los programas de trabajo temporal. Dijo que las personas migrantes tendrán acceso a asesoría legal en aquel país.

Thea Lee y Rakesh Patry, representante del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, aseguraron que sus gobiernos están comprometidos con respetar los derechos de las y los migrantes de origen mexicano en sus países.

Por la tarde, el Consejo se volvió a reunir para hablar sobre trabajadores migrantes y el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR)”. Bajo ese instrumento hay pendientes dos quejas de Estados Unidos: una, contra GM en Silao; la otra, contra Tridonex en Matamoros. Ambos casos son por posibles violaciones a los derechos sindicales.