Personal de salud venezolano en México, subocupado incluso en la pandemia

Las personas trabajadoras migrantes o refugiadas son de las poblaciones más afectadas por la covid-19. Sin acceso a medidas para obtener empleo o ante el desempleo, los largos y costosos tiempos de espera para regularizar su estatus migratorio complican su situación. Pero muchos de quienes provienen de Venezuela han estado en la primera línea de atención a la pandemia sin seguro y viviendo su preparación académica como una sobrecalificación al llegar a otro país.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que 90% del personal de salud venezolano en hospitales covid de América Latina no cuenta con seguro de vida por incapacidad o muerte a causa de su empleo. “Es un escándalo, pues muchos se contagiaron de esta enfermedad”, señaló Vinícius Carvalho Pinheiro, director regional de la Oficina de la OIT, en un evento en línea.

Este lunes la OIT presentó el informe El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la covid-19 en los servicios esenciales de salud. La investigación tomó en cuenta lo que sucede con dicha población en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Y lo que está pasando es que el 48% del personal de medicina y enfermería no ejerce su profesión en ninguno de estos países. “Se está desperdiciando el talento de más de 30,000 profesionales”, detalló Vinícius Carvalho. Y entre quienes han encontrado un empleo, sólo 23% de los hombres y 9% de las mujeres reciben una remuneración acorde a su trabajo.

Venezolanos en México

Hasta junio de 2020, en México había 62,044 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, según la información que pudo obtener la OIT. De ellas, el gobierno mexicano ya le había concedido la estancia regular a 53,534, es decir, al 86 por ciento.

Entre los seis países analizados, el nuestro es el que menos migración venezolana ha recibido. Colombia es a donde más han llegado, pues ahí radicaban más de 1.7 millones hasta mediados del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que hay mucho menos población de ese país, es en México donde, por mucho, ha crecido más su desplazamiento. Mientras acá el incremento fue de 348% entre 2015 y 2019, en Colombia aumentó 3.2% en ese mismo periodo. En Perú, 36.6%; en Brasil, 6.4%; en Chile, 4.5%, y en Argentina, 1 por ciento.

Las dificultades para conseguir un empleo son la principal preocupación de quienes han migrado a cualquiera de estos países, según el estudio. Después de eso le siguen la asistencia y apoyo legal para obtener documentación, ayuda médica, educación y capacitación, acceso a la vivienda o a un albergue seguro y alimentación.

Sólo con cédula

Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V17, a finales de 2020 había más de 5.5 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en América. De ellas, 3.8 millones necesitaban un empleo o integrarse socialmente.

De acuerdo con el estudio de la OIT, alrededor de 7% de quienes han dejado Venezuela para asentarse en México son profesionales de la salud. Y en ese momento como ahora, esas personas tienen dificultades para encontrar trabajo en la medicina o la enfermería debido al alto costo de los trámites.

Pero también, y en gran medida, por el largo tiempo de espera para obtener la documentación que les permita laborar o convalidar los títulos profesionales. Difícilmente una oferta de trabajo esperará a que reciban estos papeles. De entrada, las autoridades migratorias de todos los países demoran en otorgarles un documento de identidad con el cual iniciar el papeleo.

En México, sólo ejerce la profesión médica quien tiene su cédula profesional. Para obtenerla, las personas venezolanas deben revalidar sus títulos y aprobar un examen profesional. No todas lo logran y otras tardan demasiado, esto “ha provocado la subutilización de sus habilidades” y que acepten trabajos precarios y con tareas poco acordes a su formación.

En el caso de las mujeres con hijos e hijas, la falta de acceso a servicios de cuidado es otro impedimento para acceder a un trabajo formal.

Otros obstáculos para tener un ingreso laboral son:

• Las empresas no saben cómo contratar a población de Venezuela y ésta desconoce sus derechos
• Las dificultades socioeconómicas de los países de acogida
• Los servicios públicos de empleo tienen limitaciones para personas refugiadas y migrantes.

Contratos temporales en México

La pandemia de covid-19 “propició la integración de personal de salud en la primera línea”, comentó Diego Beltrán, director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la presentación del estudio.

En México, en noviembre de 2019, la Secretaría de Salud (SSa) lanzó la convocatoria “Doctores de Bienestar”, para dar empleo a profesionales en medicina general, con especialidad, en enfermería u odontología. Esas plazas se abrieron para trabajar en las regiones más vulnerables del país.

Posteriormente, en abril de 2020, la SSa emitió un acuerdo por el que las instituciones sanitarias o gobiernos locales pueden contratar a personal formado en el extranjero “exclusivamente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria”.

El personal de salud venezolano ha demostrado resiliencia, adaptación a las condiciones, es quien acepta ir a las zonas más lejanas en los países a los que migraron, señaló Diego Beltrán. Pero debido a estas condiciones precarias de empleo, con contratos temporales y sobrecargas de trabajo de más de 48 horas semanales, o con varios empleos para obtener un ingreso decente, están padeciendo ansiedad, indicó.

“Es claramente una situación de perder-perder”, indicó Vinícius Carvalho.  Por un lado, las personas migrantes no pueden desarrollarse y, por el otro, los países “están subutilizando” a dicho capital humano.