“El dinero del corte lo agarré para el oxígeno”: Jornaleros frente a la Covid-19

Se contagió en los últimos días de la cosecha. Dos meses después, en los campos ya no había trabajo, pero en el pecho de Matías Cruz seguía la marca de la covid-19. Las secuelas también han sido económicas: el 92% de las personas jornaleras labora en la informalidad; así que, sin seguridad social, gastó lo que él y su esposa, María Domínguez, ganaron en el corte de mangos y chiles en Sinaloa.

Ya no pudieron ir a trabajar y dejaron de generar ingresos mientras los gastos aumentaban. Ella asumió sus cuidados, junto con su hijo mayor de casi 12 años. “Me agarró feo la enfermedad, a veces se me vienen dolores fuertes en el pecho, siento que no puedo respirar”, dice Matías Cruz con voz apesadumbrada.

Hace unos días, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a las empresas a “adecuar las medidas de protección ante la pandemia” y garantizar la salud de esa población, tomando en cuenta que una gran parte es migrante.

Ha sido casi imposible para la REJJA averiguar cuántas personas jornaleras han enfermado de covid-19. “Hemos ubicado poblaciones en las que hubo contagios, pero no los reportaron a la autoridad”, explica Margarita Nemecio, coordinadora de la red.

Al término de la cosecha, muchas vuelven a sus lugares de origen o migran a otra entidad donde el ciclo agrícola les permita seguir trabajando, lo cual complica su registro en las estadísticas.

La REJJA ha documentado seis fallecimientos, entre ellos los de una bebé de tres meses y otra más de un año y dos meses de edad, y más de un centenar contagios. Pero la cifra es mucho mayor, de eso no tiene duda la activista. Tan sólo en marzo pasado, el gobierno federal admitió que el número real de muertes por covid-19 en el país podría ser 60% mayor al reportado.

Entre junio y agosto de 2020, “en Meoqui, Chihuahua, la Secretaría de Salud estatal reportó un brote que infectó a 27 jornaleros agrícolas y uno falleció”, señala la red. Hasta mediados de septiembre de este año, en ese municipio se registraron 433 contagios entre la población en general.

“En ese mismo periodo, autoridades de Zacatecas reportaron que más de 3,000 jornaleros de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encontraban en alto riesgo de infección debido al hacinamiento en el que viven, concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas”. En Fresnillo, donde se ubican varios campos, ha habido casi 7,000 contagios, según la Secretaría de Salud.

No más romantización

Unas 2.4 millones de personas laboran como jornaleras en México, pero contando a sus familias que muchas veces se suma al trabajo, son más de 8.5 millones, según el Colegio de Sonora.

Algunas personas se han establecido en las poblaciones a las que llegaron como emigrantes y desde ahí se desplazan a otros lugares. Esos asentamientos se ubican en colonias empobrecidas, sin acceso a servicios básicos y los que existen, no les generan confianza.

“Lo llevé a particular porque en los hospitales dicen que entra un enfermo y al otro día lo sacan muerto; no duran”, asegura María Domínguez. “Habíamos juntado poquito de dinero del corte, pero lo agarraré para los tanques de oxígeno y me lo acabé, y luego hasta ni me alcanzó”. Cada recarga le costó 1,500 pesos y fueron tantas que perdió la cuenta.

Margarita Nemecio señala: “Más allá de romantizar a quienes llevan los productos a nuestras mesas, las autoridades deben responsabilizarse por este sector declarado esencial desde el inicio de la pandemia y que es crucial en la economía nacional. Es cuestión de derechos humanos”.

Si las medidas emitidas no funcionaron, hay que adecuarlas, agrega. En abril del 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas y la Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el covid-19.

En ellas señalan que las empresas deben garantizar la limpieza permanente del centro de trabajo y los lugares donde toman sus alimentos, descansan y, en su caso, pernoctan. También deben proveerles de productos sanitarios y equipo de protección personal, entre otras medidas.

Pero a decir de la activista, esas condiciones sólo las cumplen las compañías agroexportadoras, obligadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Pero para el resto de la población que trabaja en pequeños ranchos, que son la mayoría, las medidas han sido casi inexistentes”.

La única medida sanitaria que María Domínguez y su esposo han recibido de parte de los contratistas es que alguna vez les dijeron que usen cubrebocas. “Nosotros lo compramos y tampoco me ayudaron cuando me enfermé. Pero es que no me conocen, el que nos lleva en las camionetas para trabajar es el caporal, con él nos entendemos”, cuenta Matías Cruz.

La covid en ciclos de cosecha

Hacía un par de días que se sentía débil, con un fuerte dolor en la espalda y la cabeza. “De repente ya no me funcionó caminar, sentía que me daba sueño y luego me dio calentura”, recuerda Matías Cruz.

Tomó unas pastillas para el dolor y siguió en el corte de mangos, eran los últimos y había que aprovechar. Por cada caja que llena le pagan 8 pesos. “Necesitas hacer unas 30, 50 cajas al día para que salga, tienes que echarle ganas”.

Los síntomas empeoraron, la tos no paraba. “Un día empecé a sacar sangre por la boca y mejor me fui a checar con un doctor y me dijo que era positivo, que me salió la enfermedad”.

Ni su esposa ni sus cinco hijos de 12, 10, 8, 4 y 2 años parecieron contagiarse. Pero ella también tuvo que dejar de trabajar para hacerla de enfermera, había estado trabajando en un campo de chiles. La cosecha pasó hace unos meses y espera la próxima, que será hasta por noviembre. Por ahora, “voy a levantar el hule (plástico) de las matas para que no se quemen y a vigilar las mangueritas de riego”.

El pago puede ser de 200 pesos al día, 230. La renta de su vivienda es de 2,000 pesos al mes, más las comidas, lo que necesiten sus hijas e hijos, pasajes. Si enferman, como esta vez, va por su cuenta, pues las empresas no les afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No han recibido la vacuna, porque cuando llegaron él estaba enfermo y ella en riesgo de contagio. “Muchos, a pesar de trabajar en una actividad esencial, dependen de la autorización del empleador para acudir por su dosis”, denuncia Margarita Nemecio, quien durante todo el año, incluso en la pandemia, recorre los campos para conocer las condiciones de las personas jornaleras.

“Ya será después”, se consuela Matías Cruz. Su familia lo alienta, es joven, tiene 30 años, se va a recuperar, le dicen. Pero es que con esta enfermedad “no tienes valor de hacer, no agarras nada de ánimo. Dice el doctor que lo que siento son las secuelas, que se me va a quitar”.

Ya no irá a Chihuahua, a perseguir otras cosechas. No tiene ni fuerza ni dinero para llegar. A Guerrero, donde nació, menos: “Allá no hay trabajo y no tengo solar (parcela de tierra), ni papás, nada”. La casera les ha prometido que les dará tiempo para que paguen la renta. “Aquí me quedo para ver cómo le voy a hacer”.