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Capital Humano

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Gobierno pide considerar flexibilidad y gradualidad en la reforma de las 40 horas

Con la participación de autoridades de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, este lunes se instaló la comisión especial de la Cámara de Diputados que analizará las propuestas para llevar a cabo la reforma constitucional que disminuye de 48 a 40 horas la jornada semanal.

Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en la STPS. Foto EE: Cortesía Twitter / @EstebanMMejia

Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en la STPS. Foto EE: Cortesía Twitter / @EstebanMMejia

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas requiere de flexibilidad, gradualidad y temporalidad para que su implementación sea exitosa, señaló Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la Cámara de Diputados.

Este lunes fue instalada la Comisión de Trabajo en Materia de Días de Descanso Laboral. En este grupo se buscará crear un consenso sobre la reforma al artículo 123 de la Constitución, el cual no se logró en el Parlamento Abierto que se realizó de octubre a noviembre.

Y esta primera reunión fue casi como un Déjà vu. Al igual que en el Parlamento Abierto, la iniciativa privada (IP) sostuvo que, de aumentar de uno a dos días el descanso laboral semanal, los centros de trabajo tendrían que asumir grandes costos económicos. Esos costos serían contagiados a la población trabajadora y luego, a todo el país.

Los diputados y los sindicatos aseguraron que lo más importante son los trabajadores, tal como lo dijeron en el Parlamento celebrado entre octubre y noviembre. Incluso lo hicieron con los mismos matices: buscar lo mejor para los trabajadores, pero sin afectar las fuentes de empleo.

La única diferencia entre esta reunión y la anteriores es que en esta ocasión el gobierno federal decidió participar. “No podemos, de ninguna manera, ignorar” la tendencia de reducir las jornadas laborales como ya está ocurriendo en otros países, indicó Esteban Martínez.

“Desde el gobierno de México, haremos lo que nos toca: seguir promoviendo el diálogo social tripartito, seguir impulsando la apertura de foros como éste y otros, y seguir impulsando de manera responsable de cualquier acción o iniciativa que beneficie a la clase trabajadora en México y también, por supuesto, la productividad nacional”, agregó.

La postura empresarial

Por el aumento de 110% a los salarios mínimos, así como las reformas sobre pensiones, subcontratación y vacaciones dignas, “los empresarios han destinado 60% más de sus ingresos reales”, comparado con 2018, a los costos laborales, aseguró Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ese mismo dato fue mencionado por Héctor Tejada Sahaar, presidente de la Confederación de las Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco). Pero además, volvió a leer el inventario de los daños que causaría la reforma propuesta por la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena):

“Podría resultar en la disminución de la disponibilidad de productos y de servicios. Al reducir las horas laborales, los trabajadores podrían experimentar una disminución de sus ingresos. También podría reducir los ingresos fiscales generados a través de los impuestos. Las empresas podrían enfrentar costos adicionales al tener que contratar y capacitar a más trabajadores para cubrir las horas reducidas lo que podría reducir sus márgenes de beneficio”.

Por lo tanto, agregó, las empresas “no podrían soportar un incremento en contratación, pues no existe una política pública para desincentivar la informalidad”. Habría menos inversión extranjera y “reducción de la contribución a la seguridad social”.

En su turno, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), indicó que “la reducción de la jornada es una política deseable”. Sin embargo, “requiere necesariamente de un diálogo social que permita acordar cómo se pueden mitigar los impactos en el mercado laboral y en la economía”.

Todos los representantes de la IP coincidieron que la reforma no puede implementarse tal como fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales. No obstante, tal cual pasó en el Parlamento Abierto, ninguno propuso claramente una ruta para lograrlo, al menos no de manera pública.

Gobierno se suma ocho meses después

“El gobierno de México, desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se suma a este importantísimo debate en torno a la reducción de la jornada laboral”, indicó el titular de la Unidad de Enlace de la Segob, Esteban Martínez.

Lo ha hecho finalmente, pues desde que la iniciativa fue aprobada en comisiones en abril pasado, el gobierno federal no había participado en la discusión y tampoco había manifestado su postura frente al sentido del proyecto.

No ha sido un tema que la STPS, ahora dirigida por Marath Bolaños, tenga en su agenda. Y en la instalación de la Comisión de Trabajo Materia de Días de Descanso Laboral, José Luis Sanchez Cuazitl, director federal de Asuntos Jurídicos de la STPS, asistió pero no tuvo intervención.

“(Nos sumamos) con el pleno convencimiento de que no existe mejor apuesta para garantizar bienestar, inclusión y desarrollo social que la dignificación del trabajo”, dijo Esteban Martínez.

La participación del gobierno federal se ha dado luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó otro encuentro tripartita pues, a su consideración, el primer Parlamento Abierto no fue suficiente para alcanzar un acuerdo.

Con el número de diputados y diputadas que tienen Morena y los partidos aliados, que son el PT y el PVEM, no logran reunir la mayoría calificada de dos terceras partes requeridas para modificar la Constitución. Por lo que sugirió volver a buscar el consenso y así se hizo.

En su discurso, Esteban Martínez retomó esa misma línea. El “incremento sostenido al salario mínimo por más de 110%, la garantía de libertad y democracia sindical, la creación de instituciones y mecanismos de conciliación y justicia laboral, la reforma en materia de pensiones, el aumento de los días de vacaciones, la incorporación a la seguridad social de trabajadoras del hogar y trabajadores independientes” se logró a través del diálogo, subrayó

Se hizo “privilegiando acuerdos y consensos porque toda política que pretenda instrumentarse exitosamente requiere necesariamente del respaldo. Su legitimidad emana del equilibrio de los factores de la producción. No es secreto, por supuesto, que México tiene uno de los peores balances entre la vida y el trabajo y esto está repercutiendo negativamente en la salud física y mental de las y los trabajadores”, puntualizó.

blanca.juarez@eleconomista.mx

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