La otra reforma laboral que quedará en la congeladora

En México hay cerca de 500,000 personas que están en el limbo legislativo y que tendrán que esperar hasta mejores tiempos para saber si podrán contar con derechos laborales: los repartidores y conductores de aplicaciones.

El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), elaboró una propuesta de reforma para incluir dentro de la legislación laboral un nuevo apartado para reconocer en ella los empleos asociados a la economía gig, la que abarca a quienes realizan trabajos de manera independiente a través de plataformas digitales, pero ésta nunca vio la luz.

De hecho, la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, hoy titular de la cartera de Gobernación, expresó que este tema era una prioridad para su gestión. “Ese modelo de flexibilidad que ofrecen las plataformas digitales no debe afectarse, pero eso no significa que no exista un empleador y que no deba haber alguien que proteja los derechos de estos trabajadores”, aseveró. El tema quedó sólo en una buena intención.

En tanto, al interior de ambas cámaras del Poder Legislativo hay una docena de propuestas de todos los partidos políticos para reconocer los derechos laborales de este sector, pero tampoco han logrado avanzar y siguen en la congeladora legislativa. El intenso cabildeo de las apps ha sido un elemento clave en este proceso.

De hecho, en el contexto de la aprobación de una reforma con la que se abrió formalmente la puerta a los trabajadores independientes para cotizar en el IMSS y el Infonavit a finales del año pasado, en el Senado, legisladores de todos los partidos advirtieron que este cambio no es la opción para quienes tienen una ocupación a través de las plataformas digitales y que es necesaria una reforma laboral especial.

“En relación al trabajo realizado a través de una plataforma digital, no basta con tener una opción para asegurarse ante el IMSS, sino que debe existir una reforma en materia laboral en la que se garantice, dentro de las condiciones de trabajo, el acceso a la seguridad social, entre otras condiciones específicas a este tipo de actividades”, se señala en el dictamen aprobado por unanimidad en octubre pasado en la Cámara Alta.

El problema es que las empresas del sector –y el IMSS también– sí han vendido este programa como la opción para que las personas accedan a la seguridad social, pero sin responsabilidad de ellos como empleadores.

En tanto, en el marco de las campañas electorales, el tema ya ha empezado a colarse en los discursos. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, incluyó en el punto 57 de su proyecto 100 pasos para la transformación lo siguiente sobre el tema: “Promoveremos, porque hoy este oficio en las ciudades de México se ha creado, hay mucha gente que trabaja en ello, con un trabajo muy pauperizado, por ello, vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la ley”. Los otros dos aspirantes todavía no se pronuncian oficialmente al respecto.

Por un lado, plataformas de reparto y viajes como Uber, Rappi y DiDi, han destacado que la flexibilidad que ofrecen en su modelo de trabajo es el principal atractivo para quienes laboran como repartidores y conductores, y que todas estas personas son autónomas.

Del otro lado, varios organismos internacionales, entre ellos la OIT, el BID y la Comisión Europea, han advertido que el modelo de empleo de las apps y sus algoritmos sí tienen elementos de subordinación laboral, por lo que debe regularse la relación entre las plataformas y sus repartidores y conductores. En ese sentido han avanzado varias economías, entre ellas Reino Unido, España y Chile.

Ante este contexto, la OIT se puso como meta elaborar para 2025 un convenio internacional que regule la economía gig y proteja a quienes participan en este modelo flexible de trabajo. Al parecer, la decisión del gobierno mexicano de enfriar el tema va en el sentido de esperar la regulación multilateral. Todo indica que habrá que aguardar a que haya humo blanco en Ginebra para que México tenga su propia reforma.

Mientras tanto, vale la pena destacar que, de acuerdo con una investigación de la OIT difundida hace unos días, quienes trabajan como conductores de apps laboran hasta 67 horas a la semana; en el caso de los repartidores, hasta 59 horas semanales.