Informalidad y sindicalización: Desafíos laborales de la agenda 2024-2030

Consolidar la reforma laboral, promover la sindicalización, aumentar y mejorar las inspecciones y reducir la informalidad son algunos de los desafíos para el mundo del trabajo que recibirá la próxima administración federal, coinciden especialistas.

Graciela Bensusán, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X); Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL), e Inés González, coordinadora colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS) señalan que esos puntos, entre otros, deberán orientar la siguiente política laboral.

Ningún gobierno comienza de cero, pero el que sea elegido para el periodo 2024-2030 heredará de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “un gran legado en el mundo del trabajo. Llegará en el curso de una de las transformaciones más importantes”, que es la reforma laboral, señala Graciela Bensusán.

Pero la implementación de dicha reforma “es muy largo plazo”, por eso no debe ser olvidada, apunta Inés González. Y quien tome la estafeta, explica Alfonso Bouzas, enfrentará dos resistencias: sindicatos corruptos y empresarios que quieren seguir acumulando riqueza a costa de las personas trabajadoras.

Hay un obstáculo más para su aplicación y es repetir la política de austeridad. No designar los suficientes recursos económicos puede entorpecer lo que Graciela Bensusán llama los tres pilares de la efectividad de los derechos: sindicalismo democrático, inspección laboral y un sistema de justicia autónomo.

Empleo, programas y sindicalismo

Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa tres grandes áreas de desafío para la próxima administración.

“Lo más importante es el empleo. Hay necesidad de desarrollar la industria y el campo; el sector servicios finalmente se encuentra en un proceso importante de desarrollo por las inversiones en el sur-sureste del país”, señala en entrevista.

El segundo reto es “mantener los subsidios a las personas que no tienen trabajo, que no tienen una condición para sobrevivir”, como las pensiones no contributivas para personas de la tercera edad o con discapacidad y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“El tercero es sanear las relaciones laborales. Es un tema sobre el que se ha trabajado mucho y están de por medio las reformas laborales de 2017 y 2019. Pero aún no podemos decir que han alcanzado la solidez que garantice volver atrás”, apunta.

En parte, no se han podido consolidar debido a que “la población económicamente activa (PEA) del sector formal no está organizada socialmente. Apenas entre 2 y 3% está vinculada a sindicatos. Ésa es la realidad y esto nos coloca en un terreno difícil”, porque sin la protección colectiva es más complicada la defensa de los derechos laborales.

Deuda laboral con las mujeres

Entre las disposiciones de la reforma laboral está la legitimación de los contratos colectivos de trabajo (CCT). Ese requisito dejó “a muchos trabajadores y trabajadoras sin CCT y sin representación sindical”, porque la mayoría rechazó los que sus dirigencias habían negociado por debajo de la mesa con las empresas, apunta Inés González.

“Será un gran desafío que vuelvan a tener un contrato colectivo”, pero también abre la oportunidad para que los sindicatos comprometidos con la justicia incorporen a estos grupos que finalmente se libraron de sindicatos corruptos, agrega.

La socióloga feminista destaca otro gran reto y es que, hasta ahora, “ningún gobierno, sin importar su filiación política, ha creado una política laboral específica para las mujeres trabajadoras. Menos aún para las mujeres sindicalistas”.

Aunque la reforma laboral establece la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, no contempla medidas para cumplir ese mandato, reprocha.

Pero es que, para comenzar, mientras casi el 74% de los hombres tiene empleo, apenas el 44% de las mujeres tiene trabajo remunerado, según la ENOE para enero de 2024.

“No es que las mujeres no quieran trabajar, es que todavía las empresas no tienen políticas claras para que ingresen en igualdad de condiciones, de trato. Por ejemplo, el sector automotriz es tradicionalmente masculino, ¿quién dijo que así tiene que ser?, ¿qué están haciendo las empresas para cerrar esa brecha tan grande?”, puntualiza.

Por eso es importante que desde el Estado y, por lo tanto, desde quien lo administra, se cree una política laboral para las mujeres, apunta Inés González.

“Invito a las mujeres sindicalistas que piensen cómo intervenir para establecer una política para nosotras y caminar hacia cerrar la brecha de participación laboral, la salarial y la del trabajo de cuidados, la cual impide un desarrollo pleno profesional de las mujeres”, agrega.

Los tres pilares de los derechos laborales

A decir de Graciela Bensusán, especialista en derecho laboral y políticas públicas, hay que desarrollar una política de cuidado porque, evidentemente, es una de las razones por las que las mujeres no entran al mercado de trabajo.

Al inicio del sexenio, recapitula, la actual administración eliminó el programa de estancias infantiles para madres que trabajan en la informalidad y lo sustituyó por un apoyo económico insuficiente para acceder al servicio de guarderías. “Fue un gran retroceso”.

En tanto, la informalidad laboral afecta significativamente a las personas y, generalmente, las deja fuera de los avances en políticas públicas. Y la mayoría de la población trabajadora está de ese lado, el 55%, según la ENOE.

“Por ello la nueva administración debe colocar el problema de la informalidad en el centro de su estrategia para el empleo. Reducir esta tasa es un gran pendiente, así como reconocer el trabajo en plataforma como un trabajo asalariado”, apunta la académica.

También deberá sostener “los tres pilares de la efectividad de los derechos laborales” que en este gobierno se construyeron. El primero de ellos es la democratización de los sindicatos, con reglas de transparencia en la negociación colectiva auténtica.

“Luego, se mejoró sustancialmente la estrategia, el diseño y la operación de la inspección del trabajo. Es algo muy importante para combatir la precarización del empleo”.

Y el tercero es “un nuevo sistema de justicia laboral independiente del Poder Ejecutivo”. Aunque ya se está implementado en todo el país, “requiere de muchos pasos más para que sea eficaz, oportuno e imparcial”.

Pero para mantener y mejorar todo lo anterior, “es necesario que la nueva administración entienda que se requieren recursos para estas políticas centrales para el desarrollo del país. Un grave problema fue que hubo muchas buenas iniciativas”, pero la falta del dinero frenó su potencial.

Un caso ejemplar es la inspección. Por primera vez se utilizó el análisis de datos para hacer más certera la vigilancia. Sin embargo, con un salario de apenas alrededor de 15,000 pesos mensuales, con muy poco personal, sin viáticos para movilizarse a grandes distancias, a veces sin equipo de cómputo y sin servicio de Internet, “se pretende que los inspectores hagan un trabajo casi estratégico para la detección y prevención de las violaciones a las normas laborales”.

Será muy difícil seguir implementando las reformas que tanto costaron para ser aprobadas si no se cuenta con los recursos públicos adecuados para ello, apunta.