Migrantes se harán presentes en la primera reunión del Consejo Laboral del T-MEC

“En el año 2020, trabajé en el estado de Louisiana en una planta procesadora de mariscos con una visa H-2B. Cuando mi compañera de trabajo y yo buscamos atención médica, después de que contrajimos coronavirus junto con 100 de nuestros colegas, nuestro empleador nos despidió y alertó a las autoridades migratorias”.

Éste es uno de los testimonios que el Consejo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá que abordar este martes en su primera reunión. A estos reclamos de personas trabajadoras migrantes mexicanas, se sumarán —también desde este país—los casos por posible violación de derechos sindicales en la planta de General Motors (GM), en Silao, Guanajuato, y de Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.

La declaración de la mexicana Maribel Hernández acompaña la de otras siete personas trabajadoras migrantes del sector agrícola y profesional. Señalan fraudes en el reclutamiento, falta de contrato, mentiras sobre las funciones del puesto, condiciones insalubres y peligrosas, falta de acceso a la justicia y retención de documentos, entre otras violaciones a sus derechos laborales.

El Consejo Laboral está integrado por representantes gubernamentales de alto nivel de los tres países. Según el artículo 23.14 del Capítulo 23 del T-MEC, se deben reunir en el primer año a partir de la fecha de entrada en vigor y, posteriormente, cada dos años, o antes si las partes lo deciden. En este primer encuentro habrá dos sesiones, una privada y otra pública.

Coordinación y servicios legales

Las personas migrantes le han hecho llegar al consejo varias peticiones y comentarios. Le solicitan una coordinación cercana entre México y Estados Unidos, comenta Evy Peña, directora de Comunicación y Desarrollo del Centro de Derechos del Migrante (CDM).

Esa organización, junto con otra, acompañó la primera solicitud de queja laboral dentro del T-MEC. En marzo de este año, las trabajadoras Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Ovando pidieron al gobierno mexicano reclamar a Estados Unidos por la discriminación y acoso sexual contra las mujeres en el programa de trabajo temporal H2.

Ese esquema de empleo creado por el gobierno de Estados Unidos se divide en dos: agrícola, con visas H2-A y para el cual no existe límite en el número de permisos, y el no agrícola, que engloba a trabajos no calificados, como empaquetar productos, y para ése se otorgan 22,000 visas H2-B al año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya aceptó la queja. Según Evy Peña, han sostenido reuniones con personal de esa dependencia y del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

El proceso avanza, aunque no al ritmo de las otras dos quejas que el gobierno estadounidense presentó contra GM Silao y Tridonex. Estos dos casos se están resolviendo mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), reservado para temas sindicales.

Otra petición que le han enviado al consejo es el acceso a servicios legales en Estados Unidos. “Las personas con visas H2-B, que es la mayoría con la que trabajan las mujeres mexicanas, no contempla la asesoría legal. Eso le abre el camino a los empleadores para que se aprovechen de las personas trabajadoras sin miedo a que el gobierno les pida rendir cuentas”, dice Evy Peña.

Registro de reclutadores

“Más allá de la queja, nos interesa que el proceso de resolución sea accesible e incluyente de personas migrantes y de sociedad civil”, apunta Evy Peña. Sólo así el dictamen de las autoridades de ambos países tendrá un impacto en las comunidades de migrantes, sostiene.

“Yo obtuve una visa TN para trabajar como científica de animales en una lechería en Wisconsin”, narra Mitzel del Río. Pero no firmó contrato alguno en el que se especificaran sus condiciones laborales. “No te dicen que por ser mujer te van a asignar a labores de limpieza”.

Mitzel del Río le ha hecho saber al Consejo Laboral que los gobiernos de México y Estados Unidos deben tener mayor control desde el reclutamiento, pues las empresas que se dedican a ello “se comportan como toda una mafia por Internet”.

La discriminación basada en género de estos programas debe ser eliminada de manera amplia, señala Evy Peña. “Es decir, desde el reclutamiento en las comunidades de origen. Para eso hay cosas que ambos países deben hacer”.

Le han pedido a Estados Unidos crear un registro de reclutadores, eso permitirá una fiscalización de autoridades y sociedad civil. “Nos ayudará a asegurarnos que nadie discrimine a mujeres o cobre cuotas de reclutamiento. También que expidan contratos con detalles específicos y reales sobre las condiciones de trabajo”, agrega la defensora de derechos de migrantes.

Las personas trabajadoras difícilmente tienen contacto directo con las empresas que ofrecen el empleo en Estados Unidos. La poca información es a través de los negocios de reclutamiento o agencias de colocación. Según Mitzel del Río, “no te dicen en qué estado es el trabajo, ni qué tipo de trabajo es, ni cuánto te pagarían, ni cuántas horas trabajarías, ni bajo qué condiciones”.

Y además de exigirles un pago inicial por reclutarles, un pago por trabajar, “te piden un pago mensual mientras trabajas en Estados Unidos con la visa TN. Muchas veces las mismas universidades contactan a los recién egresados con empleadores de Estados Unidos y sin ahondar en los detalles del empleo ni las condiciones de trabajo”.

México y Estados Unidos, ¿qué van a hacer?

“Me gustaría saber más sobre el estatus de la queja por discriminación de género que Maritza Pérez y yo presentamos en el marco del T-MEC”, le dice Adareli Ponce al Consejo Laboral. Y les hace una pregunta más: “¿Cómo planean los gobiernos de México y Estados Unidos responder en conjunto al tema tanto de discriminación como el de otros abusos de personas migrantes que les corresponde a ambos países?”.

Nuestra esperanza, dice Evy Peña, es que ese grupo de alto nivel responda las preguntas que varias personas migrantes les han hecho llegar. “Y que tomen en cuenta sus propuestas y preocupaciones para implementar el capítulo laboral” del T-MEC.

“Nosotros vamos a trabajar e incluso dejamos nuestras comunidades y nuestras familias, y nos vamos con dolor en el corazón. Esto debe valorarse. Diría al gobierno de Estados Unidos que exija a sus empresarios mejor trato y mejores condiciones para nosotros”, señala Leonardo Cortez un trabajador migrante con visa H2-B a una feria.

A él y otros compañeros sus empleadores le retuvieron el pasaporte y la visa tan pronto llegaron. Les otorgaron una vivienda temporal en condiciones “pésimas e insalubres”, que carecía de agua y aire acondicionado. No contaban con equipo de protección para trabajar, como casco o guante y el pago siempre fue en efectivo para no darles seguro.

“Éste es un momento sin precedente, en el que los gobiernos de México y de Estados Unidos pueden colaborar con personas migrantes y la sociedad civil con un objetivo en común”, dice Evy peña. “De alguna manera es peculiar que se utilice un tratado de libre comercio para avanzar en los derechos de esta población trabajadora”.

La activista observa disposición de ambas administraciones, sin embargo, subraya la necesidad de que escuchen a quienes emprenden un éxodo en busca de un empleo.