EU otorga visa humanitaria a trabajadores migrantes cuya lucha laboral fue reprimida

Su lucha, que quedó a veces atrapada en la lentitud de la burocracia, fue constante y, al final, victoriosa. En 2013, Olivia Guzmán y otras trabajadoras y trabajadores migrantes temporales en Estados Unidos se organizaron para defender sus derechos laborales. A ella le costó que no la quisieran contratar nuevamente. Pero ahora, en 2021, por ese hecho el gobierno estadounidense le ha concedido una visa humanitaria.

“Su caso sienta un nuevo precedente en el uso de esta herramienta, la visa tipo U”, para defender a líderes de movimientos laborales, señaló Mary Yanik, directora de la Clínica de Derechos de los Migrantes de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.

“En 2014 una empresa se negó a darme trabajo por organizarme y exigir mis derechos y me puso en una lista negra”, recordó Olivia Guzmán en conferencia de prensa. Un año antes, “nos habíamos organizado” contra los abusos de las empresas estadounidenses y de las reclutadoras mexicanas.

A varias personas las habían defraudado al intentar entrar a programa de visas trabajo temporal en Estados Unidos. La asociación Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) les asesoró legalmente y de ahí nació la Coalición de Trabajadores Migrantes Temporales de Sinaloa.

Cada temporada de siembra o cosecha, a esa entidad del norte del país llegan a trabajar migrantes del sur de México. Al mismo tiempo, su propia gente viaja a laborar a los surcos y fábricas estadounidenses.

La visa humanitaria U, para víctimas de actos criminales, también se la extendieron a su esposo Fausto García, quien igualmente es trabajador migrante temporal y parte de la coalición.

“Queremos que el gobierno de México y el Estados Unidos se pongan las pilas y nos apoyen. El objetivo de la coalición es quitar a los intermediarios, que la forma del contacto sea directa de los empleadores o que el gobierno mexicano intervenga para que sea más transparente”, apuntó García.

La India, México y Canadá son los tres principales países de origen de trabajadores y trabajadoras migrantes temporales, según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Sólo en el primer trimestre de este año, dicho país recibió a más de 319,778 personas de diversas naciones. En 2019, de México viajaron más de 250,000, no hay reporte para 2020.

¿En qué consiste la visa?

La visa humanitaria para no inmigrante, o visa U, “está reservada para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental”, como la trata laboral o el trabajo forzoso, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Otro de los crímenes que contempla es la manipulación del empleador; por ejemplo, cuando les amenaza con llamar a las autoridades migratorias para que no denuncien sus maltratos, o con despedirles, quitarles la visa o desalojarles de sus viviendas. “Estas acciones son ilegales”, explicó Mary Yanik.

La visa U les concede un estatus legal por cuatro años a las víctimas, su pareja e hijos e hijas menores de 21 años. Por ese tiempo tienen permiso de laborar donde elijan. Y a partir de los tres años, pueden solicitar su residencia permanente.

“Es sin duda una herramienta poderosa para defender los derechos laborales”, comentó la académica. “Pero no es fácil, toma tiempo documentar y muchos años de espera porque hay un registro atrasado”.

Sin embargo, este caso debe “inspirar al movimiento laboral migratorio” para seguir organizándose. En Estados Unidos todos los trabajadores tienen derecho a ello y a negociar mejores condiciones sin represalias, dijo.

La profesora de la Universidad de Tulane indicó que muchas empresas han creado una lista negra de migrantes que exigen sus derechos para no contratarles. La página del USCIS tiene una aplicación para que las compañías verifiquen a las personas que quieren laborar en ese país, o para que los trabajadores “confirmen su propia elegibilidad de empleo”. Pero no para examinar a los centros de trabajo.

Violencia de género en las visas temporales

“Yo creía que Estados Unidos no teníamos derechos y no exigía nada. Pero en la coalición estudiamos y nos preparamos y ahora sabemos de nuestras garantías”, cuenta Olivia Guzmán. El primero en migrar fue su esposo, hace 20 años y ella comenzó a viajar para trabajar dos años después.

“Son muchas las violaciones, acá en México con el reclutador o contratista, que cobra por la visa y no debe ser así, ahora lo sé”, dice la activista. “Estando allá hay mucha discriminación contra nosotras: nos pagan por destajo y a los hombres, por hora”. Sus jornadas son de más 16 horas diarias y grupos de más de 14 mujeres viven en alojamientos de un baño, una estufa y un refrigerador. “No queremos lujos, sino condición digna”.

“El acoso sexual pasa casi siempre”, dijo. “En nuestra visa va el nombre del patrón y de la empresa, no podemos salir de ahí porque nos deportan o nos castigan con más de 10 de años de no poder regresar” al país.

El programa de trabajo temporal de Estados Unidos consta, entre otras, de las visas H-2A, para el empleo agrícola, y la H-2B para otras actividades no calificadas. Cuando se las expiden es para laborar sólo e el lugar y el tiempo estipulado, no pueden cambiarse de empleo o se cancela su permiso.

En marzo de este año, un grupo de trabajadoras migrantes solicitaron al gobierno mexicano interponer una queja laboral contra Estados Unidos, mediante el T-MEC, por el sistemático acoso sexual y la discriminación de género en las visas de trabajo.

Argumentaron que a ellas les niegan la visa H-2A, donde los salarios son mejores y tiene más beneficios laborales. La visa que les otorgan es la H-2B, donde las industrias pagan menos. Y todavía ahí, las relegan a los puestos con las más bajas remuneraciones.