Reforma de la jornada laboral dejará fuera a 5 millones de trabajadores formales

La reforma constitucional para reducir la jornada laboral que se analiza en la Cámara de Diputados está planteada para los trabajadores en el sector privado, pero no para los empleados en el sector público, quienes quedarían fuera de la modificación en caso de aprobarse en los términos actuales.

El último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que el sector público en el país emplea a un poco más de 5 millones de personas entre el gobierno federal, empresas del Estado y gobiernos locales, este es el universo de trabajadores que no serían alcanzados por los cambios propuestos.

“Los burócratas son los únicos que han trabajado 30 o 36 horas semanales desde que yo tengo uso de razón en los trabajos donde la naturaleza lo permite, en las presidencias municipales, por ejemplo”, explicó la diputada Susana Prieto (Morena), autora de la propuesta, sobre el por qué no consideró en la reforma a los empleados del sector público.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 21.6% de los trabajadores subordinados en actividades de gobierno tiene una jornada laboral superior a las 48 horas, es decir, más del límite legal.

La Constitución Política regula las relaciones laborales en el artículo 123 a través de dos apartados: el A (empleados de la iniciativa privada) y el B (trabajadores en el sector público). Actualmente, la jornada laboral tiene el mismo límite para ambos universos: jornada diaria de máximo ocho horas y el derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo.

La reforma que se analiza en la Cámara de Diputados sólo modificaría el apartado A para reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo, lo que implicaría una disminución de 48 a 40 horas semanales en el límite legal. En caso de aprobarse en los términos actuales, legalmente los burócratas tendrían una jornada superior a la de los empleados de la iniciativa privada.

Para Manuel Fuentes, abogado laboralista y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el sector público es más común encontrar personas con jornadas más cortas que en el sector privado, pero esto se debe a las bajas compensaciones que tienen algunos trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, en el sector público las jornadas laborales pueden ser o muy reducidas o muy largas. “En el gobierno hay mucha simulación laboral y sustituyen a trabajadores sindicalizados por trabajadores por honorarios o con contratos mercantiles, y esto hace que lleguen a laborar jornadas de 12 horas”, expone el especialista.

Según los datos del Inegi, de los poco más de 5 millones de servidores públicos, sólo 19.1% se concentra en el gobierno federal, esa proporción es duplicada por los gobiernos estatales (45.7%), un 17.7% está empleado en gobiernos municipales, y el resto se distribuye en instituciones de seguridad social y empresas del Estado.

En este sentido, explica Manuel Fuentes, incorporar en la reforma a los trabajadores del sector público implica un reto adicional, porque se deben modificar todas las legislaciones locales que regulan las relaciones laborales de los servidores públicos.

Como muestra de esto, La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, establece que los servidores públicos en la entidad tienen derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo. La misma regulación se encuentra en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

La de la jornada laboral no es la única reforma que se impulsa sin incluir a los servidores públicos, la regulación del teletrabajo y el incremento en los días de vacaciones también fueron avances que se dieron sin contemplar a los burócratas, aunque en esta última prestación, los trabajadores del Estado ya gozaban de un período anual de vacaciones de 20 días.

¿Qué ha pasado en otros países de Latinoamérica?

Chile es uno de los países en Latinoamérica que aprobó la reducción de su jornada de 45 a 40 horas con una implementación gradual de cinco años. La modificación que permitió este avance sólo se realizó al Código del Trabajo, legislación que regula las relaciones laborales en el sector privado, pero no se modificó el Estatuto Administrativo, el marco regulatorio del empleo en el ámbito público.

Cuando Chile aprobó la reducción del tiempo de trabajo, los servidores públicos ya tenían una jornada laboral –44 horas distribuidas de lunes a viernes– inferior por una hora a la de los trabajadores del sector privado. A pesar de ello, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, ha declarado públicamente que la disminución de las horas laborales para los burócratas será parte de un segundo proyecto que impulsarán.

En Colombia, por su parte, los burócratas tampoco estuvieron incluidos en la reducción de la jornada laboral, la modificación sólo se realizó al Código Sustantivo del Trabajo, el margo legal de la fuerza laboral de la iniciativa privada.

El país sudamericano redujo su límite legal de horas de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Sin embargo, en el sector público ya tienen una jornada máxima de 44 horas por semana, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública. A diferencia de Chile, en este país las autoridades no han informado sobre la posibilidad de modificar el tiempo de trabajo de los burócratas.