La seguridad social para las trabajadoras del hogar está cada vez más cerca

En los últimos, días finalmente muchos han volteado a ver a las trabajadoras del hogar. Algunos en el cine, con la película Roma del director Alfonso Cuarón, cuya protagonista es la nana de una familia de clase media que vive en Ciudad de México. Otros con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha confirmado lo que ellas señalan desde hace mucho: tienen derecho, como otros empleados, a tener seguridad social.

“Nuestra lucha ha sido invisible por años”, lamenta Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho). Hace tres décadas, a la par de su empleo en casas, inició un trabajo de activismo para hacer respetar sus derechos y los de sus compañeras. “Nunca hemos pedido privilegios, solo lo que nos corresponde”, dice impetuosa.

En México hay más de 2 millones 480 mil trabajadoras del hogar, según el Instituto de Geografía y Estadística (Inegi). El 60 por ciento de ellas tienen prohibido faltar cuando están enfermas o les descontarán el día. Solo a una cuarta de ellas sus empleadores les pagan los gastos por servicio médico.

Todos menos ellas

Todos, o casi todos los trabajadores asalariados tienen derecho a que sus empleadores los inscriban al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es una obligación patronal, excepto si la labor que realizan es en el ámbito del hogar.

El artículo 13 de la Ley del Seguro Social plantea que ellas quedan fuera del grupo de asalariados, por lo que deja a voluntad de quienes las contratan otorgarles la seguridad social o no. Si deciden hacerlo, deben pagar 9, 312.66 pesos al año.

“Eso es violatorio del artículo 123 constitucional”, sostiene el abogado Manuel Fuentes Muñiz. “La ley las trata como si no estuvieran sujetas a un empleador, ellas no trabajan por cuenta propia, son subordinadas de un patrón”, comenta el doctor en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“El principio de la justicia”

El miércoles 5 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es discriminatorio excluir a esas trabajadoras del régimen obligatorio del IMSS. Y le ordenó al instituto implementar un “programa piloto” de seguridad social en el primer semestre de 2019.

Luego, a partir de la puesta en marcha de ese programa, tendrá otros 18 meses para proponer al Congreso de la Unión los cambios a la ley para incorporarlas al instituto. En total, en un plazo no mayor a 3 años, la seguridad social para esa población debe ser “efectiva, robusta y suficiente” y para todas.

La sentencia de los ministros es el resultado del análisis del caso de una trabajadora que interpuso un amparo para exigir, entre otras cosas, la inscripción retroactiva al seguro social. La mujer había trabajado en una casa desde 1959 hasta 2016, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, seis días a la semana sin horas de descanso y comida.

El pronunciamiento de la Corte “Es muy positivo y, sobre todo muy, esperado”, comenta alegre Marcelina Bautista. “Es el principio de la justicia para quienes hemos sido marginadas en la Historia de México”.

Otro motivo de alegría, dice, es que el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya anunciaron que acatarán el fallo y comenzarán a avanzar en las modificaciones a ley.

El caso de las trabajadoras de entrada por salida

A Diana Carmona Pineda, de la delegación del Sinactraho en Baja California, la noticia le ha traído sentimientos encontrados. Primero “fue muy fuerte, estaba muy emocionada”. Pero luego analizó un poco más la situación y se dio cuenta que no será fácil que beneficie a las más de 2.4 millones de mujeres, “pero igual es un paso importante”, señala.

Migró del estado de Puebla a la ciudad de Tijuana, donde se ha dedicado a la limpieza de casas. “Es un trabajo feminizado y nada valorado. Se piensa que por se mujeres estamos para esto, y esto que hacemos no vale”, reprocha.

Hace más de tres años, cuenta, fue despedida de manera injustificada. Se puso a buscar en las leyes algo que la ayudara a defenderse, “pero me di cuenta que también ahí nos discriminan”. En su pesquisa se enteró de la existencia del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh), fundado por Marcelina Bautista antes del sindicato.  

Desde la frontera festejó la declaración de la SCJN con sus compañeras de otras partes del país. Sin embargo, cree que el fallo favorecerá principalmente a quienes trabajan “de planta”. Para las que laboran algunas horas en una casa, otro día se van a otra, como ella, “será mucho más difícil”.

Emplearse en una casa donde se quede a dormir y salga los domingos no es una opción para ella. “Crío sola a mis hijas y no tengo a nadie que me ayude con ellas”. De hecho, a veces debe pagarle a otra mujer para que cuide a sus pequeñas, mientras ella cuida las de alguien más.

Prorratear gastos entre empleadores, una opción

La decisión de la Corte es trascendental, considera Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Pero no quiere decir que ahora automáticamente las trabajadoras ya tienen seguro o que los empleadores ya deben inscribirlas.

El jurista coincide con Diana Carmona. “Lo más complicado será con las trabajadoras que tienen varios empleadores”. El IMSS, la STPS o los legisladores, deberán adecuar mecanismos para que la carga no sea tan fuerte para muchos contratantes, prorratear los gastos es una opción, sugiere.

Los ministros de la Corte también indicaron en su sentencia que el programa piloto debe dar facilidades para cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones, y que no es necesario que estén dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es que en algunos casos tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo”.

La batalla es por varios frentes

El martes 4 de diciembre, Marcelina Bautista acudió al Senado de la República a escuchar la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. El proyecto propone, entre otras cosas, otorgarles la seguridad social a las empleadas del hogar.

Otro instrumento puede ayudarles a lograr ese derecho es el Convenio 189. Para ello el gobierno federal debe pedir al Senado que lo ratifique, los legisladores no pueden hacerlo sin la demanda expresa del Ejecutivo. Pero también por ese frente están presionando Bautista y miles de trabajadoras.

“No paramos y estamos seguras que haremos cumplir la ley”, sostiene la activista. “Todo esto lo haremos informado a las empleadoras para que no lo vean como una amenaza, sino como una gran oportunidad para mejorar una relación laboral que beneficia a ambas partes”.